Ciudad de México.- La violencia política en México ha sido un flagelo persistente que pone en riesgo la integridad de la democracia y la seguridad de los ciudadanos. Los recientes magnicidios y la violencia hacia los candidatos en las elecciones de 2024 subrayan la gravedad de esta problemática.
Los magnicidios, definidos como los asesinatos de figuras políticas de alto perfil, han dejado una marca indeleble en la historia reciente del país. La muerte de políticos prominentes no solo conmociona a la sociedad, sino que también desestabiliza el panorama político y genera un ambiente de miedo e incertidumbre. Estos actos de violencia buscan, en muchos casos, acallar voces críticas y obstaculizar el progreso democrático. Las elecciones de 2024 fueron particularmente violentas. Según datos del Etellekt Consultores, se registraron 117 asesinatos de políticos en el ciclo electoral 2023-2024, de los cuales 36 eran candidatos y precandidatos. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con ciclos electorales anteriores, evidenciando un deterioro en las condiciones de seguridad para quienes buscan ocupar cargos públicos. Esta situación llevó a muchos aspirantes a renunciar a sus candidaturas por temor a represalias, lo que afectó la diversidad y representatividad en las contiendas electorales. En varios estados, la violencia fue tan intensa que se tuvieron que desplegar fuerzas de seguridad adicionales para garantizar la realización de los comicios. El informe de Etellekt Consultores también señaló que, durante el proceso electoral, se registraron 850 agresiones contra políticos, incluyendo amenazas, secuestros y ataques físicos. Esta violencia no solo genera un clima de miedo e incertidumbre, sino que también afecta directamente la participación ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales. Este clima de violencia tiene un impacto profundo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el propio sistema democrático. La impunidad que rodea muchos de estos crímenes solo agrava la percepción de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 74% de la población percibe que la inseguridad ha aumentado, y un 55% desconfía de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Para abordar este problema, es fundamental fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la protección de los candidatos y figuras políticas. Las autoridades deben actuar con firmeza para investigar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, y se deben implementar medidas preventivas que incluyan la protección efectiva de aquellos que participan en la vida política del país. La violencia política no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también erosiona los cimientos de la democracia. La libre participación política es un derecho fundamental, y su ejercicio no debe verse comprometido por el miedo y la violencia. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto trabajar para erradicar este flagelo y construir un entorno seguro y democrático para todos los ciudadanos. La violencia política en México es un desafío urgente que requiere una respuesta integral y decidida. Solo a través de la acción conjunta y el fortalecimiento de nuestras instituciones podremos aspirar a un futuro donde la democracia no esté amenazada por la violencia y el miedo.