-Domingo de Maru en Juárez

-Premian con cargo a barzonista incendiario

-Avanza Sheinbaum por todas las canicas

Ya no es el tema del chantaje a Telcel que trató de hacer el alcalde de Parral, Salvador “Chafa” Calderón, ni tampoco el sobreprecio que le puso a la contratación de artistas para las tradicionales Jornadas Villistas, que están a la vuelta de la esquina.

Tampoco es la inestabilidad de su gabinete, los intentos de mangonear regidores ni la intervención indecorosa, deshonesta y tramposa de sus hermanos Beto y Juan en el manejo del presupuesto, sino un nuevo escándalo el que anda de boca en boca entre los parralenses, decepcionados de su primera autoridad municipal.

La nueva es el marrano de oro, como bautizaron a otra corrientada que dibuja de cuerpo entero a “Chafa” Calderón y a sus operadores, todos del tipo de Martín Alfredo Chaparro, el exoficial mayor de Santa Bárbara reclutado por el presidente parralense, a fin de sacarle jugo a cuanto negocio turbio se le ponga enfrente.

Resulta que, durante el festejo del Día de las Madres en la Presidencia Municipal, los organizadores ordenaron matar un marrano para ofrecer a las invitadas carnitas y chicharrones, banquete que fue facturado en 97 mil 440 pesos.

Al descubrir este nuevo fraude de “Chava” o “Chafa” Calderón y sus compinches, una trabajadora sindicalizada desde hace décadas soltó una burla por la demostrada voracidad del alcalde de Parral, hecho que casi le cuesta el puesto, pues la amenazaron con correrla. No lo hicieron porque en las arcas no hay dinero para su liquidación.

De ahí salió lo del marranito de oro, por el costo monumental de una comilona que no era para tanto. El hecho viene asentado en el tercer informe de la síndica Dalila Villalobos, situación que causó asombro a los mismos empleados de la Presidencia Municipal.

Así, a menos de un año del comienzo de su administración, Calderón ha construido esa imagen de que es un desastre su gobierno por un pésimo manejo financiero, detrás del cual hay una dosis enorme de corrupción y otra de incompetencia.

Quebrado el municipio de Parral en sus finanzas y con el presidente “Chafa” en bancarrota moral, no pinta bien el panorama de una de las cinco ciudades más importantes del estado.

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Estuvo ayer la gobernadora, Maru Campos, en Ciudad Juárez. Le tocó atender dos temas de urgente necesidad, las graves afectaciones con motivo de las tormentas extraordinarias del fin de semana y el asunto de los cuerpos que por cientos -383- fueron abandonados y localizados en un supuesto crematorio, que no era otra cosa que un predio rústico en las afueras de la ciudad.

La llegada de la gobernadora y su estancia en la frontera, indudablemente implica, por su atención especial y directa a ambos temas, que requerirá de los servidores públicos responsables operativos, algo más que declaraciones para darles seguimiento.

De manera muy particular es el relacionado al funcionamiento a todas luces ilegal y fuera de protocolo del crematorio, donde había no dos o tres cuerpos, sino casi 400, en condiciones de nula dignidad y total condición insalubre.

El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el fiscal general del Estado, César Jáuregui, requerirán puntual y personal atención a un tema que no puede ni debe seguir en la impunidad, como estuvo sepa Dios cuántos años. Todo indica que hay cuerpos desde la pandemia.

El tema de las inundaciones es recurrente, con obras que han sido realizadas en la actual administración, y que son gran esfuerzo por resolver un problema que para los juarenses es vital. Es histórica la carencia de drenaje pluvial.

Para beneplácito de Maru, los vecinos de una de las colonias más afectadas, la Fronteriza, reconocieron la ayuda que les ha estado brindando el gobierno estatal a través de la representación del estado allá, la Junta Municipal de Agua.

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Enemigo de ganaderos, nogaleros, fruticultores y de los LeBaron, el excandidato morenista a diputado local, Joaquín Solorio Urrutia, fue designado representante en Chihuahua del Registro Agrario Nacional (RAN), por su director en jefe, Luis Cruz Nieva.

El incendiario barzonista ha sido señalado de atizar protestas violentas y confrontaciones, desde las registradas en el noroeste con los mormones hasta cuando, en 2016, un escandaloso grupo patrocinado por el entonces gobernador electo, Javier Corral, causó destrozos en Palacio de Gobierno, en aquella gresca en la que Miroslava Breach impidió con su cuerpo que destruyeran o quemaran la puerta de madera del histórico inmueble.

Domesticado por el corralato y ahora por la 4T, gracias a su cercanía con el ahora senador morenista y la activista que hizo trizas el Poder Judicial como consejera de la Judicatura, Luz Estela “Lucha” Castro, Solorio pasó de la protesta a una candidatura guinda en 2021 y tras unos años de silencio reapareció cobijado por el grupúsculo de Corral Jurado dentro de Morena.

El problema no es su trayectoria desde el activismo, que inició a raíz de la tragedia que vivieron los Solorio, víctimas de crímenes nunca esclarecidos ni castigados en la guerra por tierras, agua y sabrá Dios qué más en el noroeste del estado.

El problema es que, como muchos, llegó a aprender y a poner de cabeza la dependencia a cargo de los registros agrarios, presentándose como un aliado de los pequeños propietarios, campesinos y ejidatarios, pero desconoce por completo las facultades y los límites de la institución.

Eso sin contar con las graves incongruencias que padece la 4T, que puede tener entre sus filas a personajes tan antagónicos como Solorio y los LeBaron, en la figura de los duartistas Alex LeBaron y la diputada Brenda Ríos, ambos duartistas, uno exdelegado de la Conagua y otra exdelegada de la Secretaría de Medio Ambiente.

El activista metido a burócrata federal desconoce, tal vez, que su papel ya no es criticar, operar o descalificar a los productores del campo, del sector social ni las grandes empresas, que no comparten su visión política, de ahí que el RAN parezca estancado las últimas semanas, desde que fue designado.

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Finalmente, a gritos y a sombrerazos, el sábado se aprobó en el Senado la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida también como la “Ley Censura”

Fue el cerrojo final a una semana intensa en que la mayoría morenista ha sacado al vapor 16 iniciativas por lo demás controvertidas, como son las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, entre otras.

Aunque se enfocan a reestructurar políticas en materia de seguridad en el país, para especialistas y opositores, apuntalan a un régimen autocrático y pone en riesgo derechos básicos de los mexicanos como la privacidad y la libertad de expresión.

El periodo extraordinario se acabará el miércoles dos, pero la batería más pesada ya salió. Ya por mero trámite las enviarán a la Cámara de Diputados para que otra vez las mayoriteen.

Acaso la más polémica ha sido la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, calificada como la “Ley Espía”, pues va aparejada con la decisión oficial de emitir una nueva CURP con datos biométricos y foto para facilitar labores de inteligencia y búsqueda, pero pondrá prácticamente todos los datos personales a disposición de las autoridades.

Y finalmente la nueva Ley Telecom, que con la desaparición del IFETEL regresa al control gubernamental a la nueva Agencia de Trasformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta última derivada de la Comisión Nacional Antimonopolios que sustituirá a la Cofece, otro órgano autónomo que desaparecerá.

Lo anterior en un contexto donde, a la luz del nuevo Poder Judicial, surgen gobernadores como los de Puebla y Campeche que abren procesos contra periodistas críticos.

En ese tenor el senador neomorenista, Javier Corral presumió en sus redes que es una “nueva ley más sólida, clara e incluyente”, aunque muchos de sus ex compañeros de lucha en la larga y sinuosa batalla por la democratización de los medios lo vean como un claro retroceso.

El siguiente objetivo de la 4T es la reforma electoral, luego de que casi la mitad de los consejeros del INE estuvieron a punto de invalidar la elección judicial como una de las más turbias de la historia reciente. Pagarán por su “desobediencia”.

Así que, apenas a un año de su presidencia, Sheinbaum ya va por todas las canicas.