Empiezo a escribir esta participación editorial en mi celular, mientras hago fila para hacer un trámite en el registro civil. No es en el registro civil de Ciudad Juárez, pero bien podría serlo. Afuera, varios vendedores pasan anunciando bolígrafos azules a la venta, advirtiendo a los ciudadanos que, adentro, todo se tiene que firmar con tinta azul. Exhortan a la población a adquirir su pluma azul para evitar que los “regresen”. En cierta forma lucran con el temor que tiene cualquier ciudadano de no poder concluir su trámite burocrático.
Nunca he entendido eso de la “tinta azul”. Asumo que hace años, se trataba de distinguir entre un documento original y una copia, justamente mediante el color de la tinta. Sin embargo, esa tinta no podía ser verde o de cualquier otro color, porque la institución pública requería azul, solamente. Ninguna ley establece que los trámites deben firmarse con tinta azul, pero la costumbre y la pésima idea generalizada en las oficinas de gobierno de que las cosas “siempre se han hecho así” han colocado a la pluma azul como el único color válido en el mundo burocrático de México. Con los avances tecnológicos, un documento firmado con tinta azul puede ser fotocopiado y parecerá un documento original. Pero “como las cosas siempre se han hecho así”, la pluma azul es la reina de las oficinas públicas.
Desde la apertura de la oficina (por ahí de las 8 de la mañana) se forma una fila enorme de gente que va a corregir datos de sus actas de nacimiento, a obtener una CURP, o a solicitar informes, cuya fila es larguísima.
En México nos hemos encargado de complicar todos los trámites habidos y por haber. En Estados Unidos (o el primer mundo) muchos de estos trámites se realizan simplemente por correo. Se llena un formato, se adjuntan los documentos necesarios para el mismo, y a los días se obtiene una respuesta, la mayoría de las veces favorable.
Sin embargo, en México nos gusta complicar absolutamente todo, en todos los ramos, y en todos los niveles de gobierno. Incluso, con un poco de desdén desde el gobierno, se les llama a los ciudadanos “interesados”. Como si no fuera también de interés del gobierno que la gente tenga una licencia vigente, o esté debidamente registrada. Actas de nacimiento, copias certificadas, credenciales de elector -porque luego dicen que la licencia de conducir no es una ‘identificación oficial’- CURPs, y comprobantes de domicilio, son el mínimo para prácticamente cualquier trámite gubernamental o incluso privado, como pudiera ser con los bancos.
A las actas de nacimiento se les corrigen datos y muchas veces se requiere intervención judicial para tal efecto. Otro ejemplo de las actas de nacimiento es lo que sucedió de los años setenta para atrás donde los oficiales del registro civil, por flojera o indolencia, abreviaban el nombre de María como Ma. Décadas después, resulta que muchas personas a quienes conocíamos como María, en realidad no se llaman así, sino que simplemente se llaman Ma. Es decir, lo que un juez del registro civil hizo en 1950, es muy probable que siga trayendo consecuencias casi setenta años después, sabiendo que todos los documentos de quien siempre se ostentó como María, están mal, pues no se llama María, sino Ma.
Por otro lado, el tema de la Clave Única de Registro de Población. Igualmente, las CURP se imprimen mal, o tienen contenidos datos incorrectos, y a la gente se le obliga a corregir esos datos, por una negligencia del funcionario público que en su momento no hizo su trabajo de forma adecuada. Se pide CURP en muchos trámites cuando en la mayoría de las actas de nacimiento, licencias de conducir, pasaportes e incluso credenciales de elector ya traen incluida la CURP.
Regresando al tema de las actas de nacimiento, sigo sin entender la necesidad de requerirlas para (casi) cada trámite gubernamental. El acta de nacimiento hace constar justamente eso. Si alguien va a realizar un trámite es porque nació, y porque evidentemente no ha muerto. No requiere el funcionario público saber quiénes fueron los padres del interesado, ni sus abuelos. Tampoco debe saber quiénes fungieron como testigos, ni las nacionalidades, ni edades de todos los involucrados. A menos que esta información sirva para acreditar algún extremo que la autoridad requiera comprobar, no tiene sentido estar pidiendo actas de nacimiento.
