Fueron muy retadoras, hasta para el mismo grupo responsable de hacerlo, las narcomantas colocadas hace unos días en el puente peatonal del transitado Periférico de la Juventud, sobre la avenida Miguel de Cervantes, y en el que atraviesa la carretera a Juárez a la entrada del ejido Ocampo.
Fue una la inicialmente reportada, la que estaba en la zona urbana de la capital, pero más tarde, a unos cuantos kilómetros de la caseta de Sacramento fue reportado el hallazgo de la segunda. Ni un solo responsable detenido aunque haya cámaras de vigilancia casi pegadas a donde fue dejado al menos uno de los mensajes. Con el mismo mensaje, dirigido a los que “matan inocentes”, estaban hechas para exhibir o explicar de cierta manera el móvil de la última masacre registrada en los límites del municipio, cerca de la comunidad de Nuevo Delicias, en el seccional de El Sauz. La referencia al crimen con seis víctimas mortales -y dos heridos que por alguna razón los matones dejaron con vida- parecía confirmar lo que desde un principio era conocido, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que los muertos eran integrantes de otro grupo criminal. Como es sabido, la última masacre es atribuida al grupo de la "Gente Nueva" y sus variantes alineadas al Cártel de Sinaloa; las víctimas pertenecían a “La Empresa/La Línea” y estaban encargadas de “cuidar” la entrada a la población de Flores Magón, en el municipio de San Buenaventura, en el comienzo de la zona noroeste del estado. Semanas antes, el grupo antagónico, en intentos por penetrar a la capital del estado o disputar el territorio de la zona rural norte del municipio, había hecho de las suyas con los rivales, en la batalla por el control de los delitos comunes del crimen organizado en la región: tráfico humano y de drogas, además de robo de hidrocarburos de los porosos ductos de Pemex que cruzan la entidad. Desde el alto mando policiaco estatal y municipal de la capital el mensaje fue considerado excesivo por parte de la organización responsable de publicitar sus razones para tan cruenta actuación, dado que todo mundo sabe en ese bajo mundo quién se asume o presume como “dueño” de la capital y la protección de la que goza por parte de diferentes corporaciones. Porque una cosa son las ejecuciones y otra la propaganda. Ambas “calientan la plaza”, pero la presunción de los crímenes lo hace en mayor medida, dado que ponen el reflector sobre esas cabezas delincuenciales que caen en la tentación de ganar más fama y con ello exhiben sus debilidades.***
Antes de las narcomantas en Chihuahua, en Guachochi generó psicosis la irrupción de un grupo armado también con mensajes públicos e intensos “patrullajes” en la pequeña zona urbana del municipio serrano.
La evidente intención fue provocar el miedo en la población con la imposición de un toque de queda que hizo recordar aquellos violentos días entre 2008 y 2010, cuando en el sexenio de José Reyes Baeza todas las corporaciones fueron puestas de rodillas por el crimen. Como segundo objetivo de esa incursión delictiva, también evidente con el mensaje dejado, estaba el debilitamiento de Guadalupe L., alias “El Palapas”, mando criminal del grupo "Gente Nueva", sucesor de otro líder abatido en julio del año pasado, Melquiades Díaz, alias “El Chapo Calín”, descabezado, literalmente, en una emboscada en la que hubo otras siete víctimas mortales. Así anunció su llegada al relevo el otro jefe del mismo cártel, hasta ahora identificado como “El Cheyene”, cabeza de una facción ya empoderada en esa región. El fondo en esa pugna entre dos grupos de una misma organización fue el control de los negocios lícitos e ilícitos. Sí la producción, traslado y venta de enervantes, pero también el control de las cuotas, de la distribución de bebidas embriagantes, producción, traslado y venta de enervantes, entre otros, especialmente en el marco del Ultramaratón de los Cañones, realizado este fin de semana. Las narcomantas en Guachochi fueron, pues, el anuncio, el preámbulo de otra escalada de violencia de las que son recurrentes en los extremos serranos, tanto por las eternas confrontaciones entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, como por las batallas intestinas de los mismos, ya sea por estrategias de sus mandos dentro y fuera de Chihuahua, como por la volubilidad y visceralidad de sus líderes regionales.***
El aumento de la violencia fue muy notable en este junio que acaba de pasar. La capital superó las 50 ejecuciones en las calles, una cifra elevadísima que no se veía en los últimos 77 meses; Juárez, el punto neurálgico de la violencia, superó de nueva cuenta la barrera de los 100 casos, por segundo mes en el año.
