En medio de una grave cadena de errores y sinsentidos, apareció hace unos días la imagen de un promocional oficial federal con obvias medidas preventivas contra la plaga del gusano barrenador del ganado, que en menos de medio año ha provocado dos cierres de la frontera de Estados Unidos con México.

Resulta increíble que el póster difundido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contenga imágenes de un puerco, un perro, un gato y un gallo, pero ni una sola vaca, la única especie animal afectada hasta el momento por el parásito.

Entre los ganaderos de Chihuahua, insultados en varios momentos por la pasividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), primero creyeron que ese promocional era fake, un montaje burlón a lo que ha sido el titular del ramo en esta administración de Claudia Sheinbaum, el laureado Julio Berdegué, quien no ha logrado demostrar, pese a su currículum perfecto, utilidad práctica como secretario de Estado.

La sorpresa vino cuando comprobaron que es un anuncio real de Senasica. El código QR en la imagen, visible en la versión digital de GPS Dominical, conduce a un portal oficial de la Sader, donde los responsables del manejo de la crisis no han hecho otra cosa más que el ridículo.

El promocional no contiene más que obviedades para el cuidado de los animales, de esas especies que, en efecto, también son potenciales víctimas de la plaga, pero la crisis actual es por el ganado vacuno procedente de países del sur, en procesos de importación por los que Estados Unidos cerró sus fronteras a las vacas de Chihuahua y otros estados del norte del país.

Así, el promo se convierte en reflejo de una realidad evidente: el norte sigue agraviado por el alejamiento centralista característico desde la fundación de la república y la 4T no ha movido un dedo para cambiarlo, al grado de que desconoce por completo lo que representa el ganado para la economía chihuahuense.

Si las instancias que coordinan el trabajo de contención de la plaga son incapaces hasta de comunicar una idea preventiva mínima, básica, ¿estarán a la altura de las exigencias ya no de Estados Unidos, sino de la misma sociedad afectada por las consecuencias que trae este freno a la exportación ganadera?

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El desinterés, la negligencia, el desconocimiento y el importapoquismo federal ha quedado evidenciado en unos cuatro momentos muy claros de este problema que, erróneamente, es percibido como una crisis para los grandes ganaderos millonarios, pero en realidad afecta a miles de productores que en su mayoría son del sector social, algo así como el 80 por ciento de quienes se dedican a esta sufrida actividad.

Un primer momento fue en noviembre de 2023, cuando ocurrió el primer caso de gusano barrenador detectado en el país, después de meses de alerta por el cruce de ganado de países del sur del continente, llevó al cierre de la frontera que puso de cabeza a la producción de becerros en pie en la entidad.

El negociazo de los grandes importadores (Grupo Gusi y Praderas Huastecas, de la Huasteca Potosina; Desarrollo de Engordas Estabuladas (Denes) de Nuevo León; Vera Carne de Veracruz; y Su Karne y El Lucero, de Sinaloa) causantes de la importación del parásito ni siquiera fue atendido.

Fueron omisos tanto el titular de Sader del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fantasma Víctor Manuel Villalobos, como su sucesor en la gestión actual, Berdegué Sacristán, quien fue estrenado en el cargo con el ingreso del gusano devorador de animales por Chiapas y el posterior cierre de fronteras, el primero.

Pero si eso fue un insulto a la ganadería del norte del país, básicamente la única certificada para la exportación al país vecino, donde cada vaca se paga en dólares para seguir el proceso final de la engorda y su sacrificio, lo que vino después fue una verdadera mentada.

La gobernadora Maru Campos, en ejercicio de la autonomía estatal y en vista de la emergencia ante un factor más de riesgo social, sanitario y económico, decretó el refuerzo de la vigilancia para impedir el ingreso de ganado al estado mediante la red de inspección zoosanitaria.

Ante ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República -en otro hecho lamentable e insultante- impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión institucional de Chihuahua, bajo argumentos ilógicos que únicamente evidenciaron más el distanciamiento federal ya no del estado ni de un gobernante opositor, sino de una realidad que luego le estalló en la cara al agotado modelo centralista.

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¿De qué sirvió combatir la medida chihuahuense en el máximo tribunal del país? ¿En qué abonó al manejo de una crisis sanitaria que en aquel momento se circunscribía al estado de Chiapas y avanzaba hacía le península del sureste del país?

