-PECUU en auxilio contra asesinos de Danna

-Pésele a quien le pese, hay Brighite hasta 2027

-Margina encuesta a los puros de Morena

A principios de mayo de este año, sorprendió en los alrededores de la zona industrial de la colonia Aeropuerto la construcción de una nueva gasolinera, en el cruce del bulevar Juan Pablo II y el periférico Vicente Lombardo Toledano, en contra esquina de donde ya existe otra.

En una clara contravención a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, fue autorizada otra estación de servicio sin cumplir con la distancia de mil 200 metros, como mínimo, establecida por la norma estatal.

La obra que al parecer arrancó por sus pistolas Servicio Leyva S.A de C.V, registrada a nombre de Gabriel Leyva en los documentos oficiales, generó una polémica por el incumplimiento de la norma; luego las autoridades de todos los niveles se echaron la pelotita, para que al final resultara que fue un permiso federal el otorgado discrecionalmente para su operación, pero sin oposición municipal ni estatal.

Así, las autoridades locales se excusaron de intervenir porque supuestamente era tema de regulación federal exclusiva, pretexto que -dicen los expertos en leyes- han puesto en charola de plata los gasolineros para “lubricar” a los municipios de varias partes del país, con el que fin de obtener permisos de las ciudades o cuando menos lograr que se hagan de la vista gorda.

Pues bien, tan vigente está esa polémica por la cantidad de estaciones de servicio desordenadas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver y publicar una tesis jurisprudencial (Tesis: 2a./J. 46/2025 /11a.), en la que básicamente ordena a los gobiernos locales a dejar de hacerse patos.

La resolución de la Segunda Sala de la SCJN, calientita porque fue dictada el ocho de agosto, con vigencia a partir del 11 de este mes, determina que las disposiciones locales o municipales que regulan la distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras son constitucionales.

Las normas locales entrañan una restricción orientada a la planeación y al desarrollo urbano y se sustentan en el interés público y la seguridad colectiva, sin que signifiquen una regulación de aspectos técnicos ni operativos en materia de hidrocarburos, cuya competencia es exclusiva de la Federación. Así de simple lo resolvió la Corte.

No hay pretexto, pues, para permitir que crezca el desorden. Si bien hay otros casos de estaciones que se han autorizado antes de las modernas resoluciones, ahora las autoridades locales no tienen para dónde hacerse ni cómo usar el pretexto de que las leyes locales son letra muerta ante los permisos federales.

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De nueva cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la tecnología que tiene con la Plataforma Escudo Chihuahua Capital conocida por todos como la PECUU, fue pieza clave para la ubicación de un vehículo y la detención de dos personas posiblemente vinculadas con el asesinato de la joven Danna.

Sabemos que por el debido proceso, la DSPM en muchos casos no puede mostrar a la ciudadanía los videos que captan las cámaras instaladas por toda la ciudad, pero en este terrible hecho, desde la Comandancia Norte, los analistas pudieron ubicar un objetivo prioritario como les llaman los analistas para ayudar a esclarecer este asesinato.

El alcalde, Marco Bonilla, ha repetido que una prioridad de su administración ha sido el uso de la tecnología para prevenir delitos.

En este caso, está ayudando para lograr la ubicación de los responsables, miembros del grupo delictivo La Empresa, con un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado; en específico, la Fiscalía Especializada de la Mujer.

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Algunos despistados morenistas que acusan parcialidad de Brighite Granados de la Rosa, dirigente estatal de Morena, toparon con pared cuando trataron de moverle el tapete después de aquel comentario que le generó un desencuentro con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

La lideresa guinda expresó hace unas semanas que la influyente responsable de los programas sociales federales no tenía residencia en Chihuahua y por lo tanto no podría ser candidata a gobernadora, mensaje que provocó divisiones internas en el partido y la acusación de que no era un árbitro imparcial para la contienda interna para la elección de candidato a gobernador de 2027.

Por ello, con miras al Consejo Nacional de Morena algunos hablaron hasta de pedir su remoción del cargo, como si desconocieran que está en firme su dirigencia hasta 2027, recién ratificada por los órganos nacionales, que no quieren sacudir los estados en medio del próximo reto electoral que tienen en puerta.

Más allá de que tenga o no Granados su corazoncito entregado a alguno de los proyectos estatales vigentes, su dirigencia no está puesta en duda y menos a la luz de las metas técnicas del partido, enfocado en crecer su militancia en el estado hasta casi los 300 mil activos por toda la entidad y en el funcionamiento de sus comités seccionales que han comenzado a instalarse.

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Por cierto, en las filas morenistas cuestionan la medición de la encuestadora Rubrum, no tanto por la ventaja que otorga al PAN en la capital del estado, una realidad ineludible, sino porque considera para medir a advenedizos, arribistas y oportunistas guindas como posibles candidatos a la alcaldía.

La agencia únicamente considera como potenciales aspirantes a expriistas, expanistas, exverdes y exnaranjas (Brenda Ríos, Marco Quezada, Miguel Riggs, entre otros), pero a ninguno de los puros de Morena, de los fundadores, que ya quieren ir por todas las canicas, después de ceder espacios de poder a los recién llegados.

Creen que a lo mejor no es un simple error sino el cuchareo habitual de las encuestas previas a las elecciones, pero, insisten, la realidad política al interior de Morena es diferente a la que pintan esas fotografías.

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Varios políticos de Morena no tuvieron que esperar al 1º de septiembre a que entrara el nuevo Poder Judicial para denunciar penalmente o amenazar a las y los activistas y periodistas por supuestos actos de difamación o incluso violencia política de género.

Desde la gobernadora Layda Sansores de Campeche, su homólogo de Puebla, hasta Dato Protegido como se conoce a la diputada federal petista sonorense, hasta Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que sigue viviendo en México pero no ha aclarado sobre su solicitud para cambiar su nacionalidad a española, lo que circuló en mayo de este año y en ese entonces no dijo nada.

Pues resulta que no sólo son los de Morena. Ahora saltó a la palestra pública la próxima jueza de lo penal en Chihuahua, Silvia Rocío Delgado García, quien acusa al activista Miguel Alfonso Meza, por supuestamente haberla exhibido como ex abogada de uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo”, Guzmán.

Lo extraño es que la propia abogada se hizo viral por sus declaraciones al reconocer que, en efecto, había sido defensora del famoso capo, por lo cual incluso posiblemente ganó incluso sin necesidad del acordeón.

Pero lo más grave, según la acusación del activista, presidente de la asociación “Defensoresxc AC” y vocero de los juzgadores opositores al relevo en la Suprema Corte, es que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no sólo le proporcionó datos personales que se integrarán a un expediente de más de 800 hojas, sino que inició la investigación.

Hay que tomar cautela del caso, porque Meza ya había sido denunciado por Luis Castañeda Palacios, aspirante a juez con supuestos antecedentes de acoso sexual, pero esto fue desestimado por el INE el 24 de junio.

Y por otro lado, que aún falta la versión del INE de Chihuahua, que hasta el martes 19 no se había pronunciado al respecto, no obstante la conversación en medios nacionales y redes.