Un total de 97 excandidatos a jueces y magistrados que participaron en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado que fueron sancionados por irregularidades en sus gastos de campaña no han cumplido con su pago.

El apartado de pago de sanciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) disponible en el portal de ese organismo refleja un adeudo de al menos 302 mil 575 mil pesos por concepto de pagos pendientes de 97 de las 682 personas incluidas en el listado, actualizado al 9 de marzo pasado.

Entre los deudores se encuentra la jueza penal Silvia Rocío Delgado García, con un pago pendiente de 34 mil 960 pesos; Paola Lizeth Pérez Chávez, con 19 mil 346 pesos. Jesús Manuel Carrasco Chacón, quien buscó un puesto de juez penal fuera de Juárez, con un pendiente de pago de 13 mil 689 pesos; José Miguel Arellano Sosa, con dos mil 036 pesos; Santiago Delgado Martínez, con dos mil 262 pesos; Brisa Yadira Meraz Mendoza, dos mil 715 pesos, y Enid Ivonne Ochoa Orduño, con 565 pesos.

Con base en el acuerdo con resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y con el estado que guarda el Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes, los titulares penados fueron emplazados a pagar en un plazo de 10 días, contados a partir del 13 de enero, plazo que venció el día 23 del mismo mes.

En la sumatoria total, los 682 excandidatos adeudaban poco más de 820 mil pesos por concepto de omisiones, inconsistencias y faltas en la comprobación de gastos de campaña, así como aportaciones observadas durante la fiscalización.

Los candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial Estatal tenían autorizado gastar entre todos 154 millones 584 mil pesos en total en sus campañas, mientras que los aspirantes registrados para contender fueron 90 para magistrados y 856 para jueces.

Las multas derivan de irregularidades detectadas durante la fiscalización de los gastos de campaña del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025 y quedaron firmes tras las resoluciones INE/CG900/2025 e INE/CG959/2025, así como sus posteriores aclaraciones.

El acuerdo precisa que el procedimiento actual no corresponde a una nueva etapa de investigación, sino a la ejecución de sanciones definitivas, luego de que se agotaron los plazos de impugnación y defensa legal.