Tras su aprobación en comisiones el pasado martes, el dictamen de reforma constitucional conocido como "Plan B" es discutido este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Posterior a las 12:20 horas, los legisladores iniciaron en una segunda sesión el debate de una reforma que se prevé pase con los votos a favor de Morena, PT y PVEM, y tal vez, hasta de Movimiento Ciudadano (MC), quien ayer dio su visto bueno en comisiones.
El morenista Víctor Hugo Lobo, quien preside la Comisión de Reforma Político-Electoral, argumentó que el objetivo de esta reforma es racionalizar el gasto, eliminar privilegios y robustecer la democracia. "Esta reforma representa sin duda una etapa más en el proceso histórico hacia un modelo de gestión pública cada vez más racional, responsable eficiente y cercano que caracterizan al nuevo Estado Mexicano", expresó en tribuna."La reforma parte de una iniciativa que en su origen, sin duda era de mucho mayor envergadura y alcance que tenía como objetivo empoderar a los ciudadanos, con una participación más activa y permanente, ampliando sus derechos con una mejor representa actividad y que buscaba generar economía en todas las etapas en todos los actores, garantizando la eficiencia de su operación, pero destinando los recursos necesarios para garantizar procesos confiables, por lo que era necesaria y oportuna en beneficio de los ciudadanos".
De manera inmediata, las bancadas del PAN y PRI presentaron mociones suspensivas, al argumentar que no se consultó previamente a pobladores indígenas sobre una reforma que impactará a gobiernos locales de esa índole. El proyecto topa en 15 el número de regidurías en los Ayuntamientos y plantea que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la Presidenta de la República, ni podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstas por la ley. Señala que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto a su presupuesto de 2026 y agrega que los ahorros derivados de las reformas en materia de Ayuntamientos y Congresos locales se quedarán en las haciendas de los municipios y de los estados y deberán ser destinados a obras de infraestructura pública.