Desde principios del año era algo en apariencia previsible, especialmente cuando a la puerta de la frontera apareció otra narcomanta, el 27 de enero pasado, junto con el cadáver de José Domingo Carrera, alias “El 010”, un líder criminal también del Cártel de Sinaloa, con operaciones limitadas a Parral y algunos municipios del sur de la entidad. Fue desconcertante el mensaje, tanto el escrito en el que el Cártel de Juárez acusaba complicidad de autoridades con la "Gente Nueva" en ciertos puntos del estado, como el cuerpo sin vida y unas cajas plásticas con más de 300 kilogramos de cristal, fentanilo y otras drogas de diseño. “La Empresa/La Línea” asumía así una postura de guardián de la frontera para impedir el ingreso de esas sustancias cada vez más letales, negocio del que supuestamente se mantiene alejado, mientras, de acuerdo con el señalamiento público, la Policía Estatal protege la operación de sus rivales para que introduzcan al estado ese tipo de drogas. Desde aquel entonces supusimos una operación criminal intrincada, compleja y protegida con la complicidad de autoridades, dado que “El 010” había sido levantado de Parral casi medio año antes, por un comando armado en patrullas clonadas de la Guardia Nacional por sus rivales. Mantenido con vida durante meses, terminó muerto luego de haber sido “paseado” por varios municipios del estado, presumiblemente para ubicar sitios donde sus enemigos habrían matado personas y “decomisado” las drogas que luego dejarían a la entrada de Juárez. En fin, la narcomanta, el cadáver y las cajas con droga fue la culminación de un operativo criminal realizado durante meses en varios municipios, que involucró a muchas personas para cometer múltiples delitos como homicidios, narcomenudeo, uso de armas de fuego, etcétera. Fue, en suma, una definición clarísima de lo que el Código Penal Federal dice que es el crimen organizado.***
Las narcomantas son más que el reflejo de presumidos y ególatras criminales que gustan hacer patente su poderío. Son un reto al estado mexicano y a sus autoridades legítimas; son retadores mensajes que, precisamente, deslegitiman a los poderes públicos y a los gobiernos.
Hemos visto en Chihuahua durante casi dos décadas la repetición de una película en la que las policías municipales y estatales, desde luego infiltradas por la delincuencia como todas las corporaciones, intentan sin éxito combatir aisladamente los asesinatos, la venta de drogas en las calles, las extorsiones, secuestros y los demás delitos que crecen al amparo de las organizaciones criminales. Lo que casi nunca hemos visto son carpetas de investigación o causas penales por crimen organizado, pese a la evidencia constante de su operación en el estado, a través de células de los cárteles incluso algunas especializadas en ciertos delitos del fuero común y federal. La operación vertical, horizontal y transversal de las organizaciones delincuenciales apenas es combatida con esfuerzos aislados de las corporaciones preventivas municipales, estatales y federales, en buena medida comprometidas con el mismo crimen desde lo más bajo de sus tropas hasta lo más alto de sus mandos. No hay un esfuerzo ministerial de fondo desde la Fiscalía General de la República para perseguir a ese crimen organizado que tiene capacidad de ataque intermunicipal e interestatal; ese crimen en el que cualquier célula medianamente afectada, al ser procesados por delitos comunes algunos de sus integrantes, de inmediato puede recomponerse con nuevos elementos para volver a las andadas. No hay tampoco un esfuerzo mayor de la más grande corporación preventiva del país, la militarizada Guardia Nacional, para hacer algo más que llegar a las escenas del crimen a contar los muertos, casi como lo hacen sus pares estatales y municipales. Ahora que está en puerta el comienzo de un nuevo Gobierno federal con Claudia Sheinbaum, cuya cabeza de la seguridad será Omar García Harfuch -quien fue blanco del ataque de un cártel en la Ciudad de México, organización que sigue vigente y actuante- ojalá haya un replanteamiento de la estrategia en el ramo en el que, con todos los avances de su gobierno, fracasó Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que, a su vez, las autoridades municipales y estatales de seguridad en Chihuahua, tengan también pensado qué hacer y cómo actuar para reforzar su estrategia en el ramo, también fracasada en muchos aspectos, pero sobre todo en la forma atomizada de enfrentar una delincuencia organizada que las rebasa.