La bancada del PAN en San Lázaro presentó una iniciativa que plantea considerar la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad, darle a las organizaciones de madres buscadoras capacidad de incidencia efectiva en la toma de decisiones y crear un fondo de apoyo a colectivos.

La propuesta, presentada ante el Pleno, modifica seis leyes, entre ellas la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley General de Víctimas y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como el Código Penal Federal.

Señala que la Cámara de Diputados será la responsable de garantizar recursos suficientes, los cuales no podrán ser inferiores en términos reales a los asignados en el ciclo presupuestario anterior y establece que la búsqueda de una persona será una obligación permanente de las autoridades y no cesará hasta que se determine con certeza su paradero o destino final.

La iniciativa plantea que, en ningún caso, la suspensión de la búsqueda podrá implicar el archivo del expediente o de la investigación penal correspondiente y que el inicio de la búsqueda de una persona iniciará de forma inmediata y sin necesidad de una denuncia formal.

Indica que además de ocultar o negar información sobre la privación de la liberad de una persona o sobre su paradero y ocultar a una persona detenida, será motivo de sanción alterar información en registros o bases de datos, proporcionar información falsa o alterada o incidir intencionalmente en el ánimo de la población para impedir la búsqueda de una persona.

Plantea también una pena de 80 a 140 años de prisión y multa de 12 mil a 24 mil días de multa a quien, además de privar de la vida a una persona, le quite la vida, incluidos partícipes.

Establece que los servidores públicos y mandos castrenses que ejerzan funciones de mando o control efectivo será penalmente responsable por los delitos previstos en la ley.

De acuerdo con la propuesta, defensores de derechos humanos y grupos de búsqueda tendrán derecho a la seguridad y protección personal, a no ser criminalizados, hostigados o perseguidos por su labor en la búsqueda de personas, al acceso expedito a información pública y a expedientes, a ser reconocidos como actores claros en la formulación y evaluación de políticas de búsqueda y a participar en la Comisión Nacional de Búsqueda y sus pares locales garantizando su incidencia efectiva en la toma de decisiones.

"Las víctimas, sus representantes y los grupos de búsqueda tendrán derecho a participar activamente en la búsqueda. Se garantizará el acceso a información actualizada sobre las acciones realizadas y los posibles obstáculos. Antes de divulgar información públicamente, se consultará con las familias para evitar afectaciones", señala.

Establece también la creación de un Fondo de Apoyo a Colectivos de Personas Buscadoras que tendrá como objeto apoyar económicamente las acciones de búsqueda que realizan las organizaciones de familiares en materias como alimentación, sustento, hospedaje, compra de materiales o renta de herramientas necesarias e incluso para acceder atención médica.

De acuerdo con la iniciativa, el Fondo se establecerá asignando recursos que no podrán ser inferiores al 0.007 por ciento del gasto programable del ejercicio fiscal del que se trate y será administrado por la Comisión Ejecutiva.