Washington DC, EU.- El Gobierno del Presidente Donald Trump comenzó a construir el muro fronterizo a través de un tramo del oeste de Texas en la región de Big Bend, lo que marca la primera gran obra en una zona de la frontera entre Estados Unidos y México donde los planes del Gobierno han enfrentado una fuerte oposición.

El inicio de la construcción marca un hito importante en el plan de 46 mil millones de dólares del Gobierno para cubrir la frontera con muros, barreras, caminos y tecnología, mientras busca terminar el muro, una promesa clave que Trump hizo en su campaña. Y ocurre mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus silgas en inglés) afirma que ha duplicado el ritmo al que construye el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La CBP señaló en un comunicado a The Associated Press que "la instalación de paneles del muro fronterizo está en marcha" en un tramo de 75,6 kilómetros del condado de Hudspeth, en el oeste de Texas, conocido como Big Bend 1. En total hay cinco áreas de proyecto que conforman la región de Big Bend, de aproximadamente 804 kilómetros (500 millas), que se extiende desde una zona del condado de Hudspeth al sur de El Paso hasta el lago Amistad.

La agencia no indicó cuándo se habían instalado los paneles. En un mapa que aparece en el sitio web de la agencia, donde se publican actualizaciones de la construcción del muro a lo largo de toda la frontera sur, una foto muestra una grúa levantando uno de los paneles de acero de la muralla, de 9 metros de altura, para colocarlo en su sitio mientras trabajadores de la construcción observaban.

La nueva actividad era independiente de un proyecto de infraestructura fronteriza en el cercano Parque Nacional Big Bend, donde el Gobierno ha suspendido temporalmente la construcción en un intento de acercamiento a los opositores.

En toda la región de Big Bend, en Texas, la CBP se ha topado con una oposición coordinada de propietarios de tierras, grupos ambientalistas, dueños de negocios y ganaderos, quienes sostienen que la remota región no es un área de alto tránsito para la inmigración ilegal.

Varios activistas afirmaron el viernes que seguirían oponiéndose a los proyectos de infraestructura fronteriza en el resto de la región de Big Bend, incluso mientras se instalaban los paneles.

Clara Benson, una de las fundadoras de la coalición No Big Bend Wall, que lucha contra los planes de la CBP, comentó el viernes en una entrevista que la organización había recibido reportes de camiones que trasladaban suministros a la remota zona a lo largo del río Grande, conocido en México como río Bravo, y de que contratistas habían despejado patios para almacenar materiales.

Pero al hablar desde Washington, D.C., donde ella y otros integrantes de la coalición se reunían con legisladores, manifestó que la organización y otros continuarían combatiendo los planes de construcción del muro en toda la región.

"Seguiremos luchando por esta tierra sin importar cuál sea el resultado. Seguiremos luchando hasta el final", declaró Benson. "Uno habla con la gente del oeste de Texas y dicen que, aunque lo levanten, lucharemos para que lo derriben. Así que esta lucha no ha terminado".

En Texas, gran parte de la oposición se ha centrado en los planes de la agencia para el Parque Nacional Big Bend, en el suroeste del estado sobre el río Grande, que atrae a turistas de todo el mundo. Pero río arriba y río abajo fuera del parque, gran parte de la tierra pertenece a propietarios privados, muchos de los cuales han rechazado los esfuerzos del gobierno.

A principios de esta semana, propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios de la región de Big Bend, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la región, presentaron una demanda para detener los planes del gobierno.

Activistas y propietarios también han asistido a reuniones del condado para presionar a sus funcionarios electos a no cooperar con los contratistas contratados por la CBP para construir el muro, y muchos propietarios se han negado a permitir que funcionarios del gobierno o contratistas ingresen a sus terrenos para realizar estudios.