-Conduce Maru el gasto sin presiones ni chantajes

-Apuesta Apollo Silver por ejido Benito Juárez

-Licenciatura de UACH en Texas

“La Beba ya se fue de vacaciones desde hoy...”, decían los mensajes en algunos chats, el martes por la mañana, de quienes observan de cerca la pobre labor del Poder Judicial del Estado, abandonado en su función sustancial de administrar justicia y extraviado en su conducción política.

La referencia era a la magistrada Hortensia García Rodríguez, cuya foto al avanzar por el pasillo de un avión (puede verse en la edición digital de GPS) daba marco al comentario crítico porque, recién instalado en su nueva era a partir de septiembre, todo el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya disfruta de dos semanas completas de vacaciones, enriquecidas con jugosos aguinaldos y bonos de fin de año.

Al desparpajo de comenzar vacaciones antes de la fecha oficial, que será en unas cuantas horas, debe sumarse el derroche de dinero, que no pasaron por alto esos mismos observadores del aparato de justicia estatal.

La magistrada titular de la Tercera Sala de lo Penal, más conocida por ser la que le dio el beneficio de la libertad al exgobernador César Duarte, fue captada con bolsa Gucci-Adidas que las ofertas en internet cotizan en más de 27 mil pesos, y con una chamarra Burberry, de casi 20 mil pesos cuando está de rebaja.

Las prestaciones de fin de año, el ahorrito judicial y alguna entradita extra de dinero le pueden dar a la magistrada García para irse a cualquier parte del mundo, incluso en días hábiles para la justicia... hábiles en otros tribunales que no sea su abandonada sala.

¿Cómo no va a adolecer el Poder Judicial, los juzgadores en general, de esa mala imagen previa y posterior a la gran reforma constitucional promovida dizque para combatir la corrupción y acabar con los privilegios en el sistema de justicia?

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Lo ocurrido el martes en la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia no admite matices ni justificaciones.

La magistrada Cristina Campos, quien actúa como si la presidencia del Tribunal ya le perteneciera, consumó una decisión que confirma lo que desde su llegada era un hecho anunciado: la eliminación total del personal que no responde a sus intereses.

A solo días de Nochebuena, fue despedida y enviada al Órgano de Administración Judicial la doctora en Derecho, Daniela Areli Torres Porras, quien posteriormente fue liquidada.

El acto se realizó de manera fulminante, sin diálogo y sin consideración institucional, consolidando una práctica de desplazamiento sistemático que la magistrada ha ejercido desde que asumió el control de la Primera Sala Penal.

No se trató de una reestructura administrativa, sino de una purga laboral. Desde su arribo, Campos dejó claro que la sala debía ser desalojada como si se tratara de una propiedad privada y no de una instancia del Poder Judicial.

Las presiones, el hostigamiento y la incertidumbre laboral fueron el método; el despido, la consecuencia inevitable. Así andan por distintos rumbos los nuevos dueñ@s del Poder Judicial.

Este episodio deja un mensaje claro para todos los trabajadores judiciales: nadie está a salvo. Si este es el comportamiento de una magistrada sin la presidencia formal del Tribunal, el escenario que se avecina en caso de alcanzarla resulta alarmante.

La visión que se impone no es la de un Poder Judicial fuerte e independiente, sino la de un aparato personal, sostenido por lealtades ciegas y conveniencias.

Lo sucedido el martes no es un rumor ni una interpretación: es un hecho consumado.

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El debate por el Paquete Económico 2026 trajo hechos inusitados como la protesta empresarial en el Congreso del Estado -adornada hasta con pancartas fosforescentes, rechiflas y la postura de una facción morenista extrañamente coincidente con la iniciativa privada-, pero también dejó claro que la gobernadora Maru Campos es la que conduce el gasto público más allá de presiones y chantajes.

El resultado de la discusión al final del día fue la aprobación de las propuestas fiscal, de ingresos y egresos, tal como las había planteado hace dos semanas el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

Esto no fue una casualidad sino el producto de una compleja operación política. Las planeadas ausencias de las diputadas Irlanda Márquez, Rosana Díaz y Edith Palma, del PT y Morena, fueron el detalle de política práctica que puso de relieve la capacidad operativa del equipo estatal de Maru.

