Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, una figura jurídica reservada para actos que atentan contra la soberanía e independencia del país.
La acusación ministerial sostiene que el exfuncionario permitió, coordinó y encubrió la incursión operativa armada de elementos de una agencia extranjera de inteligencia en territorio nacional sin facultades legales para ello.
En el pliego acusatorio presentado ante los tribunales federales, la FGR atribuyó a Jáuregui la hipótesis delictiva establecida en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, la cual sanciona con penas de 5 a 40 años de prisión:«Al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a grupo extranjero».
De acuerdo con el posicionamiento del Ministerio Público Federal, el marco constitucional mexicano y la Ley de Seguridad Nacional prohíben de manera expresa que los gobiernos estatales transfieran potestades públicas a autoridades extranjeras o deleguen labores de seguridad que corresponden con exclusividad a las fuerzas federales.
La causa penal federal se deriva directamente de un operativo desarrollado entre el 18 y el 19 de abril de 2026 en un predio de la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, orientado a desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
En dicho predio fueron asegurados posteriormente más de 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos, además de casi 2 mil litros de metanfetamina.
Según los más de 100 actos de investigación integrados por la FGR, los hechos constitutivos de delito imputados al exfiscal se concentran en tres conductas principales.
La FGR sostiene que Jáuregui ordenó y coordinó el despliegue con la intervención directa de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Documentó además que los agentes acudieron previamente en múltiples ocasiones a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) sin causa justificada.
Quedó asentado, de acuerdo con la FGR, que los ciudadanos estadounidenses —entre ellos Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black— carecían de autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Grupo de Alto Nivel de Seguridad para internarse en México con fines de intercambio de información. Asimismo, incurrieron en el uso de armamento sin contar con licencias oficiales expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Ministerio Público Federal acusó a Jáuregui de haber ocultado deliberadamente la presencia y despliegue del personal foráneo, omitiendo dar aviso oportuno a las autoridades federales competentes.
La intervención encubierta de los agentes extranjeros trascendió a la luz pública durante la madrugada del 19 de abril, cuando la comitiva que regresaba del operativo sufrió una volcadura en la Sierra Tarahumara.
En el percance perdieron la vida el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, y los dos agentes estadounidenses de la CIA, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.
Aunque en un inicio Jáuregui declaró públicamente que los extranjeros eran instructores de drones vinculados a la Embajada de Estados Unidos, indagatorias periodísticas e informes oficiales desmintieron la versión. Ello precipitó su renuncia irrevocable a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril, admitiendo «omisiones tanto en la información como en la gestión institucional».
Tras su arresto y posterior ingreso al Penal del Altiplano, el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó que los 149 datos de prueba aportados por la FGR resultan suficientes para acreditar la existencia del delito y vincular a proceso al exservidor público bajo prisión preventiva oficiosa.