Ciudad de México.- Cuando el departamento de Estado de Estados Unidos dijo que en México el 80 por ciento del territorio estaba controlado por grupos criminales que se asociaban con autoridades locales, la reacción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue desestimar la acusación y hacerse la víctima.

Fue ahí donde legisladores republicanos deslizaron una supuesta relación de 42 nombres de políticos mexicanos a quienes acusaban de estar coludidos, asociados o simplemente ser empleados por grupos criminales, se le conoció como “la lista Marco”.

Fueron muy pocos quienes pusieron atención a los nombres enlistados porque aquello parecía más bien una estrategia de campaña para ir publicitando a Donald Trump, quien utilizaba el tema de los migrantes y la inseguridad pública en México como herramientas para posicionar sus ideas electorales, donde la situación en México era un punto central y duramente cuestionado por la política de “abrazos, no balazos”.

Sin embargo, en abril del 2025, justo en la celebración de Semana Santa, y ya con Donald Trump como presidente, el alcalde morenista de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, intentó cruzar a los Estados Unidos, pero fue retenido durante ocho horas por agentes de migración estadounidenses quienes finalmente le notificaron que su visa había sido revocada y por tanto era persona non grata para ellos.

Fue el primero aviso de que “la lista Marco” no era un simple rumor y que podía darse cierta credibilidad a su existencia.

Vino luego la revocación para Marina del Pilar Ávila Ojeda, la gobernadora morenista de Baja California y presidente de la Conago; ella junto con su esposo, Carlos Torres fueron notificados de que también estaban vetados de ingresar a Estados Unidos; esto fue un escándalo por las repercusiones políticas que implicaba su caso, pero a pesar del impacto negativo, el gobierno federal decidió hacer mutis y voltear para otro lado, como si el suceso no tuviera mayores repercusiones.

El martes 10 de junio, el presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, Carlos Eduardo Castro Castro, intentaba cruzar a Estados Unidos por la garita de San Luis Río Colorado, viajaba en compañía de esposa e hijos, todos fueron retenidos y a todos les negaron el acceso y les informaron de que su documento de ingreso estaba revocado.

Carlos Eduardo Castro Castro, fue objeto de señalamientos periodísticos durante la campaña electoral; se le acusaba de que familiares muy cercanos, hermanos y primos, estaban vinculados a grupos criminales, se señalaba también las carpetas de investigación abiertas por la DEA, el FBI en contra de ellos y hasta se anunciaba que su visa podría ser revocada.

Nadie hizo nada, Castro Castro compitió y ganó la alcaldía de Puerto Peñasco, para luego convertirse en el tercer gobernante emanado de las filas de Morena a quien le revocan su visa por presuntos vínculos con grupos criminales.

“La lista Marco” ya no era un simple rumor.

Con todos esos antecedentes, empezaron a surgir versiones periodísticas donde se establece que hay cuatro gobernadores que desde hace poco más de un año son investigados por la DEA, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) por diversos cargos como asociación con grupos criminales, protección para realizar actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, conspiración para cometer delitos en Estados Unidos y uso de recursos provenientes del narcotráfico.

En dicha lista aparecen la ya mencionada Marina del Pilar Ávila Ojeda; también figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien siempre aparece señalado, sobre todo luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, lo involucrara en su secuestro y en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, uno de sus rivales políticos quien fue asesinado el mismo día que Zambada García era llevado a Estados Unidos y con el agravante de que la Fiscalía de Sinaloa alteró la escena del crimen e intentó generar una versión de hechos totalmente distorsionada y alejada de lo que realmente sucedió.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla sería otro de los gobernadores a quienes presuntamente se investiga, se le liga con grupos criminales que operan bajo la protección gubernamental en esa entidad, pero particularmente por vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Aparece también el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador fue uno de los funcionarios que estuvieron ligado con la decisión de soltar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en lo que se conoció como “El Culiacanazo”.

Si bien nadie termina por oficializar la existencia de estas investigaciones y menos reconoce la existencia de “La lista Marco”, la revocación de visas viene exhibiendo que sí hay políticos mexicanos que son considerados como criminales para Estados Unidos.

Ahora bien, lo que es todavía más llamativo es la timidez y la falta de contundencia con la cual los gobernantes señalados intentan deslindarse o desmienten las acusaciones que se les enderezan.

Cuando intentan defenderse lo hacen con tanta debilidad, carencia de estructura y sin solidez, que dejan la impresión de que hasta ellos están convencidos de que su nombre si van en dicha lista.

Pero hay que ser claros: ni están todos los que son, ni son todos los que están.