-Kepler, el otro pendientito de Duarte

-Ahora demandan mejor precio para el frijol

-Maru se quita una carga

Durante la campaña para ser magistrada de Disciplina Judicial, Nancy Escárcega, esposa del diputado dirigente de Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez, subía videos a redes sociales presumiéndose incorruptible e implacable en la observancia y aplicación de la ley.

Con un discurso y propaganda muy ligado al estridente marketing político naranja, por obvias razones, hablaba de que “la justicia no pacta con el mal”, de tener carácter para no doblegarse ante la corrupción y convicción para, según ella, ayudar a las víctimas de la injusticia.

Pasados los meses de campaña, los videos que intentaban ser sobrios y propositivos -plagados de ideas vagas del propagandismo político hueco- pasaron a convertirse en materiales de comedia, voluntaria o involuntaria.

La transformación de sus videos, del intento de seriedad a una caricatura en busca de validación a través de la burla, se dio al tiempo en que el nombre de la magistrada pasó de relacionarse con la idea de “la esposa de Pancho” al de “la hermana del secuestrador” Edgar Herman Escárcega Valenzuela, beneficiado con un régimen de semilibertad, a pesar de tener en su cuenta dos sentencias por plagio por cerca de 50 años de cárcel.

Es extraña la mutación en medio de esa polémica de la magistrada, cuya llegada al cargo en septiembre coincidió con el beneficio a su hermano, otorgado de forma indebida por el juez de Ejecución de Penas, Luis Carlos Erives Fuentes. La mano negra tan evidente mantiene atorado el caso, una vez que le fue revertida la semilibertad tan sospechosamente otorgada.

Ahora, los videos de Escárcega Valenzuela son un catálogo de vanidades y banalidades, que revelan una personalidad clasista o, cuando menos, dispersa, apenas para el nivel de glamour del Tribunal Superior de Justicia del Estado que, en cuatro meses de su nueva conformación, no ha dado señales favorables del cambio prometido por la reforma judicial.

Dejamos en versión digital de GPS una de las últimas grandes producciones de la hermana del secuestrador.

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El caso de una supuesta facturera asentada en Puebla, denominada Kepler, es otra causa penal que persigue al exgobernador César Duarte, la cual pudo quitarse de encima, al menos en la justicia estatal, en la gestión anterior del Poder Judicial.

Esa causa, que vale 129 millones de pesos, llevó a una condena de prisión al supuesto empresario detrás de la misma, Germain Lezama, pero involucró también los nombres de los exadministradores de Hacienda del Estado durante el duartismo, Gerardo Villegas Madriles y Carlos Hermosillo (que en paz descanse), como operadores de una supuesta oleada de transferencias indebidas de recursos públicos.

También apareció Kepler en las acusaciones que enfrentó Jesús Manuel Esparza, el duartista exauditor superior del Estado, quien lavaba con Cloralex y planchaba con almidón las cuentas del Ejecutivo, pero se olvidó de darle el mismo tratamiento a las propias cuando encabezó la fiscalización estatal.

El caso Kepler vuelve a cobrar vigencia -según algunos bien empapados del tema en la Fiscalía General del Estado- porque fue la primera causa penal por la que Estados Unidos validó la excepción al principio de especialidad del Tratado de Extradición con México, ese que prohíbe hacer nuevas imputaciones a una persona extraditada, además de las que motivan la entrega de un acusado de un país a otro.

A punta de amparos y otros amarres en la justicia estatal, Duarte Jáquez logró frenar la acusación por la facturera, quedándose únicamente con la causa que lo mantenía sujeto a proceso, pero en libertad, antes de ser detenido por la Guardia Nacional y enviado al Cefereso del Altiplano, por la imputación de lavado de dinero que ahora enfrenta en el fuero federal.

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Aunque la 4T pretenda echar tierra, literalmente, a la nueva Ley de Aguas, todavía no se resuelve el tema de los precios de garantía para los granos básicos.

El gobierno libró las protestas de agricultores del centro del país por le exigencia de mayor apoyo para el maíz blanco, pues ahora vienen los agricultores del noroeste de Chihuahua, con el asunto del frijol.

No debiera minimizarlo el gobierno federal. Fueron justamente productores temporaleros de la sierra los que paralizaron a la entidad a finales de los ochenta, cuando aún gobernaba Fernando Baeza.

