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-Los millones mineros que no regresaron

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Es curioso cómo algunos personajes del escenario jurídico logran reinventarse con una rapidez que deja perplejos a los más atentos observadores de la vida pública. Tal es el caso de Julio César Jiménez Castro, quien, tras haber presidido el Tribunal Superior de Justicia durante un periodo del corralato, ahora se ostenta como afamado litigante penalista.

Dicen los abogados que quien lo escuche hablar podría pensar que siempre ha sido un faro de justicia y defensa impecable. Sin embargo, la memoria no es tan corta como él quisiera que lo fuera.

Jiménez Castro no es un abogado cualquiera. Su reputación, al menos en los círculos de la segunda instancia, lo precede. No por su destreza legal per se, sino por las conexiones e influencias que forjó durante su presidencia en el tribunal.

Ejerció un cargo que, no olvidemos, le fue conferido a través de la imposición directa del exgobernador Javier Corral, quien lo utilizó como un ariete en su cruzada política contra adversarios incómodos. Sirvió de tapete a la consejera de la Judicatura nombrada por el expanista, hoy morenista, Luz Estela "Lucha" Castro, pero en el camino también vio por sus intereses.

El cambio de cachucha de magistrado a litigante no es condenable en sí mismo. Muchos jueces hacen la transición con dignidad y ética. A lo mejor, en el caso de Jiménez, no le alcanza la dorada pensión de 150 mil pesillos por mes que le da el TSJE por su sacrificada labor como magistrado.

Lo que resulta particularmente perturbador es la manera en que Jiménez Castro parece moverse como pez en el agua dentro de las salas penales, donde sus contactos aún ejercen una notable influencia. Si bien es cierto que todos los abogados juegan alguna vez con el capital político y relacional que han acumulado, en este caso las señales son difíciles de ignorar.

¿Qué mensaje envía el sistema de justicia a la sociedad cuando un exfuncionario judicial, señalado por su participación en persecuciones políticas y otras transas, puede ahora ofrecer sus servicios como un litigante con acceso privilegiado a las decisiones de segunda instancia? ¿Acaso este acceso y relaciones son las que garantizan el buen destino de los casos de quienes lo contratan?

En un sistema judicial que debería funcionar con la transparencia como pilar fundamental, figuras como Jiménez Castro nos recuerdan que las sombras del poder político a menudo dejan huellas profundas en las estructuras que deberían proteger la imparcialidad.

No podemos olvidar el contexto de su designación ni el vergonzante, cínico e ilegal rol que jugó durante su mandato. Su presente como litigante penalista no puede desvincularse de su pasado como peón de la maquinaria política de Corral. Y eso, por más éxito que presuma, es un lastre que lleva consigo.

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Vence el plazo el día de hoy para que la fracción morenista intente una acción constitucional en contra de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que elevó el umbral de firmas para solicitar la revocación de mandato.

Con seguridad habrán de presentarla, porque han seguido al pie de la letra el librito; primero enviaron a los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana a hacer un panchito en agosto cuando se aprobó el dictamen en comisiones.

Tenemos el video tomado en aquella fecha, de los enviados por "Pichú" de la Rosa, todavía legislador morenista, tratando de impedir la iniciativa de reforma que es auténtica defensa propia de la elección de la gobernadora Maru Campos en 2021, donde no solo le ganó a Morena, sino al entonces titular del ejecutivo, Javier Corral, -prófugo y sancionado administrativamente- ya desde aquel entonces pintado de guinda.

Hace Morena chilar y huerto con las legislaciones constitucionales, secundarias y reglamentarias, y aquí ternuritas se asustan con una reforma para blindar el mandato constitucional de la gobernadora.

El tema por supuesto deberá llegar a la Corte, confiando en que les dará la razón a los Morenos, paradoja interesante, cuando a nivel nacional están descabezándola ellos mismos, pasando por encima de diversos principios, entre ellos la independencia judicial y la inamovilidad de ministros, magistrados y jueces.

