Hace unos días, con motivo de la corrupción, del enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes y altos funcionarios públicos gubernamentales, escuche decir a unos adolescentes alumnos de bachilleres, lo siguiente: ¡Qué caso tiene, que algunos de ellos sean encarcelados por la voracidad del dinero, por robarse el dinero del pueblo, cuando tienen sueldos muy altos, que ya quisieran ganarlos algunos de los ricos empresarios o sus gerentes!
Obviamente, se referían a la re-aprehensión y traslado a la cárcel de máxima seguridad del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, del exgobernador César Duarte Jáquez. Conversación entre estudiantes —que, sin querer, queriendo— seguí escuchando, considerando mis años dedicados a la docencia; pero además, porque me levantó el ánimo el constatar que nuestros niños y adolescentes, de vez en cuando se interesan y se preocupan por los asuntos que se presentan en el ámbito de los tres niveles de gobierno. Ponderables y alentadores comentarios de esos estudiantes, que centralmente coincidieron en la necesidad de combatir de verdad la CORRUPCIÓN en todos los ámbitos sociales, económicos y ‘políticos’, en el estado y en todo el país. Concediéndoles toda la razón, la realidad cotidiana de esa aparente acción punitiva del Estado mexicano y su sistema penal en contra de la CORRUPCIÓN y la IMPUNIDAD. Desafortunadamente —sustenta, el abogado e investigador argentino Juan S. Pegoraro— que la corrupción dejó de ser un hecho casual o contingente de la vida pública y la reacción de la autoridad, de la JUSTICIA, ha sido insuficiente o escasa para combatirla. Así, se impone cada vez más incursionar en otros ámbitos de las ciencias sociales en la búsqueda de una explicación a este fenómeno que parece poder escapar de su sola aprensión en el ámbito de lo jurídico-penal. Que lo anterior indicaría que la corrupción interactúa o se entrelaza con múltiples instancias de la vida social, surgiendo así la hipótesis central que sobrevuela esta presentación: EN LA ACTUALIDAD, LA CORRUPCIÓN ES UN FENÓMENO SOCIAL COMPUESTO POR EL DELITO Y LA IMPUNIDAD DE SUS ACTORES. En ese contexto —abunda, Juan S. Pegoraro—, se trataría de un fenómeno social complejo, ya que la corrupción se presenta no sólo como episodios más o menos frecuentes, sino está acompañada de la INMUNIDAD de sus ejecutores y de una impunidad ligada a la actividad/no actividad del sistema penal. Por ello, es insuficiente abordar este fenómeno [cáncer social] desde una óptica sólo jurídico-moral; se requieren explicaciones de la sociedad o el ordenamiento social en su conjunto, así como de las instituciones que lo hacen posible y lo reproducen. Enfatiza: Estoy así sugiriendo que se trata de dos problemas: la corrupción y el fracaso del sistema penal [¿o corrupción de los diversos juzgadores?]. Y como investigador-estudioso y conocedor de la realidad de los EUM, específicamente desde la década de los 80 del S. XX, Pegoraro, afirma: “Para referirse a la corrupción, es necesario considerarla en el contexto actual del CAPITALISMO GLOBALIZADO, lo cual implica pensar de manera no tradicional las características y la permanencia de este fenómeno en la sociedad moderna. “Este es el desafío: la persistencia del fenómeno, y paralelamente, el fracaso del sistema penal para terminarla, reducirla y, aún, para prevenirla. Se trata de un fenómeno dentro de un orden social y, por lo tanto, para explicarlo hay que ir más allá de la definición legal y del funcionamiento del sistema penal”. Había que reflexionar —sugiere el citado investigador—, en cómo funciona el Derecho penal, más que en lo que dice el Derecho penal, y en cómo funciona la Norma, más que lo que dice la Norma. Subrayando: Como sabemos, el Derecho penal se expresa a través de la política penal, a partir de instituciones y personas que median la ley penal y la traducen en POLÍTICA PENAL, que en la realidad PERSIGUE a unos y TOLERA o AMPARA a otros. Considerando la conversación de los precitados jovencitos y de la generalidad de la ciudadanía y/o del pueblo, citamos la clásica definición de corrupción de Gian Franco Pasquino: “Se designa así al fenómeno por medio del cual un FUNCIONARIO PÚBLICO es impulsado a actuar en modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. CORRUPTO es, por tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un rol en la estructura estatal”. En ese tenor, el sentir generalizado de la ciudadanía, de la población toda, incluyendo un sector importante del universo escolar-estudiantil, es en el sentido de que “no deben seguir pagando justos por pecadores”; que es muy injusto que paguen los subordinados hasta con cárcel, la corrupción y el tangible enriquecimiento ilícito cometido por sus jefes inmediatos (presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, así como demás funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial y del Legislativo). Porque, sobresalientemente en el gremio de la burocracia, incluyendo a los “empleados de confianza”, ‘tajantemente’ se les ordena acatar y cumplir con las instrucciones o lo dispuesto por sus superiores, aun a sabiendas de que no son correctas o legales; y que van en contra de los intereses de la sociedad, del pueblo. Reconozco que no he investigado si en la ONU y otras organizaciones internacionales se suscribió el siguiente ordenamiento: Los empleados subordinados, ya sean en el gobierno o en la milicia, NO ESTÁN OLIGADOS A CUMPLIR ÓRDENES SUPERIORES DE CARÁCTER DELICTIVO O MANIFIESTAMENTE ILEGALES. De hecho, existe el DEBER LEGAL de DESOBEDECER dichas ÓRDENES. Por cierto, algunos (as) “representantes populares” sin distinción de partido que los postuló, “reciben muy buenos billetes” por votar a favor o en contra de tal o cual iniciativa o propuesta del gobernador o gobernadora en turno. ¿Será corrupción?