Chihuahua, Chih.- Familias víctimas de desplazamiento forzado solicitaron a las autoridades una reunión en un plazo no mayor a quince días a fin de ser escuchados para que atiendan esta problemática la cual afecta a niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres.

“Algunas de nuestras familias fueron desplazadas desde hace más de 15 años, a causa de la disputa violenta entre grupos armados quienes pretenden el control del territorio y como consecuencia de la defensa del bosque y territorio que hemos realizad”, dijeron en el posicionamiento.

Además dijeron que aunque cada familia y comunidad ha vivido esta situación de manera distinta, las violencias siguen un mismo patrón.

“Hemos sufrido el asesinato de familiares y vecinos, reclutamiento forzado de los jóvenes, golpizas, amenazas, violaciones, quema de viviendas, burlas, despojo de tierras, desapariciones y la criminalización”.

A pesar de que los delitos cometidos por quienes desplazan y despojan son sumamente graves, hasta ahora no han encontrado justicia y la calidad de víctima nos es negada por no interponer denuncia, aun cuando son hechos del dominio público.

“Solicitamos se otorgue la calidad de víctima a las personas desplazadas en la ciudad de Parral. Cuando salimos desplazados de nuestras comunidades, perdemos todos nuestros documentos. Esto nos impide acceder a empleos, proyectos y programas de gobierno. Nuestra vida en la Sierra Tarahumara era diferente, sencilla pero teníamos lo necesario para vivir, en la ciudad pasamos muchas necesidades”.

En ese mismo sentido, dijeron es necesario garantizar las condiciones de seguridad para todas las familias, es decir que se investigue, detenga y procese a los responsables de toda la violencia descrita, queremos regresar a nuestra comunidad.

“Sin un entorno seguro, cualquier intento de regreso pondría en riesgo nuestras vidas. En caso de que el retorno no sea viable, exigimos la reubicación en una vivienda o terreno que nos permita sembrar, con un espacio suficiente, donde sea posible vivir en apego a nuestras tradiciones”.

Aunado a eso, dijeron que algunas de las necesidades básicas que tienen en la ciudad son el acceso a la salud, medicamentos, servicios públicos básicos y seguridad.

“También es una prioridad continuar con los estudios de nuestras niñas, niños y adolescentes, con maestras que hablen nuestra lengua y comprometidos con la niñez indígena. Urgen proyectos productivos dirigidos especialmente a personas desplazadas que nos ayuden a generar ingresos dignos”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportó que el año pasado fueron atendidas 606 víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en comunidades de Guadalupe y Calvo, en seis intervenciones realizadas por la instancia y otros organismos públicos.

A consecuencia de los enfrentamientos entre grupos criminales, los desplazamientos de personas están concentrados en esa región, que forma parte del llamado "Triángulo Dorado de las drogas" (Chihuahua, Sinaloa y Durango), en un nivel sin precedentes en la entidad.

En el informe anual 2024 que la CEDH entregó al Congreso del Estado, el organismo autónomo asegura que aborda el fenómeno de violencia asociado al desplazamiento forzado interno a través de acciones concretas, como son las visitas a los territorios afectados, realización de entrevistas con las víctimas, así como la gestión y canalización a las instancias correspondientes.