La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente de 13 años de edad por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada en contra de Arely, una niña de 10 años, a quien interceptó al salir de la escuela, agredió sexualmente y lanzó desde un puente.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales y los testimonios de los habitantes de la comunidad de Aguacate de Abajo, el ataque registrado en el municipio zacatecano de Tabasco se perpetró el pasado viernes 10 de julio, cuando la niña salió de su centro escolar.

El agresor presuntamente la interceptó, la trasladó hacia un puente del cual la arrojó y, posteriormente, la arrastró atada con cuerdas hacia una zona de huertas.

Un niño de la localidad presenció los hechos y dio aviso a los vecinos, quienes iniciaron brigadas de localización siguiendo los rastros de sangre dejados en el camino.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque físico y sexual, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado implementó un operativo de emergencia aérea.

La niña identificada como Arely fue trasladada a bordo de un helicóptero Black Hawk desde el Hospital Comunitario de Tabasco hacia la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Zacatecas "Luz González Cosío", donde permanece en estado estable, pero delicado, y debido a los daños requirió de ventilación mecánica.

Los reportes médicos más recientes señalan que la paciente ya fue extubada, abandonó el área de terapia intensiva y se encuentra en piso de hospitalización general.

El dictamen judicial fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Sin embargo, el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, precisó que, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el imputado pertenece al Grupo Etario 1 (de 12 a 13 años), sector para el cual la legislación mexicana prohíbe de forma absoluta la privación de la libertad.

Ante esta restricción reglamentaria, la FGJE de Zacatecas enfatizó que el proceso "no significa que exista impunidad".

El adolescente fue canalizado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) para su custodia y fue incorporado al programa federal Reconecta con la Paz con la finalidad de recibir terapia sociocognitiva de reintegración.

La imposibilidad de aplicar sanciones carcelarias provocó protestas de familiares, vecinos y ciudadanos en general en las calles del municipio y de la capital del estado.

Los manifestantes exigieron modificaciones legislativas a las normas penales y demandaron establecer responsabilidades civiles y penales a los tutores y padres de familia de los infractores menores de edad.

Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió un exhorto dirigido a los usuarios de redes sociales para abstenerse de difundir datos que comprometan la identidad y el interés superior de las infancias involucradas.