En el restaurante Raíces de mi Pueblo, en la costa este de España, Luz Fanny Arce Campiño, de 53 años, removía un rico guiso y describía cómo su hogar europeo de adopción había eclipsado a Estados Unidos como el destino más deseado por amigos y familiares en su ciudad natal colombiana.
Campiño dijo que, tras llegar a Madrid en avión y convertirse en “otra migrante ilegal” por sobrepasar la duración de su visa, estableció su residencia en la pequeña ciudad de Paiporta donde consiguió trabajo en el restaurante de su hermano y fue salvada por “ángeles de la guarda” que la rescataron durante las desastrosas inundaciones del año pasado. Ahora el gobierno le ha concedido un estatus legal y una vía hacia la ciudadanía española.
“Estoy contenta”, dijo.
A diferencia de Estados Unidos y de algunos vecinos europeos, definidos por sus duras posturas en políticas de inmigración, el gobierno de izquierda español ha proyectado una imagen de sí mismo como el nuevo crisol de Occidente. Ha acogido a los migrantes, especialmente a los latinoamericanos que hablan la lengua de España, comparten su religión y comprenden su cultura. Incluso los activistas que afirman que esa cálida acogida no se extiende a muchos africanos reconocen que España es un caso atípico en un continente que cierra sus puertas.
El gobierno afirma que ha estado motivado en parte por valores progresistas y por el recuerdo de la emigración española a Latinoamérica, especialmente durante la dictadura de Francisco Franco. Pero el gobierno afirma que su aceptación de los migrantes también refleja la realidad de unas tasas de natalidad cada vez más bajas y la escasez de trabajadores autóctonos para mantener las enormes prestaciones sociales.
Los más de 3 millones de trabajadores españoles nacidos en el extranjero —más de un millón de los cuales han llegado desde que el presidente Pedro Sánchez asumió el poder en 2018— han contribuido a que el país sea, según algunas mediciones, la gran economía de más rápido crecimiento de la eurozona.
“O abres y creces”, dijo Sánchez en una entrevista reciente con The New York Times. “O cierras y te hundes”.
Los activistas de la migración sostienen que todavía hay mucha distancia entre la retórica altisonante de Sánchez y la realidad sobre el terreno.
Muchos latinoamericanos se quejan de una mirada colonial persistente y esnob. Y aunque el gobierno reconoce que tiene una rara habilidad, envidiada por algunos líderes de la derecha dura europea, para atraer a una población que puede asimilarse más fácilmente, los activistas afirman que el gobierno le está dando largas a una petición en el Parlamento para declarar una amnistía y conceder el estatus legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, en su mayoría latinoamericanos.
Los críticos también acusan al gobierno de un evidente doble rasero. Muchos latinoamericanos llegan en avión con visas de turista, se quedan más tiempo del permitido y esperan encontrar un camino hacia la legalización. A menudo lo consiguen. Muchos africanos, por el contrario, llegan en barco y sin papeles, y se encuentran con controles fronterizos, puertas cerradas o un purgatorio de burocracia.
Sánchez rechaza la crítica, afirmando en la entrevista con el Times que el gobierno no está incentivando a un grupo frente a otro.
Su gobierno ha señalado que un gran porcentaje de los migrantes legales del país proceden de Marruecos y dice que es el partido Vox, antimigrante, antimusulmán y en auge, el que prefiere a los latinoamericanos en comparación con los africanos.
Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, añadió en una entrevista reciente que todo el ruido antinmigración de la derecha equivalía a una distracción desesperada de lo que era una clara historia de éxito.
“España es un faro”, dijo.
Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora sobre inmigración en España, quien es oriunda de México, está de acuerdo. “Para los latinoamericanos, España no existía. Era Europa, al otro lado del océano”. Pero a medida que Estados Unidos se vuelve menos atractivo, con las medidas represivas del gobierno de Donald Trump, “la gente empieza a ver a España como el país”.
Para España, dejar entrar a migrantes tiene innumerables ventajas.
Aunque el país sigue teniendo una tasa de desempleo superior al 10 por ciento, la peor de la Unión Europea, la falta de trabajo es la mitad que hace una década, y los partidarios de la inmigración afirman que los recién llegados ocupan puestos de trabajo mal pagados o físicamente exigentes que los españoles son reacios a aceptar en restaurantes, como niñeras o como trabajadores agrícolas y de la construcción.
Sin migrantes, dijo Saiz, España “se pararía”.
También existe una motivación política para tratar bien a los nuevos migrantes. Muchos constituyen una base potencial de votantes en un país profundamente polarizado, y la oposición conservadora, que incluye a Vox, ha cortejado vigorosamente a los latinoamericanos, especialmente a los procedentes de Venezuela, escépticos ante las políticas socialistas de su país.
Carlos Flores, diputado de Vox por Valencia, dijo que no tendría ningún problema en que los dirigentes dieran prioridad a determinados grupos de migrantes porque, en su opinión, un jubilado noruego, un expatriado estadounidense o un venezolano adinerado plantean “cero problemas”. Dijo que lo mismo ocurre con los “migrantes trabajadores” de América Latina, en quienes confía para que cuiden de sus ancianos padres.
