Washington DC, Estados Unidos.- Según tres personas con conocimiento del asunto, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, abandonó recientemente su residencia en el área de Washington para trasladarse a una base militar, luego de que agencias de inteligencia estadounidenses detectaran amenazas iraníes contra su vida, informó The New York Times.

De acuerdo con las personas familiarizadas con el tema, funcionarios estadounidenses concluyeron en las últimas semanas que los presuntos planes de Irán para atacar a funcionarios estadounidenses, tanto actuales como retirados, habían avanzado a una etapa más delicada.

Entre la información de inteligencia recopilada figuraban amenazas específicas contra Bessent.

Desde agosto, el funcionario encabeza una campaña de presión económica para aislar financieramente a Irán mediante sanciones más severas y restricciones a sus rutas comerciales.

Esta estrategia lo habría convertido en uno de los integrantes del Gobierno del Presidente Donald Trump a los que Teherán busca perjudicar, según las fuentes citadas por el diario.

Aunque se desconoce la gravedad de las amenazas, funcionarios estadounidenses consideran que la capacidad iraní para ejecutar ataques a gran escala en Estados Unidos y otros países es limitada.

Sin embargo, han tomado con seriedad las amenazas dirigidas contra personas específicas, entre ellas el propio Trump, quien fue objetivo de un presunto complot de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro aseguró que Bessent ''no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní'' y que continuará comprometido con la campaña para asfixiar la economía de ese país.

Bessent es el último funcionario de alto nivel de la Administración Trump que abandona su domicilio para instalarse en una base militar u otra vivienda protegida.

Al menos media docena de integrantes del Gobierno hicieron lo mismo el año pasado, entre ellos Stephen Miller, actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Pam Bondi, entonces Fiscal general.

En el caso de Bondi, las amenazas estuvieron relacionadas, en parte, con el incremento de intimidaciones que recibió después de que fuerzas estadounidenses capturaran al ex Presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos federales.

El traslado de Bessent ocurre después de que, el mes pasado, el Gobierno estadounidense pusiera en máxima alerta a sus empleados en Medio Oriente y redujera el personal de embajadas y consulados ante información de inteligencia sobre posibles ataques iraníes contra ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, el Ejército retiró de manera repentina bombarderos de una base en Reino Unido tras un presunto plan terrorista contra esas instalaciones.

La campaña económica encabezada por Bessent tiene entre sus principales objetivos cortar el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo militar más poderoso de Irán y una organización que controla una parte importante de la economía del país.

Washington busca que las sanciones debiliten a Teherán y reduzcan la necesidad de reanudar operaciones militares de gran escala en la guerra iniciada por Trump el 28 de febrero, un conflicto impopular que el Presidente ha prometido terminar.

Bessent y otros funcionarios estadounidenses sostienen que la estrategia está dando resultados, al debilitar la economía iraní, provocar el desplome de su moneda y deteriorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, información de inteligencia citada por el New York Times indica que los dirigentes más radicales de Irán están decididos a mantenerse en el poder, lo que pone en duda que la presión económica por sí sola pueda provocar un cambio de régimen.

Las amenazas contra funcionarios estadounidenses tienen antecedentes.

Irán mantiene a Trump como objetivo desde enero de 2020, cuando ordenó el ataque con drones que mató al general Qassim Suleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

En 2024, fiscales federales acusaron a Farhad Shakeri, identificado como integrante de la Guardia Revolucionaria, de participar en un plan para asesinar a Trump en represalia por la muerte de Suleimani.

Otros funcionarios de seguridad nacional que participaron en la preparación de aquella operación también recibieron amenazas iraníes.

Aunque el Gobierno de Joe Biden mantuvo la protección oficial para algunos de ellos, Trump revocó esas medidas poco después de regresar a la Casa Blanca, incluso para antiguos asesores que todavía eran considerados cercanos a él.