-Maru apostó con todo por reforma judicial

-No existen casualidades PRI y Duarte

-Morena no aporta en daños por lluvias, pero critica

Nada alentador resultó el videomensaje de la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, quien el fin de semana anunció el cierre de la Presidencia por la serie de enfrentamientos y balaceras en plena cabecera municipal.

Fue un “sálvense quien pueda” más que un mensaje de tranquilidad, al decirse resguardada por su escolta de la Guardia Nacional en su casa, mientras la población vivía días de terror entre el rugir de los cuernos, los R-15 y las versiones de que los sicarios habrían de disparar contra quien vieran en las calles.

El llamado a encerrarse en las casas en lo que la Guardia Nacional y el Ejército permitían las actividades habituales, más que paz generó desesperanza.

El otro elemento para llorar fue el reiterado señalamiento de esas dos corporaciones armadas nacionales como las que habrían de poner orden, orientado a desacreditar a las instancias estatales que, si bien llegaron tarde a la crisis, como siempre, sí reforzaron su despliegue en la región, en coordinación con los militares, a través de las Bases de Operación Insterinstitucional (BOI).

Para los pobladores, su primera autoridad municipal despacha desde el privilegio que le da tener la vigilancia 24/7 de los agentes nacionales, pero ha sido incapaz de darle utilidad a la Policía Municipal y de coordinarse con las demás instancias de gobierno para trabajar por la paz del municipio.

Ha optado por ser factor de conflicto en vez de factor de soluciones, aun en momentos críticos como el que vivieron los habitantes de Guadalupe y Calvo la semana pasada, casos de violencia recurrentes que son muy seguidos y cada vez con mayor descaro.

Si los enfrentamientos en comunidades alejadas reflejaban lo seguros que están de su impunidad los criminales, los de la cabecera municipal fueron una mentada a directa a todas las autoridades, incluida la presidenta municipal, y a la población entera.

González Ábrego, desde la comodidad de su casa vigilada por guardias nacionales, no puede ejercer como primera autoridad municipal diciéndoles a sus ciudadanos que no salgan de sus casas. Eso lo puede hacer cualquier habitante común.

Si no puede, que renuncie, era la consigna en los tiempos de violencia de años pasados. Todavía está vigente, aunque haya quienes, cegados por su propia incompetencia, se aferran a seguir dentro del presupuesto, cobrando como si sirvieran de algo a la sociedad.

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Después de días de reportes de balaceras, sin autoridad alguna, fue finalmente en Palacio de Gobierno donde se planchó la estrategia para retomar el control del municipio serrano.

El general Eufemio Ibarra, comandante de la Onceava Región Militar, acudió al despacho de la gobernadora Maru Campos el sábado por la mañana, en una reunión en la que seguramente fue tema central la crisis en la localidad ubicada a 500 kilómetros de la capital.

Eso explica la llegada masiva de soldados de varios batallones de la 42 Zona Militar la tarde de ese día, para tomar la Presidencia Municipal y garantizar con su despliegue al menos la huida de los sicarios, que durante casi toda la semana pasada protagonizaron enfrentamientos con total descaro en el principal centro demográfico de Guadalupe y Calvo.

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En números fríos, la elección judicial en Chihuahua requirió de un gasto extraordinario de 330 millones de pesos, entre lo destinado por la administración de Maru Campos al Instituto Estatal Electoral, como la transferencia al Instituto Nacional Electoral para garantizar su operatividad.

El reporte del gasto de la Secretaría de Hacienda muestra que fue pagado todo el proceso con recursos estatales, ni un solo peso federal a pesar de que era prioridad sacar esa reforma desde el año pasado.

Así resistió la gobernadora el embate, seguramente porque el estado debía dar una lección de responsabilidad democrática en momentos que el país enfrenta profundas tensiones institucionales y grandes retos para el estado de derecho, al que siempre le ha apostado Campos Galván.

La mandataria expresó sus reservas sobre la reforma que proponía elegir a jueces y magistrados por voto popular, pero no se quedó en la crítica. Una vez que el Congreso la aprobó, se convirtió en una de sus principales operadoras, asegurando que se llevara a cabo de forma ordenada, transparente y ejemplar, en aras de fortalecer al Poder Judicial.

