Ciudad Juárez.- Casa de Refugio para Jovencitas, A. C., organización dedicada a la atención de niñas y adolescentes y ligada a un caso de trata de personas, reportó ante la Secretaría de Hacienda 11 millones 588 mil 83 pesos en donativos entre 2008 y 2024, además de recibir recursos públicos y operar mediante convenios con el DIF estatal para atender a menores bajo tutela pública.

Su representante legal y directora, Maricruz R. R., de 64 años, enfrenta actualmente un proceso penal por trata de personas en la modalidad de explotación laboral, luego de que la Fiscalía General del Estado la señalara por obligar presuntamente a dos adolescentes a elaborar piñatas mientras permanecían en el refugio.

Los donativos fueron reportados por la asociación dentro del régimen de donatarias autorizadas y corresponden a aportaciones en efectivo y especie. La cantidad acumulada fue registrada durante 17 ejercicios fiscales consecutivos, de 2008 a 2024.

El mayor monto se registró en 2013, cuando Casa de Refugio declaró 2 millones 241 mil 999 pesos en donativos, de los cuales poco más de 2 millones correspondieron a efectivo y el resto a aportaciones en especie.

En 2008, el primer ejercicio de la serie revisada, la asociación había reportado un millón 813 mil 288 pesos. Después registró cantidades menores durante los siguientes años, aunque en 2019 volvió a alcanzar 890 mil 203 pesos.

A partir de 2020, los donativos declarados fueron de 402 mil 136 pesos; en 2021 bajaron a 358 mil 729 y en 2022 a 283 mil 717. Para 2023 la cantidad fue de 194 mil 771 pesos, mientras que en 2024 volvió a incrementarse hasta 395 mil 505 pesos.

Los 11.5 millones de pesos no corresponden a recursos públicos. Son donativos reportados fiscalmente por Casa de Refugio como donataria autorizada.

Por separado, documentos oficiales muestran que la asociación también recibió dinero y apoyos públicos.

En 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Social registró un apoyo de 20 mil pesos para Casa de Refugio dentro del programa de ayuda a instituciones sociales.

Los registros del DIF Estatal muestran posteriormente apoyos por al menos 63 mil 750 pesos durante 2018 y 133 mil 750 pesos en los tres últimos trimestres de 2019. En este último caso, no fue localizado el registro correspondiente al primer trimestre, por lo que la cifra no representa necesariamente todo lo recibido durante ese año.

Para 2021 se identificaron al menos 84 mil 422.64 pesos en registros del DIF, mientras que durante 2022 aparecen 16 mil 691.66 pesos.

También hay registros de apoyos posteriores: 806.45 pesos en 2023, 12 mil 419.33 pesos en 2024 y, en 2025, dos apoyos por mil 833.33 y 5 mil pesos. Algunos de estos últimos aparecen como apoyos indirectos o canalizados mediante otros programas y asociaciones.

La relación entre Casa de Refugio y el Gobierno estatal no se limitó a apoyos ocasionales.

En un convenio firmado en 2016, el DIF Estatal estableció un pago de 600 pesos mensuales por cada menor bajo tutela pública que permaneciera en el centro, además de apoyos alimentarios.

A cambio, la asociación tenía que presentar mensualmente una relación de las menores bajo tutela pública y reportar también el número total de niñas y adolescentes que permanecían en el refugio, incluso aquellas que no estaban bajo tutela pública.

El convenio establecía también que el centro debía garantizar los derechos de las niñas y adolescentes y proporcionarles un entorno seguro. Entre las conductas de las que debían ser protegidas aparecían expresamente la violencia, el abuso, la trata de personas y la explotación.

De acuerdo con información oficial del 24 de junio de 2024, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que Casa de Refugio para Jovencitas formaba parte de los 23 Centros de Asistencia Social autorizados o registrados en Chihuahua.

En ese momento había seis niñas, niños y adolescentes institucionalizados en el refugio, de acuerdo con los registros de la autoridad.

Es en este contexto institucional que la Fiscalía General del Estado inició el proceso contra Maricruz R. R.

De acuerdo con la acusación, entre marzo y noviembre de 2022, una adolescente de 12 años que se encontraba en el refugio habría sido obligada a elaborar piñatas.

En un segundo caso, otra menor, de 13 años, habría sido sometida a una actividad similar entre febrero de 2023 y octubre de 2024.

Maricruz R. R. fue detenida el 27 de agosto y quedó sujeta a prisión preventiva. El juez concedió cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.