-Maru, la figura nacional del panismo

-Peligro de ingobernabilidad en el Tribunal

-Niñez en riesgo con guardería del ISSSTE

Los escándalos no cesan en el Poder Judicial del Estado porque si no son las sospechas de tráfico de influencias son los acuerdos bajo la mesa entre magistrados, para adueñarse de la nómina incluso con el nepotismo disfrazado que siempre ha caracterizado a los tribunales.

Ahora está en curso la salida política al caso de la jueza María Cristina del Rosario Berjes, quien, después de haber sido electa, renunció para irse a ocupar el cargo de secretaria de la Primera Sala de lo Penal, cuya titular es la magistrada Claudia Cristina Campos Núñez.

El problema no es el relevo de la jueza Berjes, que finalmente recaerá en la siguiente mujer enlistada entre las candidatas a juezas penales, sino el movimiento que retrasa el funcionamiento de los tribunales, electos supuestamente por el voto popular con la tan cuestionada como incompleta reforma judicial.

La desconfianza en esta renuncia y designación como secretaria de sala es de tal nivel que la magistrada Campos Núñez, no hay que perderlo de vista, será la tercera presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, una vez que termine el periodo de la actual, Marcela Herrera Sandoval, y el del segundo presidente, Yamil Athié Gómez, quienes fueron los más votados en el proceso.

Entonces, es de esa magnitud el movimiento irresponsable de una jueza, por parte de una magistrada que, además de que será presidenta del TSJE, es una de las aliadas del magistrado de la Cuarta Sala de lo Penal, Gerardo Javier Acosta Barrera, quien opera abiertamente contra la gestión iniciada por Herrera Sandoval.

No sólo eso, ahora aflora un caso de nepotismo disfrazado atribuido también a la magistrada Campos, pues su hija Chantal pasó de un cargo menor a secretaria de la Tercera Sala de lo Penal, cuya titular es Hortensia García Rodríguez. Las magistradas se aventaron un brinco de “carrera judicial” de los que supuestamente ya no se podrían hacer.

La hija de Campos -señalada de forma constante desde que asumió el cargo por violentar a sus empleados, para correrlos con el fin de poner a “su gente- entró al alto mando de la sala de García Rodríguez, íntima amiga y cómplice de Acosta, quien, para colmo, será el cuarto presidente del TSJE.

Esa práctica de enviarse hijos, esposas, compadres, cuñados y demás entre magistrados al parecer seguirá tan vigente, como la pugna de intereses que representan los juzgadores recién electos “por el pueblo” el pasado primero de junio. Y el ejemplo lo ponen los que ocuparán el cargo más importante en el Poder Judicial.

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La celebración de la XXXII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional no fue un evento rutinario de protocolo partidista, sino una declaratoria de resistencia.

La presidenta estatal Daniela Álvarez, fue categórica al asegurar que el PAN enfrenta al "régimen y a la corrupción de Morena", con llamado a "impedir el avance del populismo”, con fraseo contundente de que "nunca verán a Chihuahua arrodillarse ante el narcogobierno de Morena".

La Gobernadora Constitucional, Maru Campos, en la Asamblea, sorprendió para bien, con la carga indudable de sentimiento por la pérdida de su esposo Víctor Cruz, con semblante que muestra el dolor que ha soportado en duelo que aún continúa.

En calidad de militante, fue el eje central que dotó al evento de peso político, situación que no pasó desapercibida para el secretario general del CEN del PAN, Santiago Taboada, que recordó su fortaleza y determinación para ganar la gubernatura a pesar de los obstáculos que enfrentó, incluyendo la oposición del exgobernador panista —y hoy senador de Morena— Javier Corral, y la operación de los programas del Bienestar. Es Maru figura nacional.

Mostró firmeza inquebrantable la gobernadora, al emitir un mensaje donde el eje central fue anteponer la "dignidad frente a la adversidad", acotar al poder, con instituciones y no con caudillos, con refrendo a continuar una gestión de gobierno guiada por los valores del PAN.

