Chihuahua, Chih.- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, expuso que la familia de José L. E., quien figura como socio del exgobernador del Estado, Javier C., en el caso del presunto desvío de 98.6 millones de pesos, busca generar una “cortina de humo”, al recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar garantías, ya que supuestamente son objetivo de presiones mediáticas a raíz del proceso legal en contra del empresario.
“Considero que es una cortina de humo, tratando de victimizarse lo que no han podido ganar en los tribunales de México con tanto recurso de amparos que han presentado. Nuestra carpeta de investigación es sólida, por eso han perdido todos los amparos. Lo cierto es que a él le pagaron de forma ilegal e indebidamente 98.6 millones de pesos por hacer nada”, dijo.
Luego de que transcendió la petición de la familia del imputado ante organismos internacionales, el fiscal dijo que todas las actuaciones de la FACH en este y en todas las carpetas de investigación, son con control judicial. El señalado habría sido parte de una estrategia para desviar la cantidad señalada como el pago de un estudio que no han demostrado haber presentado y que también implica al exsecretario de Hacienda, Arturo F. V.
“Ahora bien, cualquier persona está en condiciones de exponer sus pretensiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Sin embargo, siempre estará sujeta a revisión para su admisibilidad”, agregó.
Añadió que una pretensión de tal naturaleza estima necesario que quien la formule hubiera agotado los recursos ordinarios dentro de los procedimientos que para tal efecto disponga la legislación del Estado Mexicano. Sin embargo, él es un prófugo de la justicia y ha evadido presentarse ante el juez de la causa, a pesar de los requerimientos del juez.
“En este caso en particular, el hoy imputado y prófugo de la justicia de siglas: JPLE, estaría buscando imponer mecanismos internacionales directamente en contra del Estado de Mexicano, no precisamente contra el Estado de Chihuahua como lo hacen ver las notas periodísticas”, apuntó.
Indicó que las medidas cautelares buscadas por el imputado, de ser aceptadas por la CIDH, no precisamente evitarán que un proceso ordinario siga su curso. Sino que evaluarán si José Pedro L. E. está en una situación de desventaja y vulnerabilidad respecto del Estado de Mexicano y sus instituciones.
“Cualquier persona está en condiciones de exponer sus pretensiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”
ABELARDO VALENZUELA Fiscal Anticorrupción de Chihuahua
“En conclusión está es una más de las estrategias fallidas que le han sugeridos sus abogados, de mediatizar su asunto jurídico con la justicia. Lo cierto es que está prófugo de la justicia, y hacemos un llamado atento y respetuoso a la FGJCDMX a que proceda a su captura, para que venga y se presente ante el juez de la causa”, dijo.