Las dos ejecuciones en “Kantina La Capital”, con las que inició la semana pasada, llegaron a sumarle sangre a la cuenta del año con más ataques en antros y bares de los últimos tiempos. Son casos que rompen la tranquilidad de sectores supuestamente seguros y altamente vigilados, por ser los de mayor desarrollo económico.

Cerca de la decena de ataques en estos lugares reflejan no un periodo de más inseguridad general, pero sí de un fenómeno de penetración criminal en el círculo social más pudiente de la capital del estado, donde, como en los barrios bajos, también circulan drogas, mucho más dinero y, desde luego, sangre.

Estamos lejos, o eso creemos, de aquellas masacres en antros y bares de hace más de una década, en la que comandos armados entraban a disparar indiscriminadamente en abiertos ataques más parecidos a actos de terrorismo que a una batalla limitada al mundo de narco y las drogas.

Pero este año que termina está marcado por siete ataques en este tipo de lugares, tres de los cuales han sido en negociaciones del periférico De la Juventud o sus alrededores, un corredor con índices de delincuencia menores a otros sectores de la ciudad y que, precisamente por eso, genera alarma con cada nota roja que surge.

Esos ataques llevan a reflexionar sobre lo que ocurre en la zona de mayor plusvalía de la ciudad, porque la violencia es un reflejo o consecuencia de otras actividades que se esconden en los precios caros y los servicios exclusivos, donde cada copa o cada cerveza triplica los costos de otros negocios fuera del sector.

¿Quiénes han tomado el periférico como propio para el narcomenudeo y otros ilícitos? ¿Cómo ha penetrado el crimen ese sector social? ¿Cuáles son sus alcances? ¿La delincuencia está sólo en el nivel superficial y en los giros cuestionables, como los antros, o ha escalado a otros negocios diversos?

La pobreza y la marginación de las periferias de la ciudad son el lugar común de la delincuencia en todas sus manifestaciones, desde la común hasta la organizada y más sofisticada.

La miseria y la falta de oportunidades se nos han presentado como parte de los factores que inciden en la criminalidad, pero cómo explicar que un sector rico, lleno de ejemplos de éxito y de gente adinerada, sea ahora la que protagoniza esas historias de terror que nos receta la delincuencia de forma constante.

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Hablamos de un sector donde vive el empresariado, la clase media-alta y alta, así como la burocracia dorada del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; aun así, es el mismo sector donde puede existir una capa, suponemos de alto nivel, de la delincuencia organizada.

El último caso de sangre es el de “La Capital”, bar de la avenida De la Empresa, ubicación que le cae como anillo al dedo al grupo criminal al que fue adjudicado el ataque, “La Empresa”, que busca ganarle espacios a las facciones del Cártel de Sinaloa, dominantes en varios sectores de la ciudad.

Esa “kantina” está en el llamado Parque de los Negocios, pequeño corredor paralelo al De la Juventud; el atractivo principal era la atención de mujeres con poca ropa que además hacían compañía a los clientes que lo solicitaran, al estilo de las “ficheras” de otras cantinas en sitios de menor desarrollo.

Al comienzo de la semana pasada, dos personas murieron y tres quedaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Andazola, de 33 años, y Alejandro Ortega, de 27, quienes fueron ejecutados dentro del lugar; los heridos, entre ellos una mesera, fueron víctimas colaterales, porque el ataque era directo a los ahora occisos.

Anteriormente, a principios de marzo, también por la misma ubicación fueron blanco de los balazos dos ocupantes de un BMW en el exterior del bar ¡Ayayay! El conductor murió y su acompañante quedó herido, en un caso sepultado después por otros hechos de violencia que se acumulan como las capas de una lechuga y van escondiéndose unos a otros.

Luego, el 29 de julio, en el estacionamiento de los bares “Juan Gallo” y “La Barra Tradicional”, ubicados en el periférico De la Juventud y Politécnico Nacional, fueron ejecutados los jóvenes Iván Alberto M. O., de 24 años; Lizbeth M. R., de 19, y Edgar M. R., de 28, quienes viajaban en dos vehículos.

