La de esta semana no es la primera alerta de viaje de Estados Unidos a México ni será la última, pero sí la única que suma el riesgo de ataques terroristas tras la designación de los cárteles, que operan a sus anchas en amplias zonas del país, como organizaciones en la violencia criminal para el manejo de sus negocios.
La actualización del mecanismo norteamericano tiene un indudable componente político, como siempre, pero especialmente ahora cuando, con sobrada arrogancia, el presidente Donald Trump presume que México hace lo que él dice, mientras usa todas las armas a su alcance para una guerra multidimensional (comercial, política, económica y militar) más allá de sus fronteras, donde siempre son sus batallas. Pero este sesgo impreso con la disruptiva segunda administración de Trump no le resta gravedad al fuerte llamado de atención a los mexicanos sobre sus gobiernos federal, estatal y municipal, estos últimos puestos bajo un gran reflector con la nueva alerta, con la característica particular de señalar localidades concretas al detalle. Hace más de una década, en 2012, avanzados en los peores tiempos de la violencia y tras el arresto de José Treviño Morales, uno de los líderes de “Los Zetas”, EU emitió una de sus primeras alertas para México, pero específica para el estado de Tamaulipas, con el consejo de posponer viajes no esenciales y evitar ciertas ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Hasta entonces fueron generalizándose los avisos preventivos norteamericanos, dirigidos como consejos a sus ciudadanos y órdenes a su burocracia, o al menos así eran disfrazados los verdaderos jalones de orejas del vecino a los gobiernos incompetentes mexicanos que han producido el PRI, PAN y Morena. En el historial del Departamento de Estado aparecen también alertas de 2018 entre los niveles dos y cuatro; otras durante 2020 y 2021, en las que la protagonista era la pandemia de Covid 19, pero también el crimen en general y los secuestros en unas cuantas entidades, entre ellas Chihuahua, Sonora, Guerrero y otras. Las últimas alertas antes de la de 2025 abarcaron, en 2022, los estados de toda la frontera norte de México en un estatus similar; y en 2023 nomás alcanzó de nuevo a Tamaulipas (todavía le dicen “Mataulipas”), cuando el locuaz morenista Américo Villarreal consolidaba su gobierno en medio de la violencia.***
En el caso de la ciudad de Chihuahua, hoy desaconseja Estados Unidos el viaje con un nivel alto de advertencia, el tercero de cuatro posibles; es el “nivel Mataulipas” de los tiempos de “Los Zetas” y el oportunista mercenario Cártel del Golfo, pionero en los actos que hoy tienen la demasiada amplia definición de narcoterrorismo.
La alerta actual pinta de rojo los distritos policiales Morelos, Villa y Zapata, tres de los cinco existentes en la ciudad. De esta forma, apenas considera medianamente seguros los distritos Diana y Colón, la zona de mayor poder adquisitivo de la capital y el sector que concentra la gran actividad manufacturera, respectivamente. Cada distrito es identificado a partir de las estatuas que tiene instaladas (José María Morelos, Pancho Villa, Emiliano Zapata, la Diana Cazadora y Cristóbal Colón), lo que hace fácil ubicar geográficamente los riesgos en la capital, observados desde el extranjero y reflejados en la información casi diaria de ejecuciones y otros crímenes, por más intentos de esconder o disimular algunas condiciones graves de inseguridad. Aunque algún secuestro sea maquillado como agresiva técnica de cobro de deudas; aunque los robos violentos de vehículos traten de asentarse como si ocurrieran fuera de la capital y se oculten levantones de enfermeros que luego aparecen en Parral, más por obra de Dios que de las autoridades, la realidad es tan visible tanto en la Campesina como en San Felipe; tanto en Texas, Arizona y Colorado como en Washington. Desde una visión crítica, a la advertencia le faltó integrar información de inteligencia aparte de los datos evidentes y públicos. Así EU podría dar cuenta de complicidades políticas y de corporaciones de seguridad con el crimen, que quedan en evidencia con los presupuestos públicos para este renglón, los cuales parecen crecer casi al mismo ritmo de la actividad criminal, por más que insistan en que los recursos son para combatir el crimen. Las corporaciones policiacas en las nóminas de los grupos criminales y la pasividad, sino es que complicidad, de los políticos de los más altos niveles, no deben ser ignorados por un gobierno territorial, expansionista e intervencionista como el de Trump. No mencionarlo en la alerta, pero hacer alusión constante a la entrega del gobierno de México a los grupos de la delincuencia organizada, es señal clara del manejo político de este mecanismo que, como dijimos, pone el dedo en localidades de forma muy específica, entre ellos varios puntos de Chihuahua.***
Así como las alertas estadounidenses han repasado desde los territorios del Cártel de Sinaloa hasta los del Cártel Jalisco Nueva Generación y desde los viejos “Zetas” hasta “La Línea” y demás, la actual da un recorrido por el estado nada novedoso, pero sí muy ilustrativo de la percepción que existe del país en el extranjero.
