La reforma electoral no plantea acabar con la representación proporcional, sino quitarle poder al partido con más votos en el País, asegura Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la reforma.

En entrevista, el ex legislador explica que el recorte proyectado al presupuesto a partidos fue de sólo una cuarta parte, y adelanta que el Instituto Nacional Electoral (INE) también "deberá cooperar".

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que la propuesta prevé el sistema de fiscalización más robusto del Continente para intentar frenar el financiamiento ilícito de partidos, precandidatos, candidatos y campañas.

Con él, dice, se prevé obligar a las instituciones reguladoras del País a reportar cotidianamente al INE, y en automático, cualquier actividad vulnerable relacionada con los procesos electorales.

Gómez Álvarez señala que la reforma plantea nuevos filtros de selección de 200 diputados federales de representación proporcional, con los que -defiende- buscan que los dirigentes partidistas no determinen el 40 por ciento de las curules y, con ello, quitarle poder a Morena.

"En México hay un 40 por ciento de la Cámara en el que tú votas por uno en tu distrito y ya votaste por todos los que va a meter tu partido en el paquete. Entonces, es desempaquetar los paquetes de las dirigencias partidistas, incluyendo, desde luego y naturalmente, mucho más que otros, al partido más votado en el País.

"A esa dirección es a la que más poder le quitas, porque es la que más diputados tiene de representación proporcional (...) que casualmente no es el PRI ni el PAN, a quien más poder le quitas, de eso se trata", afirma.

Como ya se ha dicho, refiere, los primeros 100 diputados se votarán a través de listas partidistas por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales del País.

Cada partido, precisa, propondrá a 20 candidatos y el elector acudirá a las urnas a votar por dos: una mujer y un hombre.

De acuerdo con Gómez Álvarez, el número de diputaciones que le tocarán a cada institución política seguirá conforme al porcentaje de votos que obtengan, pero los candidatos que se quedarán con la curul serán aquellos que lideren las preferencias.

"No estamos inventando el hilo negro, ni tampoco estamos haciéndolo descolorido", externa.

Los otros 100, indica, también se harán en proporción al porcentaje de votos obtenidos por partido, pero los diputados seleccionados serán los que encabecen las listas de perdedores de los uninominales.

"Cada partido tiene un porcentaje de votos, de acuerdo con su porcentaje se le asignan tantos diputados. Si sacas el 10 por ciento de 100, te asignan 10, ¿pero quiénes son tus 10? Se enlistan los candidatos que tuviste por circunscripción y entra primero el que tiene mayor porcentaje en términos absolutos, porque los distritos no son idénticos (...) respetando el principio de paridad: un hombre y una mujer", aclara.

Dentro de este lugar también tendrán cabida los diputados migrantes, pero la determinación de cuántos serían, abunda, se verá después, en la legislación secundaria.

"¿Parejos? Porque si fuéramos igualitarios convertiríamos, por la vía del financiamiento público, a los partidos, no en partidos, sino en negocios", señala.

En días recientes, Arturo Escobar, Coordinador Nacional Electoral del Partido Verde, dijo a medios que en sus encuentros con Pablo Gómez le planteó que todos los partidos recibieran el mismo gasto que se le otorga hoy al Partido del Trabajo, que es el que menos presupuesto tiene.

Gómez Álvarez rechaza que en las charlas que tuvo con Escobar en las oficinas de la Comisión, el pevemista haya hecho esa propuesta, pero explica que en ese supuesto le tocaría el mismo gasto a un cuadro que tuvo el 3 por ciento de los votos, que el que tuvo el 50 por ciento.

En aras de recortar la "burocracia" con gasto al erario, advierte que el INE también debe cooperar para bajar el gasto electoral.

"No, porque eso está en la ley. Para cambiar al INE no tienes que ir a la Constitución", dice.

El ex titular de la UIF califica la propuesta de fiscalización de partidos como la más robusta -cuando menos- en el Continente, pues con ella se permitiría que el INE detecte posible financiamiento ilícito de partidos, precandidatos o campañas a través de información diaria que remitirán, entre otros, las instituciones reguladoras.

Así, expone, vía la Comisión Nacional de Seguros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Fiscalización del árbitro electoral tendría acceso a los reportes de sectores donde existe mayor riesgo de lavado de dinero.

"Todas las empresas del área de actividades vulnerables: la venta de obras de arte, metales preciosos, divisas, los coins, las casas de apuestas, etcétera, todo, la adquisición de inmuebles. Todo, lo que GAFIC le llama y en el mundo entero, actividades vulnerables, con esa palabra tienen que informar una cosa que se llama aviso. Eso ya está en la ley, nada más estamos dándole parte a la autoridad fiscalizadora electoral, por primera vez", refiere.

Esto responde, dice, a un problema de seguridad nacional y que forma parte de la estrategia del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra la delincuencia organizada.

"Es un problema de seguridad nacional, de responsabilidad de la gobernanza actual, que tiene que dar respuestas, por eso surge ahí en el Gobierno y no es copia de ningún sistema de otro País", indica.