La publicación de un nuevo reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticando la designación de cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y que llama a investigar los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas enfureció a la Administración del Presidente Donald Trump.

Apenas el jueves, el Relator Especial de la ONU para la Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, había asegurado en un nuevo informe que la designación terrorista de los cárteles del narcotráfico impulsada por el Presidente Trump podría ser contraproducente y condenó los ataques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

"La violencia organizada vinculada a las drogas y el uso indebido de estas amenazan los derechos a la vida, a la seguridad personal y a la salud. Los Estados deben adoptar todas las medidas lícitas para combatirlos", dijo Saul al presentar su reporte de 26 páginas que fue transmitido en julio a la Asamblea General.

"Al igual que el terrorismo, la violencia criminal organizada puede infundir miedo o coaccionar a Gobiernos. No obstante, se trata de un tipo de daño distinto que requiere una respuesta jurídica diferente", aseguró Saul, quien añadió que los cárteles deben ser combatidos bajo leyes de delincuencia organizada y no de antiterrorismo.

Tras la publicación del reporte, el Embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, lanzó un duro ataque en contra del Relator Especial de la ONU acusándolo de estar al servicio de China para atacar a EU y defendió la designación terrorista de los cárteles que la Administración Trump ha pedido a otros Gobiernos imitar.

"Este funcionario de la ONU se preocupa más por las vidas de los narcoterroristas que por las comunidades que estos destruyen mediante las drogas, la delincuencia y la inmigración ilegal", dijo el Embajador Waltz.

'EL PATIO TRASERO DE EU'

En su reporte, el Relator Especial de la ONU reconoce que los cárteles de México han hecho uso de tácticas terroristas como ejecuciones, decapitaciones, masacres, torturas, profanaciones de cadáveres, secuestros y reclutamiento forzoso, pero insiste en que fundamentalmente buscan proteger sus ganancias económicas.

Al referirse a América Latina como el "patio trasero" de EU, el Embajador estadounidense acusó que el abogado australiano Saul no puede considerarse "independiente" pues el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU recibió 150 mil dólares de China para apoyar la labor del abogado australiano como Relator Especial.

"Ben Saul pretende ahora que se investigue a los líderes militares y civiles estadounidenses por hacer frente a los cárteles narcoterroristas en nuestro propio patio trasero", dijo el Embajador estadounidense ante la ONU.

Siguiendo lo que otros expertos han señalado, el Relator Especial Saul afirmó que los más de 70 bombardeos de EU contra presuntas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que han dejado más de 230 muertos pueden constituir delitos bajo el derecho internacional y llamó a otros países a no acompañarlos.

"Los ataques contra personas y buques en el mar pueden constituir delitos contra la seguridad marítima establecidos en los tratados. Todos los autores, incluidos los dirigentes militares y civiles, deben ser investigados y rendir cuentas conforme al derecho internacional", se lee en el reporte del Relator Especial Saul.

Desde 2025, Trump ha designado a 21 cárteles del narcotráfico y pandillas delictivas de América Latina y el Caribe como organizaciones terroristas extranjeras -incluyendo a 8 cárteles mexicanos- y ha llamado a un grupo de países de la región que participan en el llamado Escudo de las Américas a hacer lo mismo.

Hasta el momento, algunos países que conforman el llamado Escudo de las Américas han imitado a la Administración Trump con su designación de los cárteles como organizaciones terroristas entre ellos El Salvador, Argentina y Ecuador.

Aunque la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras en EU ha permitido presentar cargos criminales adicionales contra personajes y ayudantes, algunos expertos creen que esta no añade novedosas herramientas a las ya incluidas en leyes de delincuencia organizada como la Ley de Cabecillas del Narcotráfico de 1999.