La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, en el marco de la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).

Se trata, destacó, en un comunicado, de una herramienta destinada a fortalecer las capacidades de las fiscalías y contribuir al acceso a la justicia de quienes defienden derechos.

Durante su visita oficial a México en abril de este año, apuntó, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su confianza en que el Protocolo seria adoptado e implementado a la mayor brevedad posible.

"La adopción del Protocolo adquiere especial relevancia ante la persistencia de graves ataques contra quienes defienden los derechos humanos en México. La ONU-DH documentó que, entre 2016 y 2025, 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y 43 fueron desaparecidas en posible relación con su labor", señaló.

"Constituye un avance significativo en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a México por mecanismos internacionales de derechos humanos y responde a la necesidad de contar con herramientas especializadas que permitan identificar, desde las primeras etapas de la investigación, el posible vínculo entre un delito y la labor de defensa de derechos humanos de la víctima", señaló.

El Protocolo, explicó, es resultado de un proceso iniciado a finales de 2022, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la ONU-DH acordaron trabajar conjuntamente en la elaboración de una herramienta especializada.

Su contenido, indicó, ha sido enriquecido mediante un amplio proceso técnico y participativo, que incluyó las aportaciones de fiscalías estatales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y mecanismos internacionales de derechos humanos.

"Entre sus principales aportaciones, el Protocolo establece su aplicación obligatoria por todas las autoridades competentes en materia de investigación y persecución de delitos cuando existan indicios de que la víctima realiza actividades de defensa de derechos humanos. Asimismo, dispone que las autoridades deberán analizar de manera prioritaria y agotar las líneas de investigación vinculadas con la labor de defensa", detalló.