Cuauhtémoc, Chih.- Decenas de familias campesinas e indígenas desplazadas por la violencia de los municipios de Moris y Uruachi se posesionaron de manera pacífica de las viviendas abandonadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) en ciudad Cuauhtémoc, para exigir que les haga efectivo su derecho a la vivienda.

En un comunicado, las familias señalaron que desde hace más de dos años fueron obligadas a dejar sus comunidades, donde perdieron casas, ganado, siembras, muebles y herramientas.

“Lo poco que nos quedó allá ha sido incendiado o saqueado. Nos venimos sólo con lo que traíamos puesto”, afirmaron.

Relataron que al llegar a Cuauhtémoc han tenido que pagar rentas muy altas, hacinarse varias familias en una misma casa y buscar trabajo y escuela para sus hijos.

Ante la falta de opciones, en febrero pasado ocuparon por primera vez las 165 viviendas del fraccionamiento, que aseguran llevan más de 15 años desocupadas, con la intención de pagarlas al Estado, pero fueron desalojados tras amenazas y amedrentamiento policial.

Desde entonces, aseguraron que han tocaron todas las puertas: Presidencia Municipal, Coesvi, Gobierno del Estado y federación, solicitando la venta de las casas, no regaladas, sin obtener respuesta por escrito. En junio supieron que la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) subastó todo el fraccionamiento y lo adjudicó a la Inmobiliaria AGH, por lo que ahora interpusieron una demanda ante el Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de la Coesvi para que reviertan o anulen la subasta.

Entre los agravios que señalan, destacan seis puntos: que vulneraron su derecho a la vivienda al preferir vender a una empresa para lucrar, en lugar de a familias que lo necesitan.

Violación al derecho de petición, al no responderles por escrito y no publicar la convocatoria a la subasta en medios de Cuauhtémoc.

Haber vendido el fraccionamiento completo a una sola empresa, cuando el Anexo II de las bases contemplaba venta individual a crédito. Cambiar las condiciones de la subasta, vendiendo a crédito -4.5 mdp de enganche y 40.5 mdp a un año- y no al contado como estaba pactado.

No someter la venta total del fraccionamiento a la autorización del Congreso del Estado, como marca la Ley de Bienes y la Ley de Vivienda.

Que la empresa ganadora incumplió las bases al realizar obras, instalar cercas y hacer propaganda antes de la firma de escrituras. Las familias denunciaron además el negocio inmobiliario: según sus cálculos, Coesvi vendió las

165 casas en 45 millones 623 mil pesos, lo que da un costo de 276 mil 503 pesos por vivienda, pero la inmobiliaria las ofertará entre 800 mil y un millón de pesos cada una.“¡vaya negocio que harán con los recursos del pueblo para viviendas!”, cuestionaron.

A pesar de la toma, las familias aseguraron que mantienen la disposición de comprar las viviendas conforme a sus posibilidades de pago y que están abiertas al diálogo y a una negociación respetuosa con las autoridades. (Alejandra Sánchez / El Diario)