Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial de la Federación negó la suspensión provisional a centros de rehabilitación que fueron clausurados recientemente por autoridades locales, según información proporcionada a El Diario.

La resolución judicial federal dictaminó de forma contundente que el eventual perjuicio que puedan resentir los propietarios por la suspensión de actividades "no puede prevalecer, en esta etapa cautelar, frente al riesgo de afectar la salud, integridad y seguridad de las personas que pudieran recibir atención en un establecimiento cuya habilitación legal y sanitaria no ha sido mínimamente acreditada".

El fallo responde a los juicios de amparo promovidos por los responsables de los establecimientos sancionados, quienes acusaban hostigamiento y aseguraban contar con suspensiones para mantener abiertas sus puertas.

No obstante, el tribunal resolvió que para autorizar la reapertura provisional "sería necesario partir de la premisa de que la parte quejosa cuenta con el derecho a operar y prestar los servicios correspondientes; sin embargo, esa premisa no encuentra respaldo objetivo en las constancias del incidente".

De acuerdo con el expediente del amparo, el tribunal determinó que "no se desprende elemento documental alguno que permita establecer, siquiera indiciariamente, que antes de la ejecución del acto reclamado contaba con las autorizaciones, licencias, permisos, registros o demás habilitaciones administrativas y sanitarias necesarias para desarrollar legalmente las actividades que pretende reanudar".

La resolución es tajante al recordar que la medida cautelar de la suspensión provisional "no constituye un procedimiento para obtener provisionalmente una licencia, permiso, autorización sanitaria o habilitación administrativa que no ha sido acreditada".

El tribunal advirtió que conceder la reapertura sin estas garantías, lejos de preservar un derecho, "podría implicar la autorización provisional para continuar desarrollando una actividad regulada sin que esté acreditado el cumplimiento de las condiciones jurídicas y sanitarias exigibles, lo que resulta contrario al interés social y al orden público".

La resolución de los magistrados argumenta con especial rigor que un anexo de adicciones no puede ser tratado bajo las mismas reglas que un negocio común. "No se trata de una actividad comercial ordinaria cuya interrupción incida exclusivamente en la esfera patrimonial de quien la desarrolla", señala el documento judicial.

Por el contrario, el texto subraya que un centro de rehabilitación "desarrolla actividades directamente relacionadas con la protección de la salud, la atención médica, el tratamiento de personas en condiciones de vulnerabilidad y, eventualmente, el manejo, suministro o administración de medicamentos sujetos a control sanitario especial".

En este sentido, la autoridad judicial concluyó que "la apariencia del buen derecho no puede descansar exclusivamente en la afirmación unilateral de quien solicita la medida". Esto se debe a que la regulación sanitaria y administrativa no es un trámite puramente burocrático, sino que tiene por objeto proteger bienes jurídicos tan trascendentales como "la vida, la integridad personal y la salud de las personas que reciben los servicios de rehabilitación".

La resolución judicial llega en medio de una serie de operativos de inspección coordinados por las Mesas Regionales de Construcción de la Paz, donde participan corporaciones de los tres niveles de gobierno. Los operativos, que llevan casi un año de ejecución, han derivado en la clausura de 13 clínicas de adicciones en la capital de un padrón estimado de 100 establecimientos activos.

El titular de la Subdirección de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, sostuvo que las inspecciones continuarán. El funcionario explicó que en las revisiones generales han llegado a detectar desde personas con órdenes de aprehensión vigentes o reportes de desaparición, hasta drogas, armas y alcohol dentro de estos recintos.

Las actas de inspección recientes de las dependencias municipales y estatales, incluyendo Protección Civil y Gobernación, justificaron plenamente el cierre urgente debido a riesgos graves e inminentes para los internos.