Su primera decisión estratégica fue clave: realizar la elección en 2025 y no en 2027, como se había contemplado. Con ello evitó que la renovación judicial se mezclara con campañas partidistas.

Bajo la conducción de Maru, fueron convocadas asociaciones civiles, litigantes, barras de abogados y expertos jurídicos para acompañar el proceso.

Además, cada poder del estado conformó su propio comité, con total autonomía, respeto institucional y sin imposiciones.

Así llegaron 850 aspirantes a medirse en las urnas, en la elección histórica de hace poco más de un mes, de 305 cargos judiciales.

El otro punto que distinguió al estado en este accidentado proceso, fue el trato más digno que recibieron los juzgadores salientes, contrario a cómo fueron relevados del Poder Judicial Federal. Aquí el estado les garantizó un retiro digno y respetuoso.

La operación política institucional y comprometida con la legalidad deberá reflejarse en el desempeño de los nuevos juzgadores, cuyo periodo comienza en septiembre.

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En Morena están aprovechando los desastres que provocaron las lluvias para llevar agua a su molino; era de esperarse.

En el Congreso del Estado, como siempre, la legisladora Brenda Francisca Ríos aprovechó la tribuna para echarle tierra al alcalde Marco Bonilla.

Mezcló el tema de la autorización de fraccionamientos con los daños.

Hizo lo propio en sus redes sociales la senadora también de ese partido Andrea Chávez.

Sin embargo, ninguna de las dos morenistas se ha pronunciado para bajar recursos de la federación, porque saben bien que desde el sexenio pasado desapareció el Fondo de Desastres Naturales y como ocurrió en el gobierno de la 4T, prefieren echar la pelotita a otros.

Las dos legisladoras se envalentonan en redes sociales, pero hasta ahí llega su amor por el pueblo. A las colonias no bajan ni un peso del gobierno federal para apoyar a los afectados.

Muy distinto el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, que desde el primer día de intensas lluvias salieron las brigadas de todas las dependencia y secretarías a hacer un diagnóstico de daños para poder ayudar a los afectados con alimentos, productos de limpieza y electrodomésticos.

Justo el viernes, Bonilla regresó a La Galera, una de las colonias afectadas, a llevar los primeros electrodomésticos a los domicilios de las familias que previamente visitó el miércoles.

Ahí los vecinos se vieron sorprendidos porque no esperaban que el mismo edil volviera a cumplir con el compromiso que hizo con ellos.

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Dicen que en política no existen las casualidades; y si no existen, se parecen mucho a la realidad.

Mientras el tricolor lanza el anuncio de que “irá solo” en las elecciones estatales de 2027, sobre César Duarte bajo proceso aumentan las especulaciones de su eventual regreso a la política.

Habría que agregar que “regreso” no implica necesariamente su reincorporación como candidato a algún puesto de elección popular, pero sí como un actor clave que conoce el teje y maneje de la grilla partidista.

El domingo en El País, periódico español, apareció en primera plana, en la sección de México, la nota con el titular “Prófugo, preso, extraditado: el giro narrativo de César Duarte para regresar a la política”. Es decir, parafraseando a Calderón, haiga sido como haiga sido, el ballezano es noticia más allá de las fronteras.

Por otro lado, lo interesante es que el anuncio de que el PRI que va solo, anunciado por el delegado del CEN, Jorge Meade Ocaraza, acompañado por el dirigente estatal Alejandro Domínguez, evidentemente cuenta con la luz verde de Alejandro “Alito” Moreno.

Aunque Duarte fue expulsado del PRI en junio de 2019, y evidentemente cuenta con el repudio de los exgobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, es conocida la confrontación interna contra Alito, incluida sin querer queriendo, Chela Ortiz.

Por el lado del PAN, tanto el coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez, como la dirigente estatal, Daniela Álvarez, se apuraron a revictimizar a Duarte, sobre todo después de que este apareció bailando en un bar capitalino.