Chihuahua, Chih.- El abogado Héctor Villasana informó que no han recibido notificación oficial por parte del Congreso del Estado sobre la admisión o el turno a comisión de la solicitud de juicio político presentada en contra de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Elizabeth Macías Márquez.

Señaló que el recurso ya fue entregado al Poder Legislativo, pero no existe confirmación formal de que haya sido radicado ni canalizado a la Comisión Jurisdiccional, instancia encargada de su análisis conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Hasta el día de hoy (viernes) no nos ha notificado la presidencia del Congreso de su admisión. De acuerdo con la ley, debe turnarse a la comisión jurisdiccional para iniciar la investigación y recabar pruebas”, explicó.

La solicitud de juicio político deriva de la resolución emitida por la magistrada en un caso penal relacionado con hechos ocurridos el 29 de septiembre en Hidalgo del Parral, donde una agresión armada dejó personas lesionadas, entre ellas el propio abogado y otro litigante.

El caso tuvo como antecedente la vinculación a proceso de Fernando R., acusado de tentativa de homicidio y lesiones, la cual fue revocada en segunda instancia tras una resolución de la Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia.

A partir de esa determinación, las víctimas y su representación legal promovieron diversas acciones, entre ellas el juicio político, una solicitud ante el Tribunal de Disciplina Judicial y otras vías legales, al considerar que la resolución judicial generó afectaciones dentro del proceso. Villasana insistió en que lo central en esta etapa es que el Congreso actúe conforme a derecho y dentro de los tiempos y procedimientos establecidos, sin que exista discrecionalidad en el trámite.

“Lo que pedimos es que se respete el procedimiento legal y que el Congreso determine lo conducente conforme a sus atribuciones”, señaló.

El abogado reiteró que, por ahora, la falta de notificación impide conocer si la solicitud fue admitida formalmente o en qué etapa se encuentra dentro del Poder Legislativo.

Sobre las posibles consecuencias del procedimiento, el abogado explicó que el juicio político puede derivar en la destitución e inhabilitación de la magistrada Macías Márquez para ocupar cargos públicos de manera definitiva, mientras que, en caso de acreditarse conductas delictivas, incluso puede derivar en años de prisión.

Villasana señaló que buscan establecer un precedente en la actuación de los impartidores de justicia.

“Lo que se busca es que se respete el Estado de derecho y que los juzgadores también estén sujetos a responsabilidad cuando sus resoluciones afectan el debido proceso”, indicó.

En cuanto al impacto institucional, consideró que este tipo de casos puede influir en la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia, por lo que insistió en la importancia de que las resoluciones se apeguen estrictamente a la ley.

Respecto a antecedentes similares, el abogado afirmó no tener registro reciente de juicios políticos contra magistrados en la entidad.