-Es el asesino de Lucero, no la jueza ni la MP

-Hijo de AMLO y promotor de Olivia

Entre los agentes de la Policía Vial resumen así, del borruelazo al alto mando de la corporación, la trayectoria de Fernando Trevizo Hernández, nombrado como encargado del Departamento Jurídico con aval del subsecretario de Movilidad, César Komaba.

Los elementos viales dicen que designaciones así entristecen y bajan la moral de la tropa que se juega el pellejo en la calle, pues todos están en riesgo de caer en las manos, por cualquier motivo, del nuevo funcionario, ascendido pese a las sospechas de que no tiene título ni cédula profesional.

A Trevizo, aseguran, lo persiguen pecadillos desde 2018, cuando ocurrió el famoso borruelazo, aquel polémico accidente del "adolescente cuarentón" hijo del exalcalde Carlos Borruel, a bordo de un lujoso McLaren en el periférico De la Juventud.

En aquel entonces fue uno de los agentes viales respondientes que terminaron embarrados o con la mano aceitada para encubrir la realidad del caso de Borruel Macías, conocido por sus desfiguros desde que su papá era presidente municipal y hasta la fecha.

Luego, Trevizo Hernández fue escondido (oficialmente comisionado) en el Departamento de Atención Ciudadana, de donde salieron rumores de que pagaba de alguna forma a un comandante Peña para no acudir a sus turnos de trabajo; ya después resultó licenciado, al menos así se presentaba ante algunos compañeros que nunca supieron cuándo estudió y conocían de sus limitaciones hasta para llenar una boleta de infracción.

Obviamente, ahora entre los agentes hablan de moches o acuerdos turbios para ascenderlo, quién sabe si hasta el nivel de Komaba, pero al menos el subsecretario es señalado por omisión o de plano desinterés total en profesionalizar la corporación a su mando.

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Una ola de indignación y fuertes reclamos de justicia han sido la consecuencia del feminicidio de la maestra Lizbeth Lucero Leticia Zapién Urbina, a manos, presuntamente, de su pareja, también maestro, director de una escuela primaria, Gustavo Alonso Ch., quien por fortuna fue detenido ayer en Sinaloa por agentes de la Fiscalía General del Estado, en un compromiso ahora cumplido por su titular, César Jaúregui.

En un reporte simplificado, la mujer denunció violencia y agresiones físicas de Gustavo el 24 de abril de este año, razón por la cual le fueron otorgadas medidas de protección, con rondines de la Policía Municipal de Parral y contactos de emergencia, mientras que al atacante se le prohibió cualquier contacto con ella.

El 15 de mayo, la jueza penal de Parral Martha Margarita Piñón Aldana vinculó a proceso al agresor por el delito de violencia familiar, manteniéndolo en libertad, como había estado en todo momento y las medidas de protección fueron mantenidas, sin embargo, la defensa del profesor pidió la suspensión del proceso ante un supuesto arreglo entre las partes.

No hubo oposición de la víctima, asesorada jurídicamente y acompañada por el Ministerio Público, pero la jueza no autorizó dicha solicitud, ya que consideró necesario saber si la víctima estaba empoderada para poder tomar esa decisión, por lo que fue canalizada a la Comisión Interdisciplinaria en Violencia de Género adscrita al Distrito Judicial Morelos con la finalidad de realizarle una valoración integral.

El 20 de mayo, en medio de ese proceso, Zapién Urbina fue asesinada en su domicilio de Parral. Su cuerpo fue encontrado por familiares y compañeros que acudieron a buscarla, después de faltar sin justificación a su trabajo en la escuela.

Desde luego, han surgido fuertes cuestionamientos al actuar de la jueza y al de la Fiscalía de la Mujer, que procesaban a un agresor y hoy presunto feminicida, supuestamente sin la diligencia debida.

Sin embargo, lo que reclaman y piden ponderar adecuadamente los especialistas en violencia familiar, es que el linchamiento a un juzgador o a la agente acusadora no conduce a buen puerto, pues actuaron de acuerdo a sus facultades, protocolos, leyes y reglamentos, dándole la protección a la víctima hasta donde fue posible.

Ni antes ni después de la petición de suspender el proceso, señalan, el MP o la jueza podían adivinar hasta dónde podría llegar el presunto agresor; tampoco podían adivinar la situación de la víctima en medio del círculo perverso de la violencia que envuelve a algunas mujeres y que las hace, a las propias víctimas, apiadarse de sus parejas o buscar un arreglo, procurar a sus agresores, buscarlos y hasta tratar de estar cerca de ellos.

Son cadenas y ataduras psicológicas difíciles de romper, que requieren de más acompañamiento emocional de amigos, familiares y especialistas del que cualquier institución puede brindar, aunque haya esfuerzos de varias instancias públicas y privadas para ello.

Entonces, lo que piden es no perder de vista que el feminicida es el directamente responsable del ataque mortal a la maestra y sobre él debe caer el peso de la ley. No es la jueza, tampoco el MP, aunque deban revisarse a fondo sus actuaciones institucionales, como lo pidió la titular de la FEM, Wendy Chávez, desde el comienzo de esta semana.

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Buen empujón, en la recta final de la contienda por los cargos del Poder Judicial, recibió la chihuahuense, Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue a principios de la semana, obviamente antes de la veda electoral, que un comentario en la red social X empezó a viralizarse, al menos en algunas regiones, por el peso del apellido y los miles de seguidores que tiene uno de los herederos del tabasqueño.

“Por ahora, si tuviera que tomar una decisión, mi voto iría con mujeres y hombres comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y el pueblo de México... Grandes trayectorias, capacidades y convicciones. México necesita ministras y ministros íntegros, honestos, con vocación de servicio”, publicó López Beltrán, quien enlistó a los aspirantes a ministros y ministras de su preferencia.

Citó, entre otros, a Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Estela Ríos, César Gutiérrez Priego, Natalia Téllez Torres y a la doctora por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Aguirre Bonilla, la número 01 de las boletas y la única aspirante que está fuera de los círculos del poder del centro del país.

Desde luego, varios de los mencionados respondieron a la deferencia y también generó polémica el listado por algunos de los nombres, incluso entre los morenistas que siguen al chamaco que opera desde 2018 como influyente outsider de la 4T inaugurada por su papá.

Es claro que el tuit tuvo buena distribución entre los seguidores de Aguirre Bonilla, porque entre la infinidad de comentarios a favor y en contra de varios nombres y del mismo autor, destacan los favorables completamente a la juarense.

“Yo iré también por Olivia Aguirre”; “desde Ciudad Juárez estamos con usted Dra”; “una ministra científica en la nueva SCJN”; “con Olivia Aguirre tendremos a una defensora de los derechos humanos en la SCJN, una luz alentadora para México”, fueron, entre otros, los comentarios en la red.

No puede quejarse Aguirre Bonilla del cierre que logró después de dos meses de actividad intensa, a pesar de que parezca que va cuesta arriba y no haya sido incluida en los acordeones que, por montones, han circulado, de Morena, el Bienestar y de otros protagonistas del régimen.