Chihuahua, Chih.– La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, dictaminó en sentido positivo la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de Chihuahua, para definir un mecanismo de equivalencia de las decisiones emitidas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, en el ejercicio de su jurisdicción especial.
En la sesión estuvieron presentes el presidente del órgano Arturo Medina (PRI), la diputada secretaria Edith Palma (Morena) y de manera virtual el vocal Octavio Borunda (Verde Ecologista), quienes votaron de manera unánime
“Para la validación de las determinaciones o resoluciones que dicten las autoridades indígenas en el ejercicio de su jurisdicción especial, podrán acudir directamente ante la autoridad judicial más cercana a su comunidad, o bien al Municipio, a efecto de que éste sirva como vínculo entre la comunidad o pueblo indígena y la autoridad judicial de la jurisdicción que les corresponda”, dice textual el artículo 8.
El artículo 10 establece que la justicia indígena será conforme a lo que cada comunidad estime procedente de acuerdo con sus sistemas normativos internos, siempre que las partes estuviesen de acuerdo, evitando cualquier contravención a las normas imperativas “ius cogens” que son normas inderogables del derecho internacional.
El capítulo III del documento especifica el mecanismo que habrán de seguir las autoridades jurisdiccionales, judiciales y municipales, quienes tendrán facultades para facilitar el contacto con las autoridades indígenas y brindar certeza jurídica a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades.
De manera especial la reforma aborda los factores de valoración personal, territorial e institucional para determinar que alguna persona sea sujeta a ser juzgada a través de usos y costumbres, o no, mientras que a los tribunales existentes les da poder de atracción.