El nivel tres, con el consejo de reconsiderar el viaje por Chihuahua, se basa en dos motivos claramente identificados, que al parecer los habitantes de la entidad han tenido que aprender a normalizar. Uno es la persistente “delincuencia violenta” reflejada en “homicidios dirigidos, frecuentes enfrentamientos entre grupos criminales, incluso en lugares públicos como restaurantes y centros comerciales durante el día”; así nos observan desde fuera, ni modo de cerrar los ojos a esa realidad. El otro motivo está más focalizado en Juárez, hasta donde sabemos, pero el Departamento de Estado de EU lo generaliza a toda la entidad; es el de los secuestros, el “kidnapping de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (LPRs)”, delito que en México tiene otras variantes por la misma naturaleza de la actividad delincuencial, aunque básicamente corresponde a privar de la libertad a una persona por la razón que sea. A Juárez y Chihuahua se le suman ciudades y corredores amplios del territorio estatal: Ojinaga, donde recomienda el acceso por una sola vía, la que viene de Presidio, Texas; y Palomas, Casas Grandes, la zona arqueológica de Paquimé, entre otros puntos de la región, la capital nacional de los narcopanteones. A la alerta le podríamos agregar fácilmente buena parte de la Sierra Tarahumara, especialmente Guachochi y Guadalupe y Calvo, además de Madera, Guerrero, Bocoyna, Urique y otros tantos, donde el único gobierno existente no es azul, tricolor ni guinda sino uno rojo intenso que deja como marca el crimen. Otros puntos críticos del territorio mexicano no deben ser de mucho interés estadounidense para únicamente presionar por sitios específicos de los gobiernos locales grandes, que serán muy aguerridos cuando se trata de evaluar la estrategia federal o estatal en seguridad, pero se hacen los occisos cuando la realidad los desnuda.***
Estados Unidos, Trump en particular, parece ser la única oposición política que tiene la 4T de México, porque el PRIAN está despintado y la derecha no para de hacer el ridículo con sus sistemáticos ataques al oficialismo, que mezclan algo de ideología con fake news y trilladas estrategias fallidas que a nadie convencen.
Pero luego sale el presidente norteamericano con golpes estratégicos a gobiernos, golpes que van más allá del morenismo dominante. Y la clase política nacional, indignada sin importar el partido, sale a responder al unísono que no es para tanto, en un intento pueril e infructuoso de ocultar, de minimizar lo que salta a la vista. Que si la alerta pega o no al turismo o que si los estadounidenses la toman como una llamada a misa o un pronóstico del tiempo, no debe ser el motivo de discusión en México, golpeado tanto en su nivel más poderoso de gobierno, el federal, como el más básico y cercano a la gente, el municipal, el que tiene más policías en sus ciudades más pobladas. Lo verdaderamente importante es que la administración estadounidense tiene razones y motivos de sobra para exhibir a México presionándolo para que, como dice Trump, el país haga lo que diga el vecino que debe hacer, por más resistencias y discursos patrioteros. El tráfico de fentanilo y otras drogas; la violencia inherente a la actividad criminal, que rebasa a los grupos en disputa y alcanza niveles de terrorismo; la pérdida de amplias zonas del territorio nacional sometidas por la delincuencia organizada, son factores que fundamentan la alerta que abarca 30 estados del país. El narcogobierno en todos sus niveles, además, ha sido señalamiento recurrente que se fortalece con las evidencias, lo que ha llevado a la cada vez más clara intervención estadounidense en México, sin necesidad siquiera de enviar batallones militares. No podría ser otra la estricta postura de EU sobre el país si en décadas los gobiernos mexicanos no han dado muestras claras de ganar su simulada batalla contra la delincuencia. Desde el crimen amafiado con el estado hasta el capo mayor como secretario de seguridad, en los gobiernos del PRIAN; desde la desvergüenza de los abrazos y no balazos hasta la entrega del territorio, municipio por municipio, a la delincuencia, dan justificación a cualquier intento estadounidense de intervenir en lo que ocurre al sur de su frontera.