Chihuahua.- La Subdirección de Gobernación Municipal mantendrá los operativos de inspección en centros de rehabilitación de la capital, pese a los señalamientos de asociaciones que acusan actos de hostigamiento y aseguran contar con suspensiones de amparo, indicó su titular, Pedro Oliva Jiménez, al sostener que las clausuras recientes obedecieron a riesgos para los internos, hacinamiento y falta de medidas de Protección Civil y permisos municipales.

La controversia surgió tras la intervención de dos centros de la Institución Mexicana de Atención a las Adicciones (IMAACH), uno para hombres y otro para mujeres.

Entre ellos, el establecimiento para varones ubicado en la colonia Obrera, en el cruce de las calles 39 y Privada de Donato Guerra, cuyos responsables han denunciado presuntos actos de acoso por parte de inspectores municipales y sostienen que cuentan con suspensiones otorgadas dentro de un juicio de amparo para continuar abiertos.

Oliva Jiménez explicó que las revisiones comenzaron desde el año pasado como parte de acuerdos tomados en las mesas de Construcción de la Paz, en las que participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno, después de que determinaron inspeccionar establecimientos donde pudiera existir alguna incidencia delictiva o condiciones que representaran riesgos.

Según el funcionario, en distintas revisiones realizadas a centros de rehabilitación han localizado personas con reporte de desaparición u órdenes de aprehensión pendientes, además de drogas, armas y alcohol, por lo que los operativos continúan durante prácticamente un año.

En el caso de los dos centros de IMAACH, intervenidos el miércoles, participaron inspectores de Gobernación Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, autoridades estatales encargadas de la atención a las adicciones y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En el establecimiento para hombres de la colonia Obrera, Oliva Jiménez aseguró que fue encontrada una losa prácticamente sostenida por un tablón, además de alimentos caducos, instalaciones eléctricas expuestas y ausencia de detectores de humo, extintores, lámparas de emergencia y señalética.

La autoridad determinó entonces clausurar el inmueble y comenzar la reubicación de los internos. Sin embargo, debido a que no existía capacidad inmediata para trasladarlos a todos, únicamente alrededor de 20 fueron reubicados en ese momento y entre 45 y 50 permanecieron en las instalaciones.

Oliva Jiménez rechazó que esas personas hayan quedado encerradas dentro del inmueble clausurado como han señalado responsables de los centros, y afirmó que los sellos fueron colocados únicamente en una puerta, mientras otro acceso permaneció disponible para pacientes, familiares, médicos y vehículos.

“De ninguna manera estaban con candados o con cadenas”, sostuvo el subdirector, quien indicó que la reubicación del resto de los pacientes quedó programada para realizarse de manera paulatina.

En el centro para mujeres, añadió, sí fue posible trasladar a la totalidad de las internas, por lo que el establecimiento quedó clausurado completamente. Posteriormente, responsables de IMAACH solicitaron una prórroga para tramitar la documentación pendiente, la cual Gobernación accedió a conceder siempre que sean subsanadas las medidas de seguridad señaladas por Protección Civil.

Las intervenciones han generado inconformidad entre responsables de centros de rehabilitación, quienes aseguran contar con suspensiones dentro de un juicio colectivo de amparo y acusan que las autoridades han continuado con inspecciones y clausuras a pesar de esas determinaciones judiciales.

Otro de los reclamos planteados por los establecimientos refiere sanciones que, aseguran, fueron fundamentadas en disposiciones relacionadas con actividades comerciales y espectáculos, pese a que los centros de rehabilitación funcionan bajo una regulación distinta.

Oliva Jiménez rechazó que hayan sido clasificados como establecimientos de espectáculos y explicó que la confusión fue originada por la clave utilizada por la Tesorería Municipal para registrar las multas impuestas por la Subdirección de Gobernación.

El funcionario agregó que los centros sí están regulados por disposiciones federales relacionadas con la atención de las adicciones, pero sostuvo que esto no los exime de cumplir también con las normas estatales y municipales.

Entre los requisitos locales mencionó la licencia de uso de suelo, el programa interno de Protección Civil, dictámenes de medidas de seguridad y aforo, así como la licencia de funcionamiento.

Oliva Jiménez estimó que existen alrededor de 100 centros de rehabilitación en la ciudad y señaló que han efectuado cerca de 40 visitas, de las cuales en una primera etapa derivaron aproximadamente 13 o 14 clausuras.

Explicó que desde marzo mantienen mesas de trabajo con responsables de estos establecimientos para avanzar en su regularización, ya que muchos funcionan desde hace cinco o 10 años en zonas habitacionales donde el uso de suelo no resulta compatible con la actividad que desempeñan.

Gobernación, indicó, ofreció acompañarlos en los procedimientos para solicitar cambios de uso de suelo ante Desarrollo Urbano y las demás instancias municipales involucradas, proceso que posteriormente debe pasar por comisiones de regidores y Cabildo.

El subdirector sostuvo que, independientemente de los trámites pendientes, la prioridad para permitir su operación será el cumplimiento de las medidas de Protección Civil.

“Lo que más nos importa es que cumplan con lo de Protección Civil para que puedan prestar su actividad de manera que no pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas, de los pacientes y de los mismos asesores o doctores que dan atención”, expresó.

Oliva Jiménez afirmó finalmente que la intención del Municipio es acompañar a los establecimientos para que puedan regularizarse y reconoció que muchos realizan una labor altruista en favor de personas con problemas de adicciones.

“Muchos sí prestan la labor de una manera altruista, 100 por ciento comprometida con poner un granito para cambiar la sociedad”, señaló.