Son los hechos graves, sin siquiera incluir clausuras por violaciones a las normas que regulan el consumo de alcohol, el aforo o la circulación de drogas, constantes junto con la impunidad que prevalece casi en todos los hechos.

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A estos casos debe sumarse un factor adicional, porque la escalada de violencia en antros está acompañada de otro fenómeno que resulta preocupante a los ojos de quienes revisan las estrategias de seguridad pública y procuración de justicia en la capital.

Los cuadrantes policiacos distinguen con precisión los focos rojos que existen en la ciudad, de forma que puede verse la concentración de las ejecuciones en los extremos al norte y al sur de la ciudad.

El primer cuadro, el Centro Histórico y sus alrededores, es intocable. Es una fortaleza de cámaras, patrullas, elementos bien armados y preparados para prevenir incidentes, disuadir a la delincuencia y reaccionar de forma efectiva ante cualquier eventualidad.

No es para menos, la zona centro no solo es la sede del gobierno de la ciudad y de los principales atractivos para habitantes y visitantes, sino que también es donde residen los tres poderes del estado, los que toman las decisiones realmente importantes.

Pero también hay un primer cuadro ampliado, con las colonias tradicionales que dieron comienzo al crecimiento de la ciudad; ahí van incluidas calles y vialidades de San Felipe, Santo Niño, Mirador, Obrera, entre otras, donde la delincuencia rara vez se aparece.

Pues bien, han sido estos sectores escenarios también de ataques de la delincuencia, como llegó a suceder en los peores tiempos de la violencia que padeció el estado muchos años antes.

Los días 3 y 14 de diciembre, fueron ejecutados dos hombres, en circunstancias similares, hechos que llegaron a alterar la relativa tranquilidad de esos sectores.

El primer caso ocurrió en el canal del Chuvíscar y avenida Mirador, donde un sujeto fue asesinado mientras conducía una camioneta familiar, Toyota Siena; su acompañante mujer salvó la vida, pero resultó herida de bala; ni la rápida reacción ni el enjambre de vigilancia sirvieron para detener a los atacantes.

El segundo fue en las calles 31 y Escudero. También acompañado de su pareja, un hombre fue asesinado a bordo de un vehículo a unos metros de ese cruce, con resultados tan poco exitosos como el anterior.

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El recuento de los ataques en antros deja claro que sus intereses no son los de cualquier otro negocio legítimo, sino que juegan otro papel más allá de los servicios de diversión para adultos que ofrecen.

Es entendible la necesidad de los llamados giros negros en cualquier ciudad, pero también es necesaria su regulación en ese estira y afloja con el que juegan autoridades y dueños de esos lugares, porque la permisividad abona a la penetración de la delincuencia en más y más capas sociales.

Junto a ese fenómeno, la extensión de la actividad delincuencial, en su manifestación más violenta, a los sectores que antes eran considerados seguros o intocables, refleja tal vez un exceso de confianza de las autoridades de seguridad en todos sus niveles; como si el crimen respetara espacios, como si respetara acuerdos tácitos o explícitos.

Estos ataques, desde luego, también son clara señal de que se han quedado cortas las estrategias para contener la criminalidad y pegarle a la delincuencia, porque no han llegado al fondo del problema.

Las estrategias se han quedado en la prevención y la reacción para capturar ocasionalmente a sicarios cuando tratan de escaparse de la videovigilancia, sin reparar en que, encima de ellos y de los operadores del narcomenudeo que indudablemente es un factor central, hay jefes que igual viven en la ciudad o fuera de aquí, como sea, pero alejados de la sangre y el olor a pólvora.

Ni esos jefes ni las estructuras financieras que llegan a mezclarse con los negocios lícitos, en las que los sicarios son fácilmente reemplazables cuando caen por las balas o son detenidos, han sido tocados en esa incompleta tarea de brindar seguridad a la población.