Estados Unidos está entrando en una nueva etapa de la campaña de deportación masiva: las impugnaciones legales a las políticas migratorias de la administración están llegando a tribunales superiores y elevando la tensión, informó el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope).

El Segundo Circuito de Apelaciones falló unánimemente en contra de la política de detención masiva y obligatoria de inmigrantes de la administración de Donald Trump, convirtiéndose en el primer tribunal de apelaciones en hacerlo, por lo que es probable que el caso llegue ahora a la Corte Suprema.

“La semana pasada, un tribunal de apelaciones en Washington, D.C., dictaminó sobre la prohibición de asilo de la administración en la frontera. El meollo del caso era si el presidente tiene el poder de limitar el asilo, un derecho protegido por la ley, basándose en una declaración de ‘invasión’. La respuesta del tribunal fue clara: la prohibición de asilo era ilegal”, relató la organización que apoya a las personas migrantes en Ciudad Juárez y El Paso.

Puede apelar la administración

Explicó que la administración aún puede apelar, y es muy probable que el caso también llegue a la Corte Suprema. Sin embargo, mientras tanto, es probable que las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera permanezcan sin cambios, al menos por el momento.

Ayer, un grupo de personas no ciudadanas detenidas, representadas por Democracy Forward, el National Immigration Project y el National Immigrant Justice Center, presentaron una demanda colectiva impugnando una nueva política de la administración Trump-Vance que impide a los inmigrantes detenidos completar los procesos de toma de datos biométricos, incluyendo huellas dactilares y fotografías, para solicitudes presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que automáticamente provoca la denegación de sus solicitudes migratorias.

La organización National Immigration Project informó que la demanda, presentada ante la Corte Distrital del Distrito de Columbia, sostiene que DHS ha creado un sistema que exige a las personas que presenten datos biométricos como parte de sus solicitudes migratorias, mientras al mismo tiempo se niega a recolectar esa información de quienes se encuentran en centros de detención.

Como resultado, las personas elegibles pierden la oportunidad de buscar un estatus migratorio legal, incluyendo vías disponibles para sobrevivientes de trata de personas, niños abusados ​​y abandonados, y quienes buscan reunirse con familiares.