Durante el pasado miércoles, campesinos de Namiquipa tomaron simbólicamente la caseta de la autopista Cuauhtémoc-Chihuahua, donde permitieron el paso libre y pidieron a los automovilistas adquirir un costal de cinco kilogramos en 150 pesos.

El dirigente de El Barzón en Namiquipa, Yurem Ortiz Varela, informó sobre la protesta y demandó al gobierno federal que aumente el acopio de frijol, a precio de garantía de 27 pesos, en Chihuahua, ya que los intermediarios quieren pagar únicamente 11 pesos por kilogramo.

La intención es permanecer en ese punto hasta que logren comercializar al menos 30 mil toneladas. “Ningún gobierno, ni el federal o estatal, han hecho algo por nosotros”.

En tanto esto ocurría, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y funcionarios de las secretarías de Agricultura y de Gobernación alistaban una mesa de trabajo para presentar un nuevo modelo agroalimentario, según Heraclio “Yako” Rodríguez.

Las reuniones quedaron formalizadas desde noviembre en las oficinas federales de Gobernación de la ciudad de México,. Mal o bien, chueco o derecho, fue un asunto al que los gobiernos neoliberales, particularmente el PRI, siempre estuvo atento. Ahora le toca a la 4T entrarle al toro por los cuernos, si no quieren otro problema de bloqueos en Chihuahua.

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Después de la tempestad viene la calma, y es lo que parece acontecer algo tras la detención de César Duarte, porque los que estaban extasiados con la noticia podrían ya no estarlo tanto, y justo a la inversa, a los preocupados se les abre el panorama.

Para la gobernadora, Maru Campos, debe representar un alivio que el último mandatario estatal priísta deje de ser una “papa caliente” en su tierra, porque era el pretexto perfecto del morenismo para ataques que se remontan al cuartel de Javier Corral.

Los delitos por los que ahora Duarte está siendo procesado en Almoloya de Juárez son del ámbito federal. Se trata de recursos que venían etiquetados y que se desviaron para enriquecimiento personal y/o uso electoral, aunque aún faltan 18 carpetas en proceso.

La administración estatal, por su parte, cumplió con darle puntual seguimiento al proceso y tan es así que la causa penal por el desvío de más de 96 millones de pesos fue formalmente imputada por el Ministerio Público local en junio de 2022, cuando ya gobernaba Maru.

Aquí lo interesante sería saber por qué se cayeron, una tras otra, las denuncias del corralato contra exfuncionarios duartistas, de tal modo que ahora todos andan libres y felices.

Como sea, para efectos prácticos la voz cantante en el asunto lo lleva, desde el lunes, la Fiscalía General de la República y por ende el asunto no será tan relevante en Chihuahua.

El otro tema, para nada menor, es que Javier Corral salió raudo y veloz con varias entrevistas para colgarse la detención de César Duarte, en un afán de desviar la atención de que, a su vez, tiene cuentas pendientes con la justicia local.

Aunque ha querido aprovechar para seguir torpedeando a la administración estatal actual.

Por eso el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, lo retó a que venga a Chihuahua sin fuero y sin escoltas.

Si Ernestina Godoy es tan dura como parece que sí lo es, en estos momentos debe también estar concentrada en que desde Estados Unidos extraditen al secretario de Hacienda corralista, Arturo Fuentes Vélez.

Por eso le interés estará centrado, no en lo que pasó, sino lo que viene. El fin de la historia aún está lejos de escribirse, en una de estas hasta dos exgobernadores se juntan en El Altiplano.

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Lo que ocurrió ayer en la sesión ordinaria de Cabildo, muestra una agenda que Marco Bonilla ha construido en temas de rendición de cuentas con acciones como las verificaciones de evolución patrimonial a los servidores públicos, un portal de denuncias ciudadanas contra policías que abre la puerta a la vigilancia social, y una reforma profunda al Código de ética municipal.

A esto se suman mecanismos poco comunes en el ámbito municipal del país, como la certificación ISO 37001 Antisoborno en las contrataciones del Municipio y la consolidación del programa de Observador Ciudadano.

Y justo ayer se sumó otra herramienta más, la instalación del primer Consejo Anticorrupción del Municipio de Chihuahua, un órgano que trasciende administraciones y coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas.

Mientras en México en general la tendencia es desaparecer los organismos ciudadanos de transparencia el modelo que impulsa el Municipio no sólo busca prevenir abusos, sino reconstruir el vínculo entre gobierno y ciudadanos.