Chihuahua.- “No dejaba de llover, sólo que no era agua lo que llovía, eran balas y lágrimas”, “Nos salimos de nuestras casas por la guerra. Escuchábamos balazos y yo tenía mucho miedo”, así es como narran el temor que viven los menores víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado en la sierra de Chihuahua.
“Lo que más extraño de mi casa es poder ir a los arroyos, al monte y jugar con los animalitos”, expresan a El Diario adolescentes originarios de las comunidades que colindan con Sinaloa y Durango.
Sentados dentro de un salón en un centro comunitario en Hidalgo del Parral, describieron cómo es vivir atemorizados por el crimen organizado, durante una Misión Civil de Observación (MCO) realizada por organismos locales, nacionales e internacionales.
Al respecto, la psicóloga Karina Baltazares, quien trabaja directamente con este sector de la población, escuchó todas las vivencias y realidades que atraviesan estas infancias.
“Nos tuvimos que venir todos; extraño mucho mi casa, mi escuela y a mis amigos. Aunque bueno, aquí he hecho otros amiguitos que también viven aquí por la guerra”, dijo otra de las niñas.
La menor asegura que no ha podido ir a la escuela, ya que su familia no tiene dinero para la colegiatura ni para el uniforme. “Como nos vinimos sin nada, tampoco me aceptaron porque no tengo mi acta de nacimiento, ni un solo documento”.
Pese a vivir en esta ola de violencia, no dejan su inocencia de lado, pues una de las menores que estaba en el lugar dijo que lo que a ella más le gusta es pintar, “pero no hay dinero para comprar colores”.
En ese momento, personas que participaron en la observación gestionaron unas crayolas y unas hojas blancas; en ellas dibujaron flores, corazones y casitas de madera rodeadas de animalitos y árboles.
Las infancias y adolescencias no son las únicas que padecen esto, también hay mujeres adultas y hombres que demostraron estar afectados.
“Nos tuvimos que ir por seguridad; escuchábamos decir que los malos ya andaban cerca. Dejamos nuestras gallinas, los coches, la ropa… todo. Salimos en una camioneta que nos prestaron a Santa Gertrudis y luego tomamos un ‘ride’ para acá. En las carreteras no había pasada”, refirió una mujer proveniente de Sinaloa.
En lo que respecta a la zona serrana, la mayoría son de Baluarte, Rancho de Enmedio, Guadalupe y Calvo, Atascaderos, El puerto de Ojuelos, Santa Rosalía de El Carrizal, Baborigame y El Vergel.
Algunas víctimas tienen dos o tres meses desplazadas, pero otras huyeron desde 2013.
“Muchas familias se salieron también porque ya no había mandado, no teníamos qué comer y no había opción. Teníamos miedo de que se tiraran entr los dos grupos criminales que operan en la sierra”, refiere otro de los afectados.
Destacó que además de la inseguridad por los grupos delincuenciales, también desconfían de las autoridades en esa región.
“Cuando el Gobierno va ellos se salen, yo digo que el está con ellos porque siempre saben cuándo esconderse”, explica.
A este motivo le suman el miedo en poner denuncia.
“No hemos denunciado ante el Ministerio Público por temor, ya no sabe uno si está coludido con ellos. Algunos denunciaron y luego luego supieron quién los había señalado”, denuncian.
Independientemente del sexo y edad, todas las víctimas comparten un mismo sentimiento: sentirse ignoradas, invisibilizadas, discriminadas y desatendidas.
Las organizaciones civiles destacaron que aparte de la guerra armada, también está el quiebre político entre los gobiernos del nivel estatal y federal.
Muestra de esto es que el Desplazamiento Forzado Interno (DIF) aumentó 300% en los últimos años.
Según los organismos, el Estado Mexicano le falló a las familias y comunidades de la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con cifras estimadas, -ya que no hay un censo oficial-, con base en reportes de asociaciones civiles y medios de comunicación, calculan que en 2021 hubo 500 personas en esta situción, mientras que para 2025 estiman más de mil 500.
Esto significa que el número se triplicó y que en el 2026 sigue en aumento.
