Chihuahua, Chih.- Desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado, el hallazgo de sitios de exterminio como el Rancho Dolores, en Cuauhtémoc, la desaparición de más de 600 migrantes en la zona desértica y la persistencia de casos emblemáticos de impunidad, son los principales hallazgos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Chihuahua en su informe 2026 respecto a la crisis de desapariciones en México.

El reclutamiento forzado de menores es identificado como una de las causas principales de desaparición de hombres jóvenes, señalando a Chihuahua como una de las 18 entidades con mayor riesgo.

Además, documenta la persistencia de la "desaparición administrativa", fenómeno en el que restos humanos permanecen en fosas comunes o servicios forenses sin ser vinculados a sus expedientes de búsqueda por negligencia en la trazabilidad de los cuerpos.

El documento, que es una compilación de hechos de los que tiene conocimiento dicha instancia, identifica a Chihuahua como un estado donde convergen la violencia institucional y la operación de redes de macrocriminalidad, acumulando un total de 4,052 personas desaparecidas.

Chihuahua y Ciudad Juárez destacan en el informe por la gravedad de las dinámicas de desaparición y la falta de respuesta judicial efectiva.

El informe resalta el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo (2008) en Juárez y el posterior asesinato de su madre, Marisela Escobedo, ocurrido en 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia.

En Ciudad Juárez la CIDH retoma también las desapariciones de Laura Berenice Ramos, Esmeralda Herrera y Claudia Ivette González en 2001, que derivaron en la sentencia de "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fijó estándares de búsqueda inmediata que, según la Comisión, presenta errores en su aplicación actual.

La Comisión Interamericana documenta la responsabilidad estatal en la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes en 2009, cometida por miembros del Ejército mexicano en Chihuahua durante funciones de seguridad ciudadana.

Asimismo, expone el caso del predio Rancho Dolores, en Cuauhtémoc, calificado como un sitio de exterminio donde se han localizado 3,669 restos óseos calcinados desde finales de 2021, en una práctica identificada como una táctica deliberada del crimen organizado para impedir la identificación de las víctimas.

En cuanto a la vulnerabilidad de la población migrante, señala la Comisión que mientras las cifras oficiales del Registro Nacional (RNPDNO) solo reportan 19 migrantes desaparecidos en el estado, estudios de la sociedad civil citados por dicho órgano internacional estiman que solo en 2022 se registraron 686 desapariciones de migrantes en los desiertos de Chihuahua y Sonora.

El documento de 238 páginas refiere además la existencia de obstáculos en el acceso a la justicia, con diversos casos, entre ellos el de la familia Muñoz en Anáhuac (2011), con la desaparición de ocho de sus integrantes y las trabas judiciales que enfrentaron por criterios de retroactividad de la ley.

La Comisión documentó que en Urique, el trámite de declaración especial de ausencia de David Fuentes tardó cinco años en resolverse, lo que resulta en una evidente "revictimización institucional".

La esposa de David, quien desapareció en 2013, lucho todo ese tiempo para obtener una Declaración Especial de Ausencia, que la ley estatal exige resolver en seis meses.

Otro caso señalado es el de Ignacio Villagrán Cerros, un comerciante ganadero que desapareció en 2014 mientras transportaba un camión desde Cuauhtémoc hacia Yepachi, localidad ubicada en la la Sierra Tarahumara.

A nivel país, la CIDH reporta una cifra superior a las 128,000 personas desaparecidas y más de 70,000 cuerpos bajo custodia estatal sin identificar.

El informe advierte que la desaparición ha evolucionado hacia un esquema de macrocriminalidad, donde el crimen organizado opera frecuentemente en connivencia o aquiescencia con agentes estatales.

La Comisión concluyó en dicho informe que México atraviesa una grave crisis humanitaria caracterizada por la impunidad estructural, que alcanza el 99.5% en casos de desaparición forzada. Entre las recomendaciones emitidas al Estado mexicano destacan garantizar la búsqueda inmediata de mujeres y niñas eliminando tiempos de espera para activar el Protocolo ALBA.

Asimismo, recomienda definir legalmente el alcance de la "aquiescencia" para determinar la responsabilidad de agentes estatales en desapariciones cometidas por particulares, estandarizar los centros de identificación humana con un enfoque masivo y participación de colectivos.

También pide al estado mexicano asegurar la protección de familias buscadoras y defensores de derechos humanos ante las agresiones del crimen organizado y eliminar barreras burocráticas para el acceso a apoyos económicos y de salud para las familias víctimas.