Chihuahua.- Mayté Regina Gardea Leal, representante de Unión y Fuerza de Trans A. C., acompañada de sus compañeras, emitió una alerta urgente ante lo que califican como usurpación dolosa y fraudulenta de la identidad de género hombres cisgénero —en ocasiones gays— que se declaran momentáneamente como “mujeres trans” para evadir procesos judiciales, manipular fiscalías y perpetrar venganzas personales.

La activista señaló que esto registra un “preocupante patrón de incidencia”.

Entre los hombres que realizan este tipo de prácticas está Raúl R. D., a Obed T., a Julián C. y a Juan V., quienes presuntamente simulan ser mujeres para evadir la justicia y están de la mano con el diputado Carlos Olson, quien ha sido señalado por colectivas LGBT+ y de derechos humanos como homofóbico tras varias declaraciones y posturas públicas.

El legislador ha rechazado esa etiqueta y dice defender a la “familia tradicional”.

De acuerdo con Gardea Leal, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género (FEM) enfrenta casos donde esta simulación jurídica usada para interponer denuncias falsas por “violencia de género” o para ingresar a espacios seguros diseñados para víctimas.

“Es una perversión del espíritu de los derechos humanos. Se vacía de sentido la carga simbólica y la demanda histórica de las identidades trans, ensancha las brechas de desigualdad y desvía recursos públicos críticos de las verdaderas usuarias: mujeres, infancias y mujeres trans”, sostiene el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que el reconocimiento legal de la identidad de género es resultado de décadas de resistencia encabezada por mujeres trans, uno de los sectores más discriminados y expuestos a la violencia transfeminicida en México.

“El derecho a la identidad, consagrado en el artículo 1° Constitucional y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, busca la emancipación de sujetos históricamente discriminados, no la protección jurídica de los opresores”, advirtieron.

El objetivo es “doblegar las estructuras que protegen a las mujeres para mantener privilegios o eludir sanciones”. Esta simulación, agregaron, constituye un fraude a la ley que atenta contra la dignidad trans, instrumentaliza su vulnerabilidad histórica y convierte una conquista de derechos en “escudo de impunidad para agresores, deudores alimentarios y violentadores”.

Las colectivas alertaron sobre el riesgo en la FEM, diseñada como refugios donde mujeres y niñas deben encontrar un entorno libre de sus potenciales agresores.

La irrupción de hombres cisgénero que simulan identidad trans provoca tres efectos devastadores:

• Inhibición de la denuncia: La presencia de cuerpos que ejercen un rol de opresión cis-patriarcal intimida a mujeres e infancias en extrema vulnerabilidad.

• Revictimización sistémica: obliga a víctimas reales a compartir espacios de contención psicológica y jurídica con perfiles que replican las conductas de las que huyen.

• Colapso operativo: los recursos técnicos, humanos y presupuestales, ya limitados, se desgastan en litigios maliciosos, retrasando medidas de protección urgentes para casos de violencia sexual y riesgo feminicida real.

“Cada recurso público desviado para atender una simulación es una cita psicológica menos, una orden de protección retrasada y una vida de una mujer, niña o mujer trans que se pone en riesgo de forma irreversible”, subrayaron.

Las organizaciones hicieron un llamado a instituciones de procuración e impartición de justicia para no ser cómplices de la simulación y dotar a operadores jurídicos de herramientas de análisis contextual e interseccional para detectar el dolo procesal.