Cd. de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 17 servidores públicos por irregularidades que van desde pedir dinero a usuarios hasta utilizar documentos escolares inválidos y autorizar pagos indebidos.
En un comunicado, la SABG indicó que las sanciones incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas.
La inhabilitación más alta fue impuesta a José S., trabajador de una unidad de medicina familiar del ISSSTE en Campeche, quien durante dos años se desempeñó como licenciado en Nutrición con una cédula profesional que pertenecía a otra persona. El TFJA lo inhabilitó por 10 años y le impuso una sanción económica de 180 mil pesos, monto equivalente a las remuneraciones que recibió durante ese periodo.También fueron destituidos cuatro integrantes de la Guardia Nacional que presentaron certificados de bachillerato inválidos para obtener la licencia de portación de armas de fuego.
En la Comisión Federal de Electricidad, dos trabajadores de la zona de distribución Tacuba Valle de México Centro fueron inhabilitados por cuatro años luego de que, según las investigaciones, pidieron 70 mil pesos a un usuario en 2023, en lugar de imponerle la multa correspondiente por una falla detectada en su medidor. Otro caso involucró a un empleado del Banco del Bienestar en Xochitepec, Morelos, sancionado con dos años de inhabilitación y una multa de 13 mil pesos por realizar 15 retiros de efectivo de cuatro cuentas sin el consentimiento de sus titulares. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un funcionario fue inhabilitado por un año tras no reportar durante seis meses las ausencias de un trabajador, lo que derivó en el pago de 11 quincenas por un total de 209 mil pesos. Entre las irregularidades también figura la de un servidor público de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, suspendido por 14 días por no realizar gestiones para modificar el presupuesto destinado al mantenimiento de la escollera del canal de acceso a Puerto Laguna de Cuyutlán. La omisión provocó que se reportara un pago superior en 24 millones de pesos al monto autorizado, de acuerdo con la SABG. Las resoluciones por faltas graves fueron impuestas por el TFJA, mientras que las correspondientes a faltas no graves fueron determinadas por las instancias de control de las dependencias involucradas.