Estado
24 Sep, 2026
Jueza federal concede libertad a presunta secuestradora
La suspensión provisional se otorga al considerar que no existe riesgo de que Jazmín Iveth J. P. se evada
Staff / El Diario de Juárez

La Jueza Octava de Distrito, Marisela Eréndira Ángel Licea, concedió la suspensión provisional de la prisión preventiva oficiosa a Jazmín Iveth J. P., acusada de secuestro, al considerar que no se acreditó la necesidad de mantenerla en la cárcel y al no existir riesgo de que se evada, pueden atenderse con otras medidas cautelares.
Por ello, ordenó sustituirla y disponer la libertad de la acusada, sin celebrar otra audiencia de revisión de medidas cautelares, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Como se informó, Jazmín Iveth J. P., fue detenida junto con Óscar Amador A. H. y Bryan Jairel T. N. por agentes de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, en la ciudad de Chihuahua.
El fiscal logró el auto de vinculación a proceso en contra de tres presuntos responsables de secuestro agravado en perjuicio de dos víctimas de origen hondureño, a quienes mantuvieron privados de la libertad durante 12 días para obtener un lucro, dio a conocer la FGE.
Las tres personas fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión obsequiadas por un Juez de Control, que revisó los antecedentes derivados de las acciones de inteligencia e investigación para el esclarecimiento de los hechos.
La captura fue realizada el pasado 13 de diciembre del 2025 y el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.
Celebrada la continuación de la audiencia, el día 18 de diciembre el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los dos hombres y la mujer.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la FEOE, los presuntos responsables, en compañía de otras personas, privaron de la libertad a las víctimas con identidad reservada, de origen hondureño, con el propósito de obtener un beneficio económico.
El grupo mantuvo a sus víctimas retenidas contra su voluntad, manteniéndolos en cautiverio 12 días aproximadamente, mientras que exigían cantidades en dólares a sus familiares a cambio de su libertad y bajo amenaza de hacerles daño si el pago no se realizaba. El 9 de diciembre las víctimas lograron escapar y pidieron la ayuda de las autoridades.
El juez de control determinó otorgar cuatro meses para las investigaciones complementarias y debido a que las víctimas son personas en movilidad, es decir, migrantes, en la audiencia de vinculación se llevó a cabo la prueba anticipada (mecanismo excepcional para desahogo de medios probatorios ante el riesgo fundado para las víctimas).
Sin embargo, la jueza de control resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó que la mujer fuera puesta en libertad y actualmente permanece en su domicilio.
El personal del Tribunal Superior de Justicia en el estado informó que en estos casos el Juez debe enviar oficio al Instituto de Servicios Previos al Juicio a fin de que una supervisora se comunique con las personas involucradas.
Al imputado se le debe informar en audiencia la nueva determinación porque se le debe dejar en claro que continua sujeto a un proceso penal.
Se le dan los nuevos requerimientos como son firmas cada cierto tiempo, la prohibición de acercarse a las víctimas o familiares, no salir de la ciudad o las que determine el juez de Control, en caso de que el juez federal no las haya decretado ya en su resolución.