En muchos Estados (e incluso a nivel federal) muchas autoridades solicitan actas de nacimiento que no tengan más de tres meses de expedidas. Esto se ha convertido en un negocio para las finanzas públicas porque cobran cada expedición. ¿Qué porcentaje de la población tiene una variación mínima de los datos ahí contenidos que amerite imponer una regla general de que las actas solamente valgan los primeros tres meses de expedidas? ¿No se puede corregir esto con una manifestación bajo protesta de decir verdad que los datos no han cambiado?
En Texas, por ejemplo, la autoridad solamente emite como máximo diez ejemplares del acta de nacimiento de una persona nacida en esa entidad durante toda su vida. Esta medida se adoptó para que no se hiciera mal uso de las actas de nacimiento. A pesar de ello, los trámites burocráticos en Estados Unidos (y particularmente en Texas) se llevan sin mayor problema, sin las actas de nacimiento respectivas.
En Estados Unidos, para acreditar la nacionalidad, basta presentar el pasaporte o cualquier otra identificación. Casi nunca piden actas de nacimiento para estos trámites. En México, por ejemplo, al momento de tramitar el pasaporte mexicano se requiere el pasaporte mexicano anterior y el acta de nacimiento. Ambos documentos acreditan que el ciudadano es mexicano. Si no fuera mexicano, nunca le hubieran otorgado el pasaporte la primera vez. Pero insisto, nos encanta generar más burocracia de la necesaria.
Por otro lado, algo que también me parece absurdo es el requisito de acreditar el domicilio de una persona mediante un comprobante de servicios (electricidad, agua potable, predial, etc.). Lo irónico de esto es que poca gente lleva comprobantes de domicilio a su nombre y de todos modos valen como documentales para acreditar la residencia en determinado lugar. Uno puede obtener por cualquier medio cualquier comprobante de domicilio, y presentarlo como comprobante de domicilio propio. Es decir, solamente se requiere más papel para este trámite.
La solicitud de la credencial de elector en cada trámite es un absurdo. Incluso hay dependencias que establecen como requisito la presentación de la “INE”, y no aceptan otros documentos igualmente confiables, como el pasaporte o la licencia de conducir. Irónicamente, se acepta muchas veces la cédula profesional, a pesar de que esta no certifica que un ciudadano sea mexicano.
El Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado un sistema mediante el cual todo trámite ante ellos es mediante cita, o mediante medios digitales. Si bien puede entenderse burocrático (pues pocas veces hay citas) lo cierto es que implican que la gente tiene certeza de cuándo será atendida y estimar cuánto durará haciendo su trámite. En cualquier otra dependencia no es así. Saben cuándo llegarán a formarse pero no saben cuándo saldrán a cumplir con sus obligaciones cotidianas. Hay gente que pierde el día de trabajo por ir a hacer un trámite. Para su mala fortuna, puede que no haya llevado los requisitos completos y entonces tendrá que faltar por segunda vez al trabajo.
El gobierno federal pretende digitalizar la mayoría de los trámites. Creo que es una buena medida, sin embargo, el costo que se está pagando es muy elevado. Nuevamente el gobierno aprovecha un tema y trata de sacar raja política y arrogarse mayores facultades. Con el pretexto de combatir la burocracia, se creó la CURP digital. Todo estaría bien, de no ser por el acceso a toda la información que el gobierno tendrá sobre los ciudadanos en cuestión de segundos. A pesar de todo ello, estoy seguro que seguirán solicitando actas de nacimientos, credenciales de elector, comprobantes de domicilio y toda la montaña de documentos que casi siempre termina en el basurero.