Hoy sabremos entonces si realmente alcanzó Cuauhtémoc Estrada a meter el recurso jurídico para oponerse a la reforma a la ley de participación ciudadana, que ellos consideran regresiva en materia de derechos humanos.

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Hasta su desaparición, el Fondo Minero había generado cerca de 22 mil millones de pesos, de los cuales unos nueve mil millones fueron entregados a municipios de Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora y Durango.

El fondo subsiste, pero sin enviar dinero a los municipios mineros, como ocurrió durante los cuatros años en que funcionó, del 2014 al 2018.

Fue reformado dicho fideicomiso para que los dineros quedaran exclusivamente en la federación, bajo el argumento traído y llevado de la corrupción, pero sin abrir una sola carpeta de investigación por su manejo.

Por ejemplo, nada más Santa Bárbara, recibió del 2016 al 2020, ya en los estertores del fondo, la cantidad de 107 millones de pesos.

Ese dinero representa nada menos que los mismos recursos ejercidos por dicho municipio este año, etiquetado para inversión, lo cual representa una gran maravilla en materia de obra y desarrollo social.

De la federación este año solo recibirá algo así como 80 millones, que son los recursos que siempre ha recibido con la actualización ordinaria. Ahí están las leyes de ingresos en la página del Congreso del Estado.

Luego entonces los municipios salieron perdiendo, porque esos dineros del fondo minero no han regresado a las comunidades.

Es pendiente que tiene la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ahora que asuma el cargo.

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Hay muchísimos vacíos en la reforma constitucional en materia de elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Los especialistas en el tema, dentro del Instituto Nacional Electoral, están quemándose los sesos y las pestañas, tratando de encontrar la mejor manera de elegir a los funcionarios judiciales.

Uno de los problemas será el diseño de las boletas electorales, que no podrán ser del tamaño media carta e incluso ni mucho menos tamaño carta.

Deberán ser auténticos libros, para anotar los cientos de nombres, con un orden de prelación, conforme lo pide la modificación constitucional.

Y como no hay posibilidad de interpretación, conforme los mismos transitorios de la Reforma, debe estarse entonces al sentido literal.

Por ejemplo, donde dice que deberán anotarse los nombres de los ministros, el elector tendrá que, de su puño y letra, realizar la anotación.

Ya no será crayón entonces el que sea utilizado, sino una pluma para facilitar la escritura. Habría que imaginarse la lectura de cada nombre, con la letra que cada quien carga.

Aun pensando en que no debe escribirlo de puño y letra, sino marcarlo, serían muchísimas marcas, y con ello posibilidad de error.

El cómputo será un verdadero problema, con funcionarios electorales no expertos, sino ciudadanos convocados como cada año.

Ahora que el INE empiece a ver los huecos y que la legislación constitucional está tan específica, entonces tendría que venir una segunda reforma constitucional, para corregir errores.

En esta situación está el órgano electoral con sus asesores y expertos. Aquello de que las normas electorales deben estar noventa días antes de iniciado el proceso, quedo en evidente chiste, y pasó a segundo término.

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A la par que se diseña y construye el nuevo hospital universitario en el Campus II de la UACH, no estaría nada mal -incluso podría ser ensayo- que regrese el Hospital Central a la dirección de Medicina de la institución de educación superior, como estuvo bastantes años.

En ese modelo perdido en la administración del exgobernador César Duarte, la UACH tenía el liderazgo médico y el gobierno del estado el control administrativo, con lo cual se repartían las responsabilidades.

Ese esquema permitió que el Central fuera un hospital escuela de manera completa, dejando el manejo sustantivo en los médicos y los dineros con todo lo que ello significa en el Ichisal.

En la actualidad el gobierno carga con las dos responsabilidades, con todo lo que ello significa. Es escuela, porque tiene convenio, y los alumnos realizan servicio social e internado nada más.

Tal vez ese sería un buen paso a seguir, en el proceso de planeación con vistas a lograr el proyecto insignia del hospital nuevo.