Chihuahua, Chih.- Organizaciones de la sociedad civil convocaron a rueda de prensa en el Congreso del Estado para protestar en contra de la reciente reforma electoral estatal de Chihuahua, modificación legislativa a la cual calificaron de regresiva y anticonstitucional.
“Estamos frente a una reforma que pone en riesgo avances concretos en representación política, participación ciudadana e igualdad que costaron años de organización, litigio y construcción institucional”.
Diversos ponentes, representantes de colectivos indígenas, de personas con discapacidad y activismo ciudadano, coincidieron en que la reforma atenta contra la progresividad de género y, en general, contra los derechos humanos fundamentales.
En su exposición, coincidieron también que las acciones afirmativas funcionan, pues de 423 candidaturas indígenas en las elecciones estatales de 2021, lograron con cargo de propietarias 40 regidurías indígenas y dos diputaciones.
El presídium fue compuesto por Rosa María Sáenz, del Centro de Mujer Trabajadora del Movimiento Estatal de Mujeres; Laura Lorena Fuentes Aldape, Pamela Pérez Gómez, Edith Díaz Aguirre, maestra de Educación Indígena; Francisco
Agüero Holguín, Edith Díaz y Javier Agüero, de pueblos y comunidades indígenas.
Así mismo, Patricio Rodríguez, comunidades indígenas Guachochi; Laura Lorena Fuentes y Rubén Chávez, activistas por los derechos de personas con discapacidad y excandidata de Morena por una diputación local, además de Pamela Pérez y Nayo Rodríguez, promotores de la elección directa de regidores, reforma recién abrogada, además de Dora Villalobos, comunicadora.
Aseguraron que la reforma pone en riesgo avances en derechos para personas con discapacidad y de la diversidad sexual, pues la legislación anterior garantizaba postulaciones diferenciadas, pero ahora ambos grupos deberán compartir una acción afirmativa equivalente apenas al 2% de las regidurías.
Para los pueblos indígenas, señalaron que limita la posibilidad de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) amplíe las medidas necesarias para garantizar representación en municipios y diputaciones.
Enfatizaron también que para las mujeres, la reforma reduce herramientas institucionales para corregir desigualdades y establecen nuevas restricciones en procedimientos de violencia política.
A pesar de que como organizaciones civiles no cuentan con personalidad jurídica para impugnar la reforma, acordaron recurrir a los canales institucionales correspondientes.
Con mayoría del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), la reforma electoral fue aprobada el 22 de junio pasado.