En medio de una falsa contención de la plaga, antes de que brincara por el Istmo de Tehuantepec hacia Veracruz y Oaxaca, fue reabierta la frontera después del compromiso mexicano, ya en acuerdo de los gobiernos estatales con el federal.

La colaboración nacional fue la clave para cumplir con rigurosos controles de Estados Unidos para la apertura de las estaciones cuarentenarias de Chihuahua, por las que cruza además ganado de Sonora y otras entidades hacia las grandes y exigentes engordas norteamericanas.

Superado el problema, vino un tercer momento crítico con el avance de la plaga, la pasividad en el combate al gusano y la amenaza latente de otro cierre de la frontera para la exportación de ganado mexicano en pie.

La reapertura estuvo colgada de alfileres, de tal forma que nunca se normalizó y los únicos ganones en la entidad, sin regulación federal o estatal alguna, fueron los acaparadores que compraron barato el ganado en el momento de crisis y luego se apoderaron de las citas para la exportación de esos animales, pagados en dólares hasta cuatro o cinco veces más que el precio de compra.

La demanda norteamericana, insatisfecha por el periodo de cierre, abonó a esas ganancias del intermediarismo existente en la cadena de producción ganadera, pero fue consecuencia, en primer lugar, de esa incapacidad federal para contener de manera efectiva un problema complejo de sanidad animal.

Vino después un cuarto insulto a la inteligencia de los ganaderos chihuahuenses y norteños en general, cuando Berdegué, sin ver la viga en el ojo propio, quiso culpar a Estados Unidos de la propagación desde Panamá a otros países, por la falta de medidas efectivas de mitigación con la estrategia de soltar moscas estériles, que el poderoso vecino utiliza no solo en este continente sino en varias regiones del mundo.

Culpar a otro en vez de asumir responsablemente el manejo de la emergencia en México fue otra insensatez, en un tema que la Federación insiste en ver como algo mínimo, marginal, por estar en medio de las variadas amenazas de Donald Trump con aranceles, intervención militar y mensajes cifrados a los narcopolíticos de la 4T, bajo supuestas investigaciones de Estados Unidos.

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La negligencia entre la primavera de 2024 y el cierre de la frontera en noviembre; el acoso jurídico de la Presidencia de la República al gobierno de Chihuahua por tratar de mantenerse libre del gusano; la irresponsabilidad de dejar crecer el problema hasta llegar a un segundo cierre y culpar a otro país en vez de asumir el manejo de la contingencia, son esos momentos críticos de una tragedia evitable.

Los 500 millones de dólares esfumados entre un cierre y otro, en números redondos, no son cifras de las carteras de las familias ricas o las grandes empresas ganaderas de Chihuahua, sino pérdidas de miles de rancheros pobres que enfrentan ahora la sequía, por un lado, el gusano por otro y la imposibilidad de exportar por otro; para colmo, también están en la disyuntiva de alimentar a sus familias o darle de comer y beber a su ganado.

Con eso, la 4T favorece el lucro indebido de los acaparadores que compran barato el ganado varado, con la garantía -al menos eso buscan- de que van a poder exportar después, con privilegios en las citas de revisión y cruce, como fue en el primer cierre. ¿Dónde quedó eso de primero los pobres? ¿Es puro es slogan y mera demagogia?

Así, el golpe es monumental a un sector de la economía muy vulnerable a factores ambientales, estacionales y coyunturales, pero también a un sector cada vez más empobrecido.

Con un eslabón más en la cadena de yerros, en ese promocional carente de sentido que mencionamos al comienzo de esta entrega, la Sader y Senasica, sus funcionarios que despachan a nivel central, no dimensionan las consecuencias de sus decisiones o indecisiones.

No asumen responsabilidad alguna ya no del origen de la contingencia, sino de la conducción del sector y de las políticas públicas necesarias tanto para fortalecer el mercado interno -alternativa algo ingenua planteada ante la cerrazón estadounidense- como para lograr la reapertura a la exportación.

No tienen idea del costo, el precio y el valor -menos de la diferencia de cada concepto- de una vaca en la economía de miles de familias de Chihuahua y otros estados norteños que, pese a su condición desértica, le arrancan a la tierra el sustento diario con varias dosis extra de trabajo y sacrificio.