Chihuahua, Chih.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó una calificación de 5.06 al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) No. 1, en Aquiles Serdán, la más baja entre los nueve penales que operan en Chihuahua y que están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado ayer, la CNDH indicó que al momento de recabar los datos, las cárceles de Chihuahua tenían nueve mil 739 internos, por lo que colocó al estado a la cabeza del Grupo D, que incluye entidades federativas cuyos sistemas penitenciarios albergaban de seis mil 001 a 10 mil personas privadas de la libertad.
Asimismo, informó, el sistema penitenciario tuvo una calificación global de 5.89, tras evaluar cinco aspectos: garantías a la integridad de las personas privadas de la libertad; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
En particular, detalló que cinco de los nueve penales estatales de Chihuahua tienen calificación reprobatoria, siendo el Cereso 1, de Aquiles Serdán, el peor evaluado.
El resto de los ceresos que obtuvieron menos de 6.0 puntos fueron: el No. 7, de Cuauhtémoc, con 5.08; No. 2, de Chihuahua, con 5.33; No. 5, de Nuevo Casas Grandes, con 5.51 y el No. 3, de Ciudad Juárez, con 5.70.
Los penales aprobados fueron: el Cereso No. 8, de Guachochi, que tuvo la puntuación más alta de 7.01; el Cereso No. 4, de Parral, con 6.76 y los Ceresos Femeniles No. 1 y No. 3 , de Aquiles Serdán y Ciudad Juárez, que recibieron calificaciones de 6.53 y 6.02, respectivamente.
Entre los hallazgos generales realizados por la Comisión el año pasado están: sobrepoblación en los ceresos Femenil No. 2 y los varoniles 1, 3, 4, 5 y 7, de Aquiles Serdán, Ciudad Juárez, Parral, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.
Además, detectó a personas privadas de la libertad realizando funciones de la autoridad en el Centro de Reinserción Social No. 2 de Chihuahua, conocido como Unidad de Bajo Riesgo o ‘Peni Vieja’.
No garantiza Cereso 1 integridad ni derechos de internos
En el caso concreto del Cereso 1, la CNDH le dio puntaje de entre 0 a 5.9 en cuatro de los cinco rubros, entre ellos el de garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
El único aspecto que obtuvo calificación aprobatoria fue el de estancia digna, aunque en un rango bajo de entre 6.0 y 7.9.
Respecto a las garantías para la integridad de los internos, la Comisión apuntó que el penal presentaba deficiencias en los servicios de salud; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección; hacinamiento e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
También había vías insuficientes para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; la sobrepoblación era de 38.8% al contar entonces con dos mil 611 internos con apenas mil 881 espacios.
Por otra parte, apuntó el documento, hay falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
En lo que respecta a las condiciones de gobernabilidad, el diagnóstico apunta que el Cereso 1 presenta deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; falta de capacitación del personal penitenciario; falta de normatividad que rige al centro; insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.
Sobre el rubro de reinserción social de las personas, la CNDH llamó a prestar atención sobre la deficiente integración del expediente técnico-jurídico; la deficiente separación entre procesados y sentenciados; la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; la mala organización y registros para el cumplimiento del plan actividades; y la insuficiente oferta de actividades deportivas, laborales y de capacitación.
En cuanto a los grupos con necesidades específicas, las observaciones van dirigidas hacia la deficiencia en la atención a personas con discapacidad, indígenas, LGBTTTIQ+, así como quienes viven con VIH o sida o para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Del aspecto mejor calificado, relacionado con la estancia digna, las áreas de oportunidad destacadas incluyen el mejorar las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los internos; también mejorar las condiciones para la comunicación con el exterior, en cocina y comedores.
La CNDH no destacó algún aspecto positivo de este centro penitenciario como sí lo hizo en otros casos.
Este penal ha sido puesto en el foco de atención luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuviera a cuatro policías estatales por el homicidio del reo Edwin C. C., quien falleció estando bajo su custodia, tras ser golpeado y torturado desde su estancia en los separos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta su llegada a las instalaciones de Aquiles Serdán.
Detectan autogobierno/ cogobierno en Peni Vieja
La Unidad de Bajo Riesgo, o Peni Vieja, ubicada en la avenida 20 de Noviembre de la capital, obtuvo un 5.33 de calificación total.
De acuerdo con el reporte de la CNDH, entre los aspectos que garantizan la integridad de las personas recluidas, el penal debe mejorar los servicios de salud y la prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.
Además de presentar hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de eventos violentos; insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
Para garantizar la estancia digna de las personas, el diagnóstico señala que debe haber mejores condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad en la cocina y/o comedores y en el área médica.
Aunque fueron las condiciones de gobernabilidad donde la Comisión hizo énfasis al encontrar deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno).
También detectó falta de capacitación del personal penitenciario; falta de normatividad que rige al centro; insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.
En esta cárcel también hubo una deficiente separación entre procesados y sentenciados y una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, así como mala organización y falta de registros para el cumplimiento del plan actividades e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
El diagnóstico arroja la necesidad de mejorar la atención a personas con discapacidad, indígenas, LGBTTTIQ+ y para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Aunque la CNDH reconoció que no hay sobrepoblación, que el centro cuenta con actividades laborales y de capacitación, así como con un Comité Técnico. Además de que hay una adecuada atención a personas que viven con Vih/sida.