Chihuahua, Chih.- Fernando Ramírez Gutiérrez, “El Chino”, intentó agredir a Eloy Soto de un cachazo pero no disparar, y tanto la jueza y la magistrada actuaron con total apego a derecho, aseguró el abogado Luis Eduardo Valdés Barrón, representante de la defensa legal del absuelto a proceso.
Reconoció que su representado tuvo un conflicto con el ganadero Eloy Soto Payán el pasado 29 de septiembre en Parral, y que utilizó un arma de fuego, sin embargo, aseguró que la intención del acto fue causar una lesión y no arrebatar la vida a alguna persona.
Respecto de la revocación de vinculación por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, fue enfático en que el ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió múltiples violaciones al debido proceso, circunstancia clave para la decisión de la magistrada María Elizabeth Macías Márquez, de la Sala Penal Regional con sede en Parral.
Como punto central, dijo, existe un video que valoraron la magistrada y peritos expertos que concluyen que el balazo que lesionó al abogado Héctor Villasana y a Enrique Eduardo Muñoz fue a raíz del forcejeo entre Ramírez Gutiérrez (hermano de Guillermo Ramírez Gutiérrez, diputado presidente del Congreso del Estado) y Eloy Soto. Detalló que la grabación fue obtenida a través de las cámaras de una florería adyacente a donde ocurrieron los hechos y dura alrededor de un minuto.
Indicó que existen hechos indiscutibles, como el conflicto entre ambos particulares, y como detalles mencionó que su cliente cuenta con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la portación del arma de marca Browning, calibre 22, además de que Villasana y Muñoz no han interpuesto querella alguna y de manera legal no podrían ser considerados víctimas.
Defendió la resolución de la magistrada Macías Márquez y del juez de Control Elmer Lerma Fontes, así como de los expertos periciales en criminalística, quienes avalaron la no intencionalidad de cometer un homicidio por parte de “El Chino”. Asimismo descalificó las versiones que aseguran existe tráfico de influencias al asegurar que la magistrada y el juez de Control actuaron con apego a derecho.
“Puede que una conducta a ojo de cualquier ciudadano sea interpretado como intento de homicidio, y esa cuestión implica un ánimo fundamental que es la intencionalidad de privar de la vida a alguien. No es lo mismo que una pistola se dispare a una distancia de 10 o de 15 metros, a que sea utilizada como un objeto contundente y, válgame la expresión, un cachazo”, concluyó el punto.