Chihuahua, Chih.- Alrededor de 10 mil apoyos ha otorgado el Gobierno del Estado a personas en situación de desplazamiento forzado durante los últimos cinco años, mediante atención humanitaria y seguimiento a las necesidades de las familias, informó Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, quien precisó que en ese periodo se han realizado aproximadamente 5 mil 200 atenciones de primer contacto, principalmente a personas procedentes de municipios de la Sierra Tarahumara.
La funcionaria aclaró que las cifras no corresponden a un censo ni a un registro oficial de personas desplazadas, sino al recuento de los servicios proporcionados por la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno. Explicó que una misma familia puede recibir varios apoyos, debido a que el protocolo estatal contempla visitas posteriores para conocer la evolución de sus necesidades y mantener el acompañamiento.
Cárdenas Fernández explicó que el protocolo estatal contempla entrevistas individuales con las jefas y los jefes de familia para identificar las circunstancias que provocaron su salida de las comunidades, así como las necesidades particulares de cada núcleo familiar. Entre los principales municipios de origen mencionó Guadalupe y Calvo, Moris y Madera, mientras que Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral concentran buena parte de la población que llega en busca de atención.
Las cifras fueron expuestas durante una mesa extraordinaria de trabajo con representantes de organismos internacionales, instituciones jurídicas y organizaciones defensoras de derechos humanos, convocada a solicitud de una comitiva que previamente visitó comunidades de la Sierra y entrevistó a personas que manifestaron haber sido desplazadas. Entre los participantes estuvieron la eurodiputada Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y Claudia Patricia Flórez Hernández, representante del ámbito jurídico y de derechos humanos de Colombia.
También acudieron integrantes de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Solidaridad Internacional Taula per Mèxic, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Tlachinollan, Serapaz, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), 1D7 Migrando, Raíchali, Médicos del Mundo, Asmac y COSYDDHAC, así como representantes de organismos jurídicos de Cataluña y El Diario.
Durante el intercambio se planteó la necesidad de contar con un registro de personas desplazadas, fortalecer las medidas preventivas y establecer mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para intervenir en las causas que originan el abandono de las comunidades. La subsecretaria indicó que se solicitó un calendario para dar continuidad a las mesas, aunque todavía no existe una fecha, pues depende de la integración de las autoridades de los otros órdenes de gobierno.
La funcionaria reconoció que, fuera del ámbito de seguridad, donde existe coordinación permanente con la Federación, no se ha logrado establecer un trabajo conjunto en otras materias relacionadas con el desplazamiento. Señaló que el Gobierno estatal mantiene disposición para construir una estrategia común, debido a que la atención humanitaria por sí sola no resuelve las condiciones que obligan a las familias a salir de sus lugares de origen.
Otro de los temas abordados fue la situación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades para incorporarse a las escuelas cuando llegan a municipios receptores, particularmente cuando no hablan español y los planteles carecen de personal capacitado para atender sus necesidades. Cárdenas Fernández informó que Chihuahua fue seleccionado por un fondo de la Unión Europea para desarrollar proyectos de soluciones duraderas, entre ellos acciones educativas, de incorporación laboral y rescate cultural.
Finalmente, indicó que desde 2023 las personas en situación de desplazamiento están incorporadas a los grupos considerados vulnerables por el Gobierno estatal, lo que permite que accedan a programas y recursos de distintas dependencias, aun cuando no existe una partida presupuestal específicamente etiquetada para atender esta problemática.