El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde 2008, cuando registraron los primeros casos en la región de Baborigame.
Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, que hicieron huir a las familias, e incluso a otras personas, de sus comunidades.
“A una muchachita de 14 años se la llevaron y la mataron; a partir de ahí, muchas que tenemos hijas e hijos también decidimos huir.
Nosotros no hicimos nada y aun así dejamos todo. Aquí en la ciudad la vida es muy difícil. Muy cara”, dice otra víctima.
Los casos repuntaron en 2024, cuando comenzó el desplazamiento masivo en zonas como Atascaderos y, en los últimos días, de familias provenientes del municipio de Tamazula, Durango.
Desde entonces, las organizaciones han notado que las causas de estos eventos tienen que ver con el despojo de tierra y territorio con fines extractivos, megaproyectos, así como con el reclutamiento forzado, el asesinato de familiares y el control del territorio por parte de grupos criminales.
Los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas frente a actores que acechan sus territorios por la riqueza natural que reservan, explican los organismos derechomanistas.
Esta visita y convivencia a Parral y a Delicias, destacaron, demostró el abandono institucional y la violencia, ya que muchas personas –en su mayoría jóvenes-, han sido reclutadas de manera forzada, e incluso esclavizadas.
A estas denuncias se suman investigaciones periodísticas que han documentado trabajo forzado en cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con los grupos criminales.
Asimismo, las víctimas narraron que siguen siendo criminalizadas por un sistema gubernamental y judicial que no toma en cuenta su contexto ni su historia y termina revictimizándolas, aun cuando está obligado a protegerlas y que además.
Denunciaron que lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población chihuahuense, los gobiernos municipal, estatal y federal han mantenido un quiebre político, vulnerando aún más a las comunidades indígenas, quienes han pagado un alto costo por esta guerra política y armada sufriendo abandono institucional, precarización, despojo de sus recursos, territorios y medios de vida, así como graves violaciones a sus derechos humanos y comunitarios.
A su vez, los organismos han sido enfáticos en que el Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia de esta problemática en Chihuahua.
Expusieron que esto lo hacen con la esperanza de que, desestimando los eventos, criminalizando a las comunidades y difamando a las personas y organizaciones defensoras el tema se quede en el olvido, al igual que las personas, familias y comunidades que se niegan a atender.
Sin embargo, el permanente desplazamiento silencioso y el notable incremento de los eventos masivos de desplazamiento, así como los llamados de auxilio de las comunidades afectadas, obligaron a las instituciones a crear la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (hecha en 2022 ante la visita de la Relatora de DF de la ONU) de realizar el Ejercicio de Caracterización del Desplazamiento Forzado Interno (2023) en conjunto con ACNUR, y posteriormente el Protocolo de atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno (2025).
Durante la realización de la Misión Civil de Observación (MCO) que las organizaciones elaboraron el 27 y 28 de mayo en los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, conversaron con 200 personas víctimas provenientes principalmente de la Sierra Tarahumara, de municipios de Chihuahua, Sinaloa y Durango, siendo la inmensa mayoría de Chihuahua, específicamente del municipio de Guadalupe y Calvo.
Durante los trabajos los miembros de las organizaciones explicaron a El Diario que el crimen organizado aterroriza a las familias y las expulsa de sus hogares para luego ocupar sus viviendas y despojarlas de sus bienes: cultivos, ganado, muebles, hogar y territorios.
Dijron que a las familias no solo se les arrebata sus bienes materiales, sino que las despojan de su tranquilidad, de una vida comunitaria plena, del ejercicio de su identidad cultural, de la celebración de sus ceremonias y tradiciones que conforman parte esencial de su ser, de su apego a la tierra, al bosque y al trabajo del campesinado.
También afecta en la siembra de sus alimentos, la recolección de hierbas medicinales, la celebración de sus fiestas tradicionales que conformaban su bienestar y que, en conjunto con sus posesiones materiales, les daban una vida tranquila y libre de violencia, pero sobre todo: autonomía y la posibilidad de dirigir sus vidas.
