Ciudad de México.- El sistema de impartición de justicia civil y familiar, dijo la JUFED, concentra cerca del 70 por ciento de los expedientes en los tribunales locales y los Poderes Judiciales requieren alrededor de 10 mil millones de pesos para implementar el nuevo Código, recursos con los que ahora no cuenta.

En ese contexto, la asociación civil expresó en un comunicado su preocupación ante el dictamen aprobado a inicios de este mes en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el cual reforma diversas disposiciones transitorias para posponer hasta el 1 de abril de 2030 el inicio de la vigencia del Código aprobado en el 2023.

"A 3 años de la expedición de este ordenamiento, cuyo propósito fundamental era unificar y agilizar los criterios procesales sin que hubiera dispersión, priorizando justicia digital, sigue habiendo pendientes y sin darle la importancia que merece la justicia, ya que la prórroga demuestra que existe una crisis operativa institucional", dijo la JUFED.

"El retraso de casi tres años demuestra también, que la curva operativa y la expulsión del 60 por ciento de juzgadoras y juzgadores locales calificados, producto de la reforma judicial, ha provocado un serio bache en la continuidad institucional, obligando al Congreso a posponer una transición que debió planificarse con rigor técnico, con personal especializado y no con ocurrencias políticas".

Indicó que, lejos de consolidar un sistema de vanguardia, el dictamen de los legisladores reconoce que las entidades federativas y los poderes judiciales carecen de las condiciones presupuestales, tecnológicas y de infraestructura necesarias para aplicar el CNPCyF.

"JUFED insiste en que el desplazamiento y la salida masiva de juezas, jueces y operadores jurídicos con experiencia y alta especialización, que fueron removidos de sus cargos, reconocido incluso por el presidente de la Comisión de Justicia, Senador del oficialismo, Javier Corral, pone de manifiesto que la curva de aprendizaje obliga ahora a aplazar las mejoras al sistema de impartición de justicia civil y familiar", dijo.

"El cual concentra cerca del 70 por ciento de los expedientes en los tribunales locales, vulnerando el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa y expedita, evidenciando que al régimen parecería no importarle si los ciudadanos acceden o no a la justicia en condiciones de profesionalismo".

De acuerdo con la JUFED, el dictamen legislativo reconoce que la implementación del Código sugiere una suficiencia presupuestal importante, con estimaciones que superan los 10 mil millones de pesos a nivel nacional.

"Resulta un contrasentido que, mientras se presumía la llegada de la modernización, la unificación de plazos y las ventajas del expediente digital y los juicios orales, hoy la realidad demuestra que la improvisación se ha implementado como método de trabajo", agregó.

"Las decisiones que se han tomado, sólo confirma que la justicia civil y familiar está pagando las consecuencias de haber ignorado la experiencia acumulada que generaba la carrera judicial".