Hubo de manera sustantiva la ratificación de los nuevos integrantes del Consejo Estatal y Nacional, así como la toma de protesta de los nuevos dirigentes municipales, pero fueron temas secundarios, frente a los discursos, donde la gobernadora refrendo su papel de líder azul.

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Las intrigas políticas, las sospechas de corrupción y tráfico de influencias, pero además la ignorancia o cerrazón de los jueces recién electos, representan un grave riesgo de ingobernabilidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos son temas que debería tener como prioritarios la magistrada presidenta, Marcela Herrera.

El viernes hubo otro claro ejemplo de un manejo indecoroso y poco transparente de la justicia, al ocultarse los resultados y desarrollo de la audiencia de vinculación de la niña L.G, la estudiante de la Secundaria 52 de Delicias que atacó con un hacha a una madre de familia, como inicio de un frustrado plan de ataque masivo que pretendía poner en marcha.

La menor está internada en un psiquiátrico de Juárez porque no había dónde más recluirla, dado que por ley no puede ser ingresada un centro de detención, pero es procesada por la Fiscalía Zona Centro.

Ni el juez de control que actuó desde las sombras ni el recién nombrado portavoz del TSJE, Israel González Rivera, quisieron proporcionar la información a la que estaban obligados por ley, sin detalles ni datos personales, pero sí con el sentido de la resolución y lo sustancial del procedimiento.

Ese caso es uno entre un montón en que los jueces, magistrados y personal judicial exhiben, además de ignorancia de las normas y un brutal desprecio por la legalidad, un afán desmedido por ejercer el poder con privilegios discrecionales que en menos de un mes han marcado para mal al Poder Judicial.

Tanto el vocero como los juzgadores, ni se diga la magistrada presidenta Herrera Sandoval, tienen el reto de hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad a cabalidad, porque en ello va la gobernabilidad del aparato de justicia, que hasta ahora parece a la deriva.

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No son quejas de unos cuantos días las que acumula la guardería Colegio Panamericana Trilingüe, por el riesgo que corren los niños y las niñas a su cuidado, tanto los que acuden por su cuenta como los que están por ser también un servicio subrogado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Una de las quejas más recientes viene del pasado viernes, cuando un pequeño terminó con sangre en su boca después de ser agredido por otros dos niños, cuando la encargada de un grupo salió al baño y dejó a sus alumnos solos.

Hay otros incontables casos de niños y niñas descalabradas, con moretones, estresados y desmotivados para asistir, lo que ha motivado la unión de padres y madres de familia para reclamar las mejoras en el servicio, independientemente de si tienen el servicio como prestación laboral o lo contratan en lo particular.

Tenemos noticias de que al comienzo de este mes, volvieron a presentar sus quejas ante Hilda Aracely Nájera Arreola, jefa del Departamento de Acción Social, Cultura y Deporte del ISSSTE, preocupados por salvaguardar la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de sus hijos.

Reclaman la asignación de personal auxiliar en cada salón de preescolar, ya que una sola maestra para aproximadamente 20 alumnos resulta insuficiente. Esto provoca que, en caso de atender a un niño fuera del aula o resolver un incidente, el resto del grupo quede sin supervisión.

Además, piden contar con personal de apoyo permanente en pasillos y baños, pues se han presentado accidentes de los que los docentes no tienen conocimiento, enterándose los padres solo a través de sus hijos.

Demandan, además, entre otras cosas, un Demandan, adicional en clases extracurriculares, ya que actualmente un solo profesor atiende a 30 niños, lo cual genera frecuentes accidentes por falta de supervisión.

Solicitan también aclarar si todos los niños subrogados tienen derecho a participar en actividades extracurriculares o si estas se condicionan al pago de materiales, como lo exige la guardería; así como otras revisiones al seguro escolar, costos de eventos escolares, estancias durante las sesiones del Consejo Técnico, cuotas, materiales y transparencia en cobros.

El ISSSTE se ha visto lento en la atención de los reclamos, como si no tuviera obligación de supervisar una vez que subroga servicios.