Previo a dar su declaración incriminatoria, Vianey Esmeralda H. G. escribió –durante los minutos de receso que dio el juez en medio de la audiencia inicial en su contra– una solicitud para asumir la responsabilidad penal de la muerte de Eithan Daniel, su hijo de 18 meses, mediante un procedimiento abreviado, que, sin embargo, no prosperó.

Escribió la petición al Ministerio Público en unas hojas blancas de papel tamaño oficio que le dio su defensora pública, con el dictado de la abogada en el que reconocía su culpabilidad y que se apegaría al proceso especial, renunciaría al juicio oral y a la apelación de la sentencia, pero tras una oferta de 50 años de prisión por parte del Ministerio Público, de 60 que es la pena máxima en su caso, la defensora aconsejó retirar la solicitud, y Vianey lo hizo.

Enseguida habló en el estrado y admitió haber golpeado a Eithan, haberlo visto morir y luego ir a tirar su cadáver en una zona desértica del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, y, sin darle importancia, habló de cómo la torturaron con una bolsa en la cabeza para que admitiera que ella o su pareja, Bryan Gabriel S. A. –coinculpado por el homicidio agravado y calificado–, habían violado al niño, pero nunca lo reconoció pues, dijo, eso jamás ocurrió.

Casi por concluir la audiencia inicial en que fueron acusados formalmente de los delitos de homicidio calificado y agravado, y Vianey también fue imputada por delitos contra el respeto a los cadáveres, la defensa particular de Bryan solicitó medidas de seguridad para ambos, por temor a represalias al interior de los Centros de Reinserción Social varonil 3 y femenil 2, a donde fueron enviados a prisión preventiva por 24 meses o el tiempo que dure su proceso.

“A mí me quisieron meter (el cargo de) violación hacia el niño, que fue el papá. A mí, estando ahí (en Fiscalía Zona Norte)... no sé si lo puedo decir o no… a mí me pusieron la bolsa de que ‘dime, qué le hacía el papá a su hijo’ y yo le dije ‘hágame lo que quiera, el papá no tiene nada qué ver y el niño no sufrió violación’”, dijo ante cuestionamientos de la asesoría de víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva en la materia.

Luego, el abogado defensor de Bryan le preguntó si podía explicar sobre la bolsa, y ella respondió: “a mí me decían que quién violó al niño. Desde el día 1 (de su detención, el 18 de marzo) a mí nunca me mencionaron violación. Después al día siguiente me empiezan a decir que quién violó al niño, y yo le dije que yo no le hice nada de eso al niño. Yo admití los golpes que le hice al niño, que se me cayó el niño, la verdad. Cuando empiezan a cuestionarme de que Bryan fue el que abusó al niño yo les dije ‘háganme lo que quieran que de ahí no me van a sacar, porque él no le hizo nada’. El niño no sufrió violación; sí sufrió violencia conmigo pero la violación fue una mentira”.

“Cuando (digo) eso, me dicen ‘¿ah, sí?’ y me ponen la bolsa (en la cabeza). Yo me retorcí. ‘¿Quién lo violó?’, ‘ya les dije que no hubo violación, péguenme, háganme lo que quieran. No hubo violación”, relató ante el juez Raúl Palos Pacheco.

El abogado defensor insistió en esa parte de su relato. Vianey respondió que ella no vio que le hubiesen hecho lo mismo a Bryan, pero él le contó que sí, y que a él le golpearon los genitales, le pusieron la bolsa, le pegaron en los dedos de los pies. Afirmó que Bryan vio cuando a ella la torturaron.

Vianey no pudo a ver a los agentes que la torturaron. Dijo que le hacían agachar la cabeza para moverla de una oficina a otra, dentro de las instalaciones del eje vial Juan Gabriel de la Fiscalía regional. En una sola oficina la torturaron, dijo, ubicada en una segunda planta para la que tuvo que subir rampas, como es la segunda planta de la Fiscalía.

Aseguró que en ningún momento su defensora se presentó ante ella para decirle que la representaría ni explicarle sus derechos, aunque en actas de la investigación se señala a Blanca Patricia Flores García como su defensora en sede ministerial.

Por estos señalamientos, la defensora pública en juzgados de Vianey solicitó dar vista al Ministerio Público por los tratos crueles e inhumanos contra su representada, además de activar el Protocolo de Estambul para evaluaciones médicas y psicológicas que permitan afirmar o negar la existencia de consecuencias por la tortura. El abogado de Bryan, por su parte, solicitó al juez dar vista al Ministerio Público Federal para evitar conflictos de interés en la investigación del delito cometido por agentes estatales.

De acuerdo con la necropsia de ley, además de huellas de maltrato infantil, desnutrición severa, fracturas costales soldadas con el tiempo pero sin atención médica y dientes faltantes por golpes, el pequeño Eithan presentaba indicios de posible agresión sexual.

Riesgo para sus hijos

Durante la discusión para imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar para asegurar la comparecencia de ambos por el caso, el Ministerio Público argumentó riesgo de sustracción, a los testigos, y obstaculización del proceso, además de la falta de arraigo real de Bryan por ser ciudadano estadounidense y haber asegurado que en ocasiones pernoctaba en El Paso, Texas, tras jornadas laborales.

El juez confirmó que existía un “riesgo real” a partir de la confesión de Vianey en juzgado, y aseguró que por parte de Bryan “la obstaculización se dio con la anuencia, con la omisión de lo que le pasó a su hijo, pues se pudo evitar”.

Palos Pacheco dijo que como ente facultado para ello, tenía la obligación de salvaguardar la integridad de niñas y niños, así como de reconocer de oficio la calidad de víctimas indirectas de delitos, por lo que recordó que el hermano mayor de Eithan, de iniciales O. M., de dos años y siete meses de edad y otro de ocho años, hijo biológico sólo de Vianey, con otro hombre, eran víctimas indirectas.

El caso de extrema violencia denotaba, entonces, un riesgo para las víctimas indirectas, por lo que la prisión preventiva se justificaba y se hacía necesaria para mantener a los hijos sobrevivientes fuera de su custodia.

Además de la medida cautelar, el juez ordenó a la Subprocuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia poner bajo resguardo del Estado al niño O. M., así como ofrecerle atención, cuidado, y atención psicológica pues quizá incluso atestiguó la violencia.

Hoy Bryan y Vianey verán resuelta su situación jurídica y sabrán si son vinculados o no a proceso para continuar con la investigación formal sobre su presunta participación en el asesinato de Eithan Daniel.