Además a las niñas, niños y adolescentes les quitan la infancia, educación y salud, así como la oportunidad de crecer jugando en sus territorios, y en cambio, les da preocupaciones y miedos que no les corresponde cargar a su edad, lo cual señalaron como una grave interrupción del desarrollo.
Al terror y a la tristeza de abandonar su tierra, animales y cultivos, se suman el enfrentarse a algo completamente desconocido: la ciudad, trabajos precarizados, rentas elevadas y muchas carencias, destacaron.
Agregaron que en muchas ocasiones, el idioma también significa un cambio radical, pues al hablar poco o nada de español, conseguir un trabajo, moverse en la ciudad o ir a la escuela les complica el avance considerablemente.
Durante las entrevistas realizadas este medio de comunicación fue posible detectar que las familias que ya cuentan con sentencias a su favor aún viven con miedo esperando que la justicia llegue algún día.
Mientras tanto, los tres niveles de gobierno –según lo que estas mismas personas refieren- evaden sus responsabilidades, incumplen sentencias y omiten acciones de atención continua y digna para las familias afectadas.
Dijeron que los programas que ofrecen carecen de un enfoque de atención diferenciada, lo que vulnera los derechos humanos de las personas en repetidas ocasiones.
Por último, denunciaron que en algunos casos, las autoridades han querido imponer el retorno de las familias a sus comunidades, aún y cuando no hay condiciones mínimas de seguridad para ellos.
VÍCTIMAS DE OTROS DELITOS
El desplazamiento forzado no es el único delito que las víctimas enfrentan, ya que el último retorno a la comunidad de Atascaderos ocasionó la desaparición de una persona y el homicidio de otra.
Previo al desplazamiento masivo, una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales K. N. V. R., fue localizada sin vida esa misma zona en el municipio de Guadalupe y Calvo, durante la mañana del 27 de febrero.
De acuerdo con el reporte de seguridad, hombres armados arribaron al lugar, preguntaron por ella y posteriormente se la llevaron con rumbo desconocido.
A las organizaciones civiles de la MCO les preocupa la falta de una atención con un enfoque diferenciado, de derechos e interseccional, además del nivel de discriminación, condicionamiento y criminalización que consideran que las instituciones han desplegado a partir de estos mecanismos e instrumentos de atención a las familias.
Aunado a eso, también dijeron que es preocupante el actuar de las y los titulares de las instituciones de los tres niveles de gobierno con quienes las comunidades deben tratar una vez que deciden pedir ayuda.
“Es revictimizante, discriminatorio y es violencia institucional”, coincidieron. Esto se suma a lo que describieron como incumplimiento, omisión y el abandono institucional, político, jurídico y social.
Sin embargo, las familias y comunidades no se rinden a pesar de las violencias y despojos que han sufrido. Han interpuesto denuncias formales (60 abiertas) a pesar del peligro que ello significa; han interpuesto amparos por el incumplimiento de los gobiernos, obtenido sentencias a su favor y exigido el cumplimiento de las mismas sin éxito.
Así mismo, han acudido a mecanismos de defensa de nivel nacional e internacionaly obtenido medidas cautelares.
Pero durante años, aseveran las organizaciones, han visto que no hay una política de seguridad pública.
“La coordinación entre gobiernos es nula y por el contrario, se echan la culpa unos a otros, evaden responsabilidades, omiten atender a la población violando los derechos humanos de las familias y comunidades en situación de desplazamiento forzado interno.
La ayuda humanitaria, cuando existe, es apenas un paliativo y aun así es insuficiente, pues el problema de fondo son las causas estructurales y la violencia”.
Por ello llamaron a la implementación de una estrategia coordinada e interinstitucional de seguridad, así como la garantía de las condiciones de vida para las comunidades, la aprehensión de los generadores de violencia y la judicialización de las carpetas de investigación.
“La resistencia de las familias continúa y no dejarán de exigir la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y retornos dignos y seguros”.
En esta Misión de Observación participaron organizaciones locales como Alianza Sierra Madre, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Nuevo Amanecer.
También nacionales e internacionales como Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), entre otras.