Sin embargo, argumenta que la ideología progresista del gobierno lo ciega ante lo que considera la incompatibilidad cultural de los migrantes procedentes de países africanos y los riesgos para la seguridad que, según dijo, pueden acarrear.
El gobierno rebate esa postura, señalando que la delincuencia ha disminuido en comparación con hace 20 años, antes de la última oleada de inmigración. Y aunque los migrantes constituyen un porcentaje desorbitado de las personas condenadas en los tribunales españoles, los expertos afirman que la pobreza es el principal motor, y que los delitos suelen ser no violentos. El año pasado, el jefe de la policía nacional dijo que era “desinformación” que los extranjeros estuvieran aumentando la delincuencia.
Sin embargo, las encuestas sugieren que el mensaje de Vox tiene cada vez más alcance.
El día de la fiesta anual de Moros y Cristianos de Valencia —que refleja los siglos de califato árabe en gran parte de España y luego los siglos de esfuerzo cristiano por reconquistar la península—, Ana Mostazo, de 40 años, lucía la camiseta de la comparsa cristiana “Guerreros del Cid”. Miraba en su teléfono un video de inteligencia artificial sobre caballeros cristianos que reconquistaban ciudades españolas durante la Edad Media y hablaba con orgullo de sus amigos migrantes de América Latina. Decía que mantenían la economía a flote, pero añadía: “Los marroquíes son un problema”.
El gobierno español califica estas declaraciones de engañosas. El Ministerio del Interior afirma que la inmigración ilegal procedente del norte de África hacia las Islas Canarias y otras zonas de la costa española descendió un 40 por ciento este año. A pesar de ello, los conservadores del país querían adoptar una mentalidad de fortaleza común en los vecinos del sur de Europa con gobiernos de derecha, dijo Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior español, en una entrevista.
“Dicen que deberíamos imitar las políticas de Italia y Grecia”, dijo. “Estamos teniendo mejores resultados que ellos”.
Dijo que el gobierno está buscando un equilibrio entre la promoción de los beneficios de la inmigración legal y los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. Dijo que el problema de la petición de amnistía, apoyada por la Iglesia católica, era que podía actuar como “efecto llamada” para que los traficantes trajeran más migrantes.
También habló de que para España “lo importante no es cerrar fronteras, lo importante es adelantar fronteras” en naciones africanas y dijo que funcionarios españoles trabajaban ahora en Senegal, Níger y Gambia. Rechazó las preocupaciones sobre la colaboración de España con gobiernos africanos no democráticos para atrapar a migrantes indocumentados —proporcionando a algunos de ellos drones y dispositivos biométricos—, tachándolas de eurocéntricas y paternalistas.
Los defensores de los migrantes afirman que aquellos que logran entrar al país suelen vivir en condiciones miserables, lejos del sueño español.
Tras llegar ilegalmente a España desde Ghana en 2018, Ali Maiga, de 31 años, ha vivido con otros migrantes africanos en un edificio en ruinas e infestado de ratas junto a un cementerio. Hizo cursos para conducir carretillas elevadoras, pero no pudo conseguir un contrato de trabajo para obtener un permiso de residencia que le permitiera trabajar legalmente. Ha aceptado trabajos informales en un desguace para salir adelante. Dijo que ha visto cómo los amigos que tiene en su país publican sobre su éxito allí, pero “no quiero contarles mi situación aquí”.
Algunos latinoamericanos también se enfrentan a obstáculos, especialmente en la tensa atmósfera política actual.
Silvana Cabrera, cuyo abuelo se trasladó de España a Bolivia durante la Guerra Civil española, dirige una organización que intenta ayudar a los migrantes indocumentados a conseguir sus papeles.
Desde que se convirtió en una democracia, España había efectuado nueve amnistías, tanto por gobiernos de centro-izquierda como de centro-derecha. El último impulso contó en su día con el apoyo del Partido Popular, conservador y proempresarial, antes de que Vox ejerciera presión desde la derecha. Cabrera argumentó que Sánchez también sentía la presión política y se había resistido a promulgar un decreto porque “tiene miedo de perder el poder”.
Pero muchos migrantes, especialmente los latinoamericanos, cuentan una historia más feliz.
Campiño, la cocinera, dijo que España no solo le ha dado una comunidad y trabajo, sino que los españoles también le han salvado literalmente la vida. Durante las mortales inundaciones del año pasado, se aferró a un árbol en medio de las aguas embravecidas hasta que un español le hizo una cuerda con ropa y tiró de ella para ponerla a salvo. Una mujer española a la que ahora llama “abuelita” le dio cobijo en un apartamento. Debido a su aterradora experiencia, se aceleró su solicitud de legalización.
Afirmó que ahora no puede esperar a obtener el pasaporte español. Piensa utilizarlo para ir a Estados Unidos, pero solo para ver a su hijo y a su nieto. “Y entonces”, dijo, “volveré y viviré aquí”.