“El que sea perro, que lo ahorquen”

Parece increíble ver en las redes sociales cómo se discute si alguien que ha ocupado un cargo público es más o menos corrupto que otro, tratando hasta de perdonar a aquellas personas con las que existe cierta afinidad política. Delincuente es delincuente, aquí y en China.

Si “Layito” robó poquito, pues a él le corresponderá una sanción menor a quien robo más, pero al fin y al cabo, una sanción. Ningún color político o compadrazgo debe significar una patente de corso.

Pero más allá del procedimiento penal, en el que por cierto en múltiples casos los imputados resultan no culpables (que no es lo mismo que inocentes), queda la duda del por qué no se investigó y se resolvió el ordenar la devolución de esas decenas, cientos y hasta miles de millones de pesos y propiedades que “inexplicablemente” aparecieron en el patrimonio de esos funcionarios públicos y/o de sus familias, ahora nuevos ricos.

Esas mujeres y hombres que se nos presentan como “respetables” personas a las que hay que tenerles todas las consideraciones posibles y rendirles pleitesía a cada momento, en virtud de que son nuestros gobernantes, son ellos en quienes se observa una marcada diferencia con los gobernados en razón de su suntuoso estilo de vida. Pudiera ser por el alto ingreso económico que perciben durante su encargo, así como por un sinnúmero de prestaciones adicionales, pero el problema y la sospecha se presentan cuando concluyen su función y continúan con esos lujos que antes no tenían.

Efectivamente, pudieron haber iniciado en la administración pública contando con una casa-habitación, con uno o dos vehículos, con algún negocio más o menos prospero, etc., esto es, con bienes identificables en número, características y valor, pero al dejar el cargo estos aumentaron considerablemente sin justificación alguna, ya que el gasto personal y familiar incluso fue mayor a lo que se percibía. Entonces cómo creerles que son patrimonios bien habidos.

Por ejemplo, si el ingreso de “Juan Pérez” cuando fue gobernador era de 200 mil pesos mensuales, y entre la costosa vestimenta de la familia, las colegiaturas en escuelas privadas, la constante concurrencia a restaurantes y cafés exclusivos, la adquisición de nuevos vehículos y residencia(s), los viajes cada vez más frecuentes, la inscripción y mensualidades en clubes sociales y/o deportivos…, todo eso y más, de ninguna manera, en lo absoluto, se cubre con ese sueldo limitado, y menos pretendiendo hacer ver, como es costumbre, que se iniciaron o continuaron supuestos negocios que requieren de una atención personalizada, lo que no es posible cuando se debe estar dedicándole el cien por ciento de tiempo y esfuerzo al cargo público.

Probablemente nos hemos acostumbrado a esos incrementos patrimoniales en la casta política, asumiendo como normales y hasta justos los “diezmos” que reciben en cada contrato de bienes o servicios (que, por cierto, ya se habla hasta del cincuenta por ciento, más que del diez), pero ha sido precisamente la corrupción la que ha evitado que los mexicanos tengamos grandes, sostenibles y distributivos progresos de diversa índole.

En el día a día, el ciudadano común continúa trabajando para salir adelante junto con sus familias, mientras que algunos de quienes años, lustros o décadas atrás fueron funcionarios públicos de mediano o alto nivel, siguen disfrutando, sin trabajar, de un estilo de vida inaccesible para la sociedad en general. Cuestión de poner atención en cuanta o cuanto político de antaño reaparecen en un que otro acto público, y si les seguimos la huella seguramente no encontraremos una actividad que justifique su superfluo sostenimiento y el de su familia.

Como esos personajes, cuántos habrá en la colonia, sector, ciudad, estado y país, o cuantos habrán derivado de una administración municipal, estatal, federal, etc., lo que, en suma, tendría que escandalizarnos y tomar en serio cualquier indicio de corrupción, haciendo como sociedad las exigencias y reproches a que haya lugar para que las y los susodichos no queden impunes.

Como lo he mencionado en otras ocasiones, México tiene una vasta riqueza para todos y para todo, que si se hubiera evitado tanto desfalco a las arcas públicas desde hace décadas, y si se hubiera tenido una honesta y eficiente voluntad política, con toda seguridad se puede afirmar que no tendríamos que preocuparnos tanto por: tener garantizados un buen empleo y una justa jubilación; contar con un sistema de salud de calidad y con viviendas dignas y suficientes; tener una niñez y adolescencia sanas y alegres; contar con adultos mayores bien atendidos y productivos hasta donde lo deseen; entre otras bondades que debería ofrecer un Estado responsable e íntegro en general.

No tenemos por qué permitir que esas corruptelas sigan ocurriendo. Por eso, como parte de los cambios que está experimentado nuestro país, ante todo en lo que atañe a la impartición de justicia, debe haber una completa intolerancia a la impunidad, perfeccionando la legislación correspondiente para impedir los habituales y convenidos subterfugios legales y políticos que favorecen esas cínicas, aberrantes y ofensivas absoluciones judiciales.