Pero más allá de eso, el paquete de ingreso-gasto refleja disciplina, prioridades claras y una estrategia bien armada desde el Ejecutivo. Salud, seguridad, educación y obra pública se mantienen como ejes centrales, pese a un contexto económico complicado y a presiones externas que buscaban modificar el equilibrio de las finanzas.

Durante los últimos días fue vendida la idea, desde casi una veintena de organismos empresariales, de que el incremento de cargas fiscales y otros temas serían un golpe al sector productivo e irían en contra del crecimiento estatal; eso justificó algunos intentos de desfondar el paquete económico.

Sin embargo, la operación política ordenada y efectiva, con el debido sustento en los datos financieros y la situación general de la entidad, llevaron a contar otra historia con la aprobación del Congreso del Estado del paquete económico.

La validación legislativa, prácticamente sin moverle una coma a los proyectos, no se quedó únicamente en dotar al gobierno de su plan financiero, sino que mandó el mensaje de que la administración estatal tiene control político y capacidad de interlocución, además de un rumbo definido para los casi dos años que restan de gestión.

Asimismo, Campos Galván demostró que tiene capacidad para defender su proyecto financiero, construido sobre las ruinas que le dejó su antecesor, y que no gobierna a golpes de presión ni del chantaje.

Ese ejercicio del poder, con mucho diálogo, pero con límites; con debate, pero con la conducción política necesaria para concretar, dejó en claro que la agenda del estado se define en Palacio de Gobierno, no en cualquier otra parte.

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Una noticia económica relevante, que corre entre los conocedores del mercado de los metales preciosos, es la apuesta de la empresa Apollo Silver Corporation por la activación de un importante proyecto minero en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

Algunos datos preliminares hablan de una inversión inicial de 100 millones de dólares, así como otros 600 en construcción y desarrollo, cifra significativa en una región de Chihuahua con problemas de desempleo y falta de oportunidades.

Es sin duda una esperanza para cientos de familias que enfrentan la adversidad económica y los desafíos que impone la vida en esa porción semidesértica del estado, donde, como en casi toda la entidad, hay que arrancarle frutos a las entrañas de la tierra para subsistir.

Sin duda es una buena nueva esperanzadora que contradice a quienes sólo ven nubarrones en el panorama económico estatal.

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El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera Campos, culminó el año académico en Ciudad Juárez con una agenda que mezcla la convivencia, la supervisión interna y la proyección internacional, dejando claros los cimientos para el próximo ciclo 2026.

Su visita comenzó con el tradicional espíritu de las posadas, fortaleciendo lazos con dos pilares de la comunidad universitaria: los periodistas de la frontera por la mañana y el cuerpo docente de la Facultad de Derecho del campus juarense por la tarde.

Sin embargo, el movimiento más significativo de su gira ocurrió en la parte texana. El rector aprovechó para cruzar a El Paso y sostener una reunión con su homóloga, Heather Wilson, presidenta de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Supimos que el diálogo fue sustancial: la titular de UTEP solicitó la colaboración de la UACH para, en un futuro, implementar una licenciatura en sus instalaciones.

Ese proyecto podría ser la apertura de la licenciatura en Derecho de la UACH en suelo texano.

Eso representaría un logro histórico en la internacionalización de la oferta educativa de la universidad chihuahuense.

Así, la visita del maestro Rivera Campos a Juárez fue mucho más que un cierre de ciclo. Fue una demostración de una gestión que, mientras consolida lo interno, ya está tejiendo alianzas ambiciosas que expanden el horizonte de la UACH más allá de la línea fronteriza.

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Vaya rapidez con la que corren las noticias en redes sociales.

Ayer se trató del puente atirantado que la alcaldía construirá en prolongación Teófilo Borunda. Por ahí gritaron que sería pospuesto el inicio de la obra.

Resultó teléfono descompuesto que aprovecharon muy bien los opositores al progreso. Únicamente cambió la fecha del arranque de la obra.

Del miércoles 17 se pasó al viernes 19 por cuestiones de logística. La intención es evitar caos vial.

Seguramente corría entre algunos el ansia de capitalizar esta fake news para llevar agua a su molino pero que el puente de que se hace, se hace.

Y no solamente porque quiera Marco sino porque lo exigen los vecinos de El Reliz para desfogar el tráfico.