-Freno en TSJ manda asuntos hasta enero

-Roberto Fuentes y otras monedas en el aire

-Pinta escenario judicial caótico

Por motivos aún no muy claro, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) decidió dejar de publicar sus reportes mensuales sobre estadística vial en la capital, mismos que ofrecían datos relevantes sobre accidentes e infracciones.

Los informes, aunque no tenían nada de otro mundo, servían para analizar el panorama en una ciudad donde es cada vez más complejo transitar por el creciente número de vehículos y la cada vez más obsoleta infraestructura vial.

El número y tipo de percances viales, las causas de los mismos, la cantidad de víctimas fatales y lesionadas, las multas más recurrentes y el costo por daños eran parte de esta estadística que ahora la SSPE brindará previa solicitud, como si su difusión periódica pusiera en riesgo la seguridad nacional.

Los datos atañen a la Subsecretaría de Movilidad, donde a lo mejor están hasta el cuello de trabajo y no pueden perder su preciado tiempo en nimiedades de ese tipo; tal vez es mero desinterés por continuar con estas mediciones.

O quizá ya no quieren que se genere más ruido en esta área que ha sido cuestionada por el tema de los semáforos inservibles y mala señalización que seguramente no ayudan a mejorar la incidencia de choques y atropellos.

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Era sumamente complicado, por no decir imposible, que Roberto Fuentes pudiera tener oportunidad al recurrir la resolución que lo dejó sin magistratura.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) solo hizo lo que puntualmente ha venido reiterando una y otra vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de género.

No es suficiente la cancha pareja sino que cuando los resultados favorecen mucho más a una mujer en votos, debe inclinarse la entrega de constancias de mayoría por una especie de híper-paridad de género.

Mariela Salvador y Adriana Salcido tenían más votos que Fuentes y Saúl Camacho, por lo que debían contar con la asignación de Sala, para evitar que la paridad las perjudicara.

Así como fue infructuoso el recurso de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral, igual lo será recurrir ante el TRIFE, que es de donde salió el criterio.

No dudamos que habrá aún pataleo por parte del abogado panista, pero sus posibilidades son auténticamente escasas.

Por las mismas el tema de Rubén Aguilar, quien debería ser ratificado si no es que hay un lineazo de último momento, como ocurrió en la pasada sesión del 13 de agosto del Trife.

Podría tocarle la guadaña a Rubén, y a los otros magistrados impugnados, Gerardo Acosta y José Luis Chacón, pero eso se sabrá hasta que sesionen los togados y entren a revisar si las calificaciones de siete les bastan.

El antecedente es que en varios casos simplemente han resuelto que a ese tema no deben entrar los órganos jurisdiccionales ni administrativos electorales, porque son de estricta competencia de los comités de selección. Pero en otros si lo han hecho. La moneda está en el aire.

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El Consejo de la Judicatura confirmó esta semana lo que los abogados ya habían advertido: una suspensión total de los plazos y términos legales en todos los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con motivo de la llegada de los nuevos funcionarios que ocuparán estos espacios.

Aunque la suspensión será por una semana, lo cierto es que las actividades en el Poder Judicial están paradas desde tiempo antes, sobre todo en los puestos donde despachan jueces y magistrados en edad de jubilación.

La determinación de la Judicatura sólo vendría a formalizar lo que ya era usanza en el Tribunal en estos últimos meses y que tendrá efectos durante otros tantos más, porque no es sólo detener el trabajo unos días, sino aplazar la tramitación de muchos procesos.

Como ejemplo están los juzgados civiles, donde ya están informando que las audiencias serán hasta enero de 2026. Mientras abogados y justiciables quedan inconformes y en el limbo de la angustiosa espera.

No es nada más que la punta del iceberg, el primer obstáculo en el largo camino que será reconstruir el Poder Judicial y eso que aún falta ver cómo les va a los nuevos jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Ojalá el curso impartido por la UACh les haya ayudado, sobre todo a los que llegan "pollitos", o sea, sin ninguna experiencia jurisdiccional previa.

También queda por ahí pendiente el nombramiento de quienes se encargarán de dirigir el Órgano de Administración, en nuevo round de acomodos políticos, sin dejar de lado las impugnaciones por la revocación de candidaturas ganadoras por parte del Tribunal Estatal Electoral.

Sin ánimo de fatalismos, pero el escenario ya está pintando caótico, como muchos vaticinaban.

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La pandemia adelantó los procesos de digitalización de negocios y comercios, quienes no estaban ya en el comercio electrónico, terminaron por cerrar y quienes ya usaban el internet para vender pudieron sobrevivir a esta crisis económica en la que se convirtió el aislamiento y los cierres.

Es justo en respuesta a esta urgente necesidad de empezar a vender por internet, que la administración del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla ayer lanzó la Estrategia de Digitalización MIPYMES 2025, donde expertos en el tema del comercio en línea y posicionamiento de marca en internet, estarán llevando de la mano por el patrocinio del Municipio a los emprendedores, comerciantes y negocios que siguen ofreciendo sus productos de forma tradicional.

El alcalde Bonilla sigue empeñado en posicionar a Chihuahua como la ciudad más competitiva del país y sin duda el empuje que le da a los negocios para seguir creciendo y abriendo nuevos, abonará a que la capital se mantenga en el top de las ciudades con mayor calidad de vida, no sólo por los servicios públicos y seguridad, también por la confianza que tienen los empresarios para invertir aquí.