“Cuídate de la bebida: puede hacerte disparar al cobrador de impuestos. y fallar”

Robert A. Heinlein

Ciudad de México.- La 4T no deja de sorprender. Ayer el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer nuevas medidas para combatir a las "factureras" y a las empresas fantasma, pero estas disposiciones harán más complicada y riesgosa la creación de empresas en el país.

Primero habrá que tramitar el Registro Federal de Causantes y posteriormente la firma electrónica, la cual no se otorgará si no se aporta un comprobante de domicilio a nombre de la empresa. Estos trámites requieren la presencia física del dueño o apoderado legal en una oficina del SAT, lo cual es un problema para muchos, especialmente quienes no viven en la Ciudad de México o en otras urbes importantes. Además, exigir un comprobante de domicilio a nombre de la empresa retrasará aún más el proceso; uno puede tardar meses para poner a nombre de una compañía el servicio de electricidad o el predial de un predio alquilado o incluso propio. Con las oficinas virtuales, cada vez más necesarias, el proceso se vuelve más complicado.

La peor medida será la prisión preventiva oficiosa de quienes el SAT suponga son socios de una facturera o empresa fantasma. El gobierno primero encarcelará a los accionistas y después decidirá si la compañía es legítima o no. La presunción de inocencia desaparecerá. Dijo ayer Martínez Dagnino que "se respetará el derecho de audiencia", pero omitió decir que el SAT será fiscal y juez, ya que los tribunales no podrán emitir suspensiones. Hay mucho espacio para la extorsión.

A las presuntas factureras se les "bajarán los sellos desde el inicio"; una vez más, primero se les castigará y después se averiguará. Despojar a una compañía de la posibilidad de facturar es condenarla a muerte. Ojalá pudiéramos decir que todas las empresas a las que se acusa de ilícitos son culpables, pero la experiencia nos dice que en muchos casos los cargos son infundados y se sustentan en la falta de cumplimiento de algún trámite. A los socios, además, se les impedirá crear nuevas firmas mientras no demuestren que son inocentes, porque sobre ellos recaerá la carga de la prueba. No podrán en ese tiempo ganarse la vida honestamente.

El gobierno está tratando de atacar un problema real, el de las empresas fantasma y las factureras, con medidas autoritarias e ineficaces que afectarán a miles de empresas legales y que dejarán a los contribuyentes indefensos ante los abusos de la autoridad. Ya tenemos una compleja burocracia para crear empresas, la cual contrasta con la facilidad en los países desarrollados que tienen un real estado de derecho, pero estas nuevas disposiciones harán el proceso todavía más bizantino. Las grandes corporaciones lo resolverán, porque tienen abogados y contadores para ello, pero el 95.5 por ciento de las empresas mexicanas son micros, es decir, tienen menos de 10 empleados. Además, la falta de garantías para los empresarios ante cualquier acusación volverá una pesadilla su trabajo. En México será más peligroso ser empresario que criminal.

Muchos de los grandes fraudes que hemos visto en los últimos años se han hecho con empresas fantasma que se han creado para hacer negocios con el gobierno. Ahí está el caso de Segalmex. Pero mientras el gobierno exonera a los funcionarios, como el exdirector Ignacio Ovalle, solo por ser amigo de López Obrador, está estableciendo un sistema de terrorismo fiscal para los empresarios.

Noroña

El tema no es si la presidenta "dio permiso" de usar aviones privados, sino que el senador Gerardo Fernández Noroña, quien en 2013 prefirió orinar en una coladera antes que pagar 7 pesos por el baño de una gasolinera, ahora gasta cientos de miles de pesos en vuelos privados para ofrecer "informes" que son solo una forma de autopromoción. También ha comprado una nueva y lujosa casa, pese a no tener más ingresos